lunes, 6 de diciembre de 2010

El Imperio habla

Nacional
Surge la sombra de Colombia
El Imperio habla
Por: Carlos Damián 16 de Diciembre, 2010
El fallido estado colombiano
México. – Las declaraciones de la secretaría de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton son tan personales, como en las que aseveró que los cárteles de la economía criminal mexicanos se han transformado en una suerte de “insurgencia” que asedia al Estado bueno y le disputa el control del territorio, ha ido permeando a la clase política en el Congreso estadounidense. En clave de “contrainsurgencia”, la fórmula fue recuperada por el influyente senador republicano Richard Lugar. Pero no se trata de una percepción simple; responde a una matriz de opinión sembrada con el fin de propaganda de guerra en un documento del Pentágono, donde se asienta que en México “se observa una transición del gansterismo tradicional de asesinos a sueldo al terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”.

En un aparente contrasentido, la señora Clinton ha venido insistiendo en la necesidad de un Plan Colombia para México. Pero pocos como ella saben en Washington que la vigente iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia, le fue impuesta a Calderón antes de su llegada a Los Pinos en diciembre de 2006. Por alguna razón oculta, la Clinton y el Pentágono buscan modificar el esquema, en la línea de una mayor intensificación de la dominación, la injerencia política, militar en México; y en beneficio de las corporaciones privadas vinculadas a los rubros de seguridad y defensa.

No es muy conocido que el lanzamiento de la “guerra” a las drogas de Calderón en los primeros días de su administración, y su presunta paternidad después sobre la Iniciativa Mérida (Sept., 2007). Esto responde a un plan elaborado durante una reunión en Cuernavaca, Morelos, en octubre de 2006, en la que participaron la administradora general de la DEA, Karen Tandy; el director general para América del Norte y Centroamérica de la agencia antidrogas, David Gaddis; el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, y Genaro García Luna, quién fungía como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Gaddis, uno de los operadores del Plan Colombia, fue trasladada a México en junio de 1966. Y al asumir Calderón, Medina Mora fue nombrado procurador general de la República, mientras García Luna asumió la titularidad de la SSP. Ambos participaron en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional donde se definió la estrategia militar a seguir a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando con el objetivo de “recuperar territorios” a los malos, fue lanzado el operativo Conjunto Michoacán. Con el “michoacanazo” arrancaba la militarización de la política, una estrategia que se repitió en 18 estados de la República y que recurrió a la paramilitarización y mercenarización del conflicto.

En este contexto se pueden ver los instrumentos de una guerra sucia que a la fecha recoge un saldo de más de 30 mil muertos y violaciones masivas a los derechos humanos por integrantes del Ejército, la Marina y las distintas policías, las actuales equivalencias con el fallido Estado de Colombia de hace 20 años buscan asentar la premisa de que México ha entrado en una fase de “colombianización”. Al tratar de imitar a Colombia los hechos son: la tortura sistemática, las desapariciones forzosas, y ejecuciones sumarias extrajudiciales de tipo paramilitar. Ante ese escenario, la respuesta impulsada por Estados Unidos es profundizar los actuales niveles de contrainsurgencia y terrorismo de Estado, reproduciendo la “experiencia de campo” adquirida antes en Colombia e Irak y perfeccionada en Afganistán contra los talibanes.

Ciudad Juárez en Chihuahua, ha sido el laboratorio de la nueva guerrilla urbana, que desde la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida (OBS), bajo control del embajador Carlos Pascual en el Distrito Federal, se busca esconder a otras urbes mexicanas. A ese objetivo responde, también, la repetición de una matriz de opinión dirigida a imponer en la agenda pública mediática la idea de que existe una narco-insurgencia y una narco-guerrilla en México. Más allá de la distorsión informativa con fines de propaganda que busca encubrir las diferencias entre un movimiento insurgente y los cárteles de la economía criminal.

En esta línea de causas estructurales, razones ideológicas, razones políticas, objetivos estratégicos. No asistimos a una guerra caricaturesca entre despiadados malhechores que buscaban asaltar al buen Estado versus un “presidente valiente” y unas fuerzas del orden justicieras y patrióticas que los repelen, sino al despliegue oficial de una violencia reguladora, mediante la cual se busca controlar, reestructurar y administrar los territorios, las mejores plazas del millonario negocio de la ilegalidad y sus rutas de tráfico. Estamos asistiendo a la conversión del estado autoritario del PRI, al estado cleptocrático del PAN, de tipo delincuencial y mafioso, producto de articuladas redes de corrupción, impunidad, cuyos orígenes habría que rastrear desde comienzos de la administración de Miguel de la Madrid.

A diario encontramos en la publicidad de los medios de comunicación que a diario refuerzan la cultura de la ilegalidad criminal. La “guerra” de Calderón no ataca al corazón del negocio y las estructuras financieras trasnacionales que lo soportan. (La Jornada, Opinión, p. 21, 4 de Octubre, 2010)

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