Estudiante 44

Nacional

Las acciones para exterminar a las “gavillas” incluyó agresiones a la población

El estudiante 44

Por: Carlos Damián                                        17 de Octubre, 2014

La Comisión  presenta en Chilpancingo su informe, tras 2.5 años de investigación

México. -   El primero de diciembre de 1971, un telegrama originado en Lomas de Sotelo, Distrito Federal, fue recibido en la comandancia de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el cual fue firmado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz (HCD), y que a continuación se transcribe: “Ratifícase orden sentido incremente actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan en esa región, debiendo utilizar máximo medidas de seguridad”.   A partir de esa fecha, en Guerrero se desata el conflicto armado, se intensifican los choques entre batallones del Ejército y unidades del Partido de los Pobres en la Costa Grande del estado de Guerrero. En el lapso en el que ubica el mayor número de detenidos, desparecidos, de presos en cárceles clandestinas, de casos de tortura, narrados todavía con dolor por los sobrevivientes. Son los años en los que las comunidades de la zona, cuyos testimonios figuran por primera vez en una investigación para el esclarecimiento de la verdad histórica de la “guerra sucia”, padecieron el mayor número de atropellos en manos de soldados: cerco militar, “taponamiento” de caminos, control y restricciones de acceso a víveres, acoso, virtual estado de excepción, espionaje e infiltraciones de agentes. También ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas a la población civil no combatiente. Le quitan agua al pez El telegrama de HCD, así como otros documentos recuperados del Archivo General de la Nación, demuestran que en la década de los 70 del pasado siglo XX, nos muestra que hubo orden al más alto nivel de Estado para exterminar a  los grupos insurgentes y su base social. El grado de confrontación alcanzó su punto más alto en la Costa Grande de Guerrero en  1974, cuando la guerrilla del Partido de los Pobres, al mando de Lucio Cabañas, secuestró el 30 de mayo a Rubén Figueroa, que en aquel entonces era senador y precandidato del PRI al gobierno del Estado de Guerrero. Pruebas de este tipo demuestran que el exterminio de “maleantes” y “gavillas”, a los que los militares decidieron llamar así para no reconocer  la presencia de fuerzas de la guerrilla, fue una orden directa del entonces presidente de la nación Luis Echeverría Álvarez al secretario de la Defensa Nacional de Estado Mayor HCD. Los documentos serán aportados hoy por la Comisión de la Verdad (Comverdad) creada para la investigación de la violación a los derechos humanos en la “guerra sucia” en Guerrero, cuando presente en Chilpancingo, su informe final, después de dos años y medio de investigaciones. Entre otras evidencias, se incluye una amplia evaluación de la situación militar en la zona de Atoyac y Coyuca en 1974, donde los hombres de Lucío Cabañas mantenían secuestrado al senador y futuro gobernador Rubén Figueroa (PRI). Recordando en estos años difíciles a de la guerrilla al profesor Genaro Vázquez Rojas en la sierra de Guerrero. En diversos y telegramas militares se incluyen órdenes precisas de “cercar” comunidades, controlando los accesos y el paso de víveres para la población civil. El 2 de julio, después de dos meses de búsqueda infructuosa, el general Alberto Sánchez López, entonces jefe de Estado Mayor, y quién fue uno de los que participaron en la Operación Galeana de la noche sangrienta de Tlatelolco, el dos de octubre de 1968; firmó un extenso informe, donde hace una evaluación en torno al secuestro de Figueroa. Está dirigida “a la superioridad”. En este breve escrito nos describe que para encontrar al ex gobernador se implementó la ‘Operación Atoyac’, con despliegues en Petatlán,Acapulco, Cruz Grande, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo y Ciudad Altamirano. La misión de las zonas militares 27 y 35 consistió en “localizar, capturar o destruir maleantes”, Con este motivo mandó “cercar” las comunidades civiles. El escrito constituye una sólida evidencia de lo que se entiende en términos de la justicia universal como un crimen de Estado, ya que el presidente de la República y el secretario de la Defensa ordenaron, además de redoblar el patrullaje de la zona, el bloqueo de caminos y la intensificación de vigilancia en carreteras y aeropuertos, así como ampliar los efectos de la Operación Atoyac a la población civil. Este plan copiado de los manuales de guerra de invasión militar de Estados Unidos cuando asolaba a la población de Vietnam,  que atacaban a civiles greemlins con el fin de restarle base social al Vietcong, con una táctica que se llamó “quitarle agua al pez”. Se montó un “control de la población civil a base de credenciales de identificación (…), de abastecimientos, principalmente víveres, que consumen las gavillas de Lucio Cabañas. “Además lograr la infiltración de elementos propios, previamente adoctrinados y adiestrados”. El documento reconoce que se identificará como “maleantes o gavilleros”  a los guerrilleros para “no deteriorar la imagen de México en el exterior”. Entre toros datos reveladores, esta evaluación interna, que no había sido hecha pública hasta ahora, admite que en la guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas participaron “elementos militares que desertaron por diversos motivos”, (La Jornada, Blanche Petrich). El gobierno despreció las cifras de homicidios intencionales En Iguala, Guerrero, tiene uno de los índices más altos en esta entidad en homicidios dolosos, sólo por debajo de Chilpancingo y Acapulco.  Este pueblo grandote en la mira nacional e internacional por el asesinato de 43 estudiantes para profesor de la Escuela Rural de Ayotzinapa, que fueron a entregar su vida  en un lugar abandonado por Dios y el diablo, reportó  en 2013 una baja general en incidencia delictiva, el número de asesinatos sigue siendo alto respecto del tamaño de su población.  Este municipio que fue presidido por el uno de los asesinos intelectuales, José Luis Abarca Velázquez de los 43 adolescentes que fueron incinerados con vida por escuadrones de la muerte dirigidos por la esposa de Abarca Velázquez, alcalde con licencia al que le dieron la oportunidad de huir con su familia, no fue incluido en el programa federal para la prevención del delito. Un documento de análisis interno  de la Segob revela también  la lista de los 10 municipios de Guerrero más violentos, según el número de asesinatos dolosos, uno de los principales indicadores para medir el grado de violencia e inseguridad. En primer sitio  está Acapulco, con casi 800 mil habitantes y 883 homicidios dolosos en 2013; en cuanto a Chilpancingo, con una población  de poco más de 240 mil habitantes, y con 164 denuncias de asesinato. Como se mencionó, en tercer sitio está Iguala, con 73 mil 460 habitantes. En  cuarto lugar está Coyuca de Benítez que tiene 67 homicidios en el período referido, luego le sigue Zihuatanejo de Azueta (65), Atoyac de Álvarez (60), Ometepec (49), Chila de Álvarez (46) y Teloloapan (45). De Iguala en las cifras se tiene que apenas 4 por ciento del total de Guerrero, con un nivel de escolaridad mayor  (en 1.8 años) que en el resto de la entidad. Además dobla la escala estatal en cuanto a trabajadores con empleo formal.  El porcentaje de población que se encuentra en situación de “vulnerabilidad por carencia social” es de 34.4, mayor que el 23.2 por ciento del estatal, lo mismo que en carencia por acceso a la salud. El Observatorio Nacional Ciudadano registró a escala nacional un aumento de 6.67 por ciento en las denuncias que se presentaron entre julio y agosto pasados por los delitos de secuestros y homicidio doloso, simultáneamente este estado se encuentra en una crisis de gobernabilidad, y se ha mantenido con mayor cantidad de homicidios dolosos. Este estado se encuentra a la cabeza de homicidios intencionales, “siendo la segunda entidad del país con mayor cantidad de averiguaciones previas y de víctimas de delitos en el octavo mes de este año”. En materia de secuestro, la entidad registró el mayor número de averiguaciones previas por esta causa. (La Jornada, política, p. 10, 15 de Octubre, 2014).