Se requiere justicia en Guerrero

Nacional
La hipoteca del destino de las escuelas normales
Se requiere justicia en Guerrero
Por: Carlos Damián 25 de enero de 2012
La justicia para Ayotzinapa
México. - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene la obligación de profundizar sus investigaciones y valorar las pruebas gráficas y técnicas que presentó el pasado jueves (12/1/2012) por la mañana a la opinión pública el ex procurador de justicia de Guerrero en el programa de radio más escuchado en el país, para precisar cuanto antes, con claridad la identidad y las responsabilidades de los cuerpos policíacos y de las autoridades que participaron en la realización de los reprobables hechos acaecidos hace ya un mes en la autopista del Sol, así como dar cuenta de ellos sin dilación a la sociedad.

Para eso es necesario que pondere y determine la sucesión cronológica de cómo se dieron esos lamentables acontecimientos, y que analice o en su caso revise los dictámenes técnicos de balística que se ofrecen sobre las trayectorias de las balas que segaron la vida de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Guerrero. La CNDH está facultada para investigar casos graves de violaciones a las “garantías individuales”, debido a las facultades constitucionales que le otorgaron el 10 de junio de 2009. Es importante que tome en cuenta la demanda que el pasado lunes 9 de enero expresó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, luego de presentar su informe preliminar: “Llamamos al Ombudsman nacional a que continúe sus investigaciones hasta la emisión de un informe final”.

Sin perdón
A más de un mes del violento desalojo de integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. La CNDH confirmó la presunción de que los disparos que terminaron con la vida de los normalistas provinieron de agentes de la policía ministerial de Guerrero. Del mismo modo, los citados peritajes confirmaron que en la acción policial del pasado 12 de diciembre no se siguió protocolo alguno en materia de disolución de manifestaciones, que la balacera sobre los estudiantes fue indiscriminada y que los asesinos de los dos estudiantes tiraron a matar.

A reserva de esperar la versión final del documento del Ombudsman nacional, la información difundida permite concluir con claridad que en los trágicos acontecimientos, integrantes del gobierno que encabeza Ángel Aguirre incurrieron en responsabilidades de tipo penal que deben ser sancionadas conforme a derecho. Por desgracia, la violencia criminal ejercida contra los manifestantes ha sido complementada con un manejo impresentable de los hechos por parte de la administración estatal, que ha obstaculizado la acción de la justicia y ha mermado las perspectivas de esclarecimiento: desde un principio las autoridades estatales se negaron a reconocer la responsabilidad de los disparos, pese a la evidencia gráfica.

sin olvido
Ellos desvirtuaron los hechos mediante la siembra de un arma a uno de los estudiantes –torturado por el estado-, y señalaron a efectivos de la policía federal (PF) como autores de los disparos contra los manifestantes. En días recientes, el ex procurador de justicia de la entidad Alberto López Rosas ha intentado desvirtuar el expediente de la CNDH y ha acusado al organismo de proteger al personal de la PF. Ahora sin embargo, a la luz de la evidencia disponible, lo procedente sería que ese y otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal enfrenten las acciones judiciales a que dé lugar el atropello cometido contra normalistas de Ayotzinapa. Por su parte el jefe del ejecutivo estatal tendría que asumir cuando menos una responsabilidad de tipo político por el turbio accionar de su administración durante el episodio.

Ahora aunque la investigación de la CNDH se encamine a determinar que los disparos provinieron de los agentes ministeriales, ello no exime a la PF de responsabilidad en estos hechos: al fin de cuentas, esa corporación tiene, entre otras funciones, la de vigilar el tramo carretero en que ocurrió la referida tragedia; en consecuencia, si sus efectivos no realizaron los disparos que privaron de la vida a los dos estudiantes e hirieron a varios más, cabe atribuirles, al menos, responsabilidad por omisión, pues habrían debido evitar las agresiones letales, contra los manifestantes.

Urge justicia en Guerrero
Dada la naturaleza de estos reprobables acontecimientos, y sus delicadas consecuencias para la tranquilidad de la convivencia social, las organizaciones de derechos humanos proponen que en sus resolutivos CNDH asuma las medidas de no repetición que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala literalmente en el párrafo 66 de su Informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en América. En el informe preliminar de la CNDH ya determinó que se alteró el escenario de los hechos, y que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública fue la causa directa de la muerte de tres personas, de cuatro heridos por proyectil de arma de fuego y de 14 estudiantes víctimas de trato cruel, generando con ello 29 víctimas directa y dos indirectas. Sin embargo es preciso que se aclare la responsabilidad que cabe a cada uno de los cuerpos policíacos que en ello intervinieron, urgiendo para eso toda la información que requiera, y haciendo acopio de todas las pruebas, los testimonios y los dictámenes periciales que necesite.

El documento de la CNDH podrá ayudar a esclarecer y deslindar responsabilidades sobre quién disparo contra los estudiantes, pero el hecho de que esas muertes hayan tenido lugar en el contexto de una protesta estudiantil arroja luz a una circunstancia más de fondo y preocupante: la persistencia en la criminalización de las inconformidades sociales que aumentan en el territorio nacional, lo cual, aunado a la indolencia de las autoridades de todos los niveles para atender demandas de sectores inconformes, configura una mezcla explosiva y, como puede verse, incluso mortal.

En lo inmediato, cabe demandar que los resultados de la investigación realizada por la CNDH, una vez presentados en su versión final o incluso antes, tengan eco en las instancias de procuración e impartición de justicia correspondientes, para que se sancione a los responsables y se repare el daño a las familias de las victimas. Pero desde una perspectiva más general situaciones como la ocurrida en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre podrán repetirse en la medida en que los gobiernos de los distintos niveles sigan incumpliendo con las responsabilidades elementales: atender y dar cauce a las demandas de la población y preservar la vida la integridad de las personas. (La Jornada, educación y sociedad, p. p. 4-6, 14 de enero, 2012).