La venta de la pandilla

Nacional La privatización y el engaño público La venta de la pandilla criminal Por: Carlos Damián 6 de Noviembre, 2013 Gobierno y PAN negocian para que la IP comparta ganancias petroleras México. - El diseño final de los contratos propuestos por el gobierno del presidente EPN para permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera está en manos del Congreso, afirmó Emilio Lozoya Austin (ELA), director general de Pemex. La acotación fue hecha por el funcionario el mismo día en que The Wall Street Journal publicó que el gobierno del presidente EPN y dirigentes del PAN están en negociaciones avanzadas para incorporar en la reforma energética la posibilidad de que compañías privadas “compartan” con Pemex parte de la producción petrolera. Hasta ahora, el gobierno federal y el PRI, que tiene mayoría simple en el Congreso, defienden que la reforma energética sólo busca que las empresas privadas asuman parte del riesgo que ahora corre Pemex en la exploración y explotación del petróleo a cambio de recibir una parte de las ganancias derivadas de la venta del crudo. “La privatización no se va a dar, esa es una mentira”, aseguró ayer (6/11/13) ELA, a participar en la sesión plenaria del consejo nacional del Grupo Financiero Banorte Ixe, que reunió a consejeros de la institución. The Wall Street Journal (WSJ) publicó que “altos representantes del gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino”. La característica más importante de la propuesta energética del EPN/Videgaray/Aspe es que el Estado va a seguir manteniendo la propiedad de las reservas petroleras y de Pemex, dijo ELA en un panel que fue moderado por José Córdoba Montoya, quien fue titular de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994). El proyecto de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, presentado al Senado en agosto. “permite a Pemex compartir el riesgo con compañías privadas, aumentar la producción y evitar intermediarios”, aseguró ELA. La propuesta abundó, busca que la paraestatal tenga “socios alineados con el riesgo que Pemex está tomando y para compartir el riesgo estamos promoviendo contratos y vamos a ver qué aprueba el Congreso en las próximas semanas”. Sin embargó, acotó, cualquier compañía que participe en la industria “requiere certeza legal y esto es algo que el Congreso, debe tomar en cuenta”. La nota del WSJ mencionó que el plan que negocian el gobierno y el PAN es tener un dictamen sobre la iniciativa de reforma energética para ser votado en el Senado a finales de noviembre. El gobierno, apuntó el rotativo espera que ambas cámaras lo voten antes de fin de año. Ayer (6/11/13), sin citar la publicación, ELA dijo que la reforma energética es una gran oportunidad para el país “y esperamos que el Congreso nos otorgue este regalo para finales de año”. El engaño público De acuerdo a WSJ, el gobierno de EPN y el PAN llevan a cabo “negociaciones avanzadas” para promover una reforma legal que “permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas esquisto y crudo en aguas profundas”. El diario señala que dicha propuesta de reforma es “más ambiciosa” que la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal hace unos meses, y también prevé la posibilidad de suscribir contratos de “utilidad compartida” en materia energética con particulares, y en caso de ser aprobada, “México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad nacional PEMEX, a ser un mercado basado en la competencia, donde las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo contrato con el Estado mexicano. Aunque tales versiones fueron desmentidas ayer (6/11/13) mismo por el director general ELA. Lo cierto es que resultan consistentes con el carácter errático y muy opaco del discurso oficial en lo que se refiere a las modificaciones legales en materia energética que se discutirán en el Congreso durante el actual período ordinario de sesiones. Debe recordarse que en algunas semanas, con el afán de hacer presentable la iniciativa que promueve la entrega de la renta petrolera mediante los mencionados contratos de utilidad compartida, la publicidad oficial ha recurrido a la consigna opositora de “no a la privatización” y ha insistido en que Pemex no será entregada al capital privado, en lo que constituye una campaña de desinformación: a fin de cuentas, aunque no es necesario convertir a la paraestatal en una entidad privada para transferir a manos de particulares tramos sustanciales de la industria petrolera, y en su caso, toda la renta obtenida por la venta de crudo. Las suspicacias se multiplican por el hecho de que, ante la evidencia de que la privatización parcial o total del sector energético suscita el rechazo mayoritario de la población, el régimen ha optado por disfrazar su propuesta como recuperación de ideas del ex presidente Lázaro Cárdenas, en lo que constituye una clara distorsión histórica de la expropiación petrolera de 1938 y de su principal artífice. Sin embargo, la percepción generalizada de que el grupo gobernante busca involucrar al capital privado en la industria petrolera en una escala mucho mayor a la que se admite, cobra fuerza a la luz del paquete fiscal recientemente aprobado en el Congreso de la Unión: en efecto, resulta difícil explicar un requerimiento de recursos públicos como el que se obtendrá en dicho paquete fiscal. El paquete incluye la contratación de deuda pública por 800 mil millones de pesos aunque inferimos que es para cubrir la carencia de recursos derivados de la privatización petrolera, la población se coloca en medio del saqueo nacional. Pero esto es un doble saqueo: uno es a manos de particulares y trasnacionales, y el otro va a ser debido a la reforma fiscal, en la que los contribuyentes pagarán a corto plazo la privatización de las empresas nacionales estratégicas en manos de Estados Unidos, que a estas fechas presume su propio consumo de energía es garantizado por sus propias fuentes de energía, aunque nada dice que las reservas petroleras de México van a pasar a su propia cuenta nacional, vía las trasnacionales petroleras. El correo de Charly En el recién aprobado el presupuesto federal para 2014 los diputados asignaron una partida de más de 2 mil 500 millones de pesos (510 millones de dólares) a un organismo público que fue privatizado: el complejo petroquímico Pajaritos, que incluso ya cambió de nombre. Los senadores Dolores Padierna (DP) y Luis Sánchez ambos del PRD, ha resaltado que esos recursos son mas del doble del costo de la petroquímica y cuatro veces más de lo que se invirtió la empresa privada Mexichem para comprar 56 por ciento de las acciones del complejo. Nosotros creemos que es una estupidez, si tomamos en cuenta que Pemex se quedó con el 44 por ciento de las acciones, tenga que aportar cuatro veces el capital que debería invertir la parte mayoritaria. En esta línea informativa añade DP, que en realidad se trata de “un desvío de recursos públicos para negocios privados”. Explicó que se etiquetaron 2 mil 577 millones 223 mil 910 pesos a un ente público que no existe en la práctica. , ya que el convenio de asociación público-privado entre Pemex petroquímica y Mexichem, que dirige Antonio del Valle, el complejo petroquímico Pajaritos no existe. Los senadores detallaron que el PRD presentó un punto de acuerdo para que el Senado solicite a la Secretaría de Hacienda que no entregue esos recursos y cancele los 17 proyectos etiquetados de ese complejo hasta que se haga una auditoría al convenio estatal-privado. Debería darse un seguimiento a todos los documentos que ha signado Pemex a espaldas del Congreso en relación a Pajaritos- Mexichem. Ante estos hechos debemos exigir al gobierno federal, que se conduzca con veracidad y transparencia de cara a la sociedad, y exponga su propósito de ayuda financiera posterior a la venta de energía a trasnacionales extranjeras. (La Jornada, política, p.p. 2-3, 7 de Noviembre, 2013).