La crisis alimentaria inminente

Nacional
El monto representa más del 50% del presupuesto de obra pública
La crisis alimentaria inminente
Por: Carlos Damián 30 de enero de 2012
Exigen al ejecutivo federal no interfiera en la ayuda al campo
México. - Las organizaciones campesinas confiaron en que las observaciones realizadas por el Ejecutivo federal al decreto para integrar un fondo por 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por los fenómenos climáticos no retrasen ni afecten la pronta canalización de esos recursos, puesto que la situación por la sequía, particularmente en 20 estados del país, es de “emergencia”. En cuanto a las observaciones que hizo a la Ley General de Economía Social y Solidaria (LGESS), resaltaron que esa legislación debe ser replanteada porque, además de que no cuenta con el consenso de los productores, pretende ser un control gubernamental sobre las agrupaciones.

El secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, expresó que más que recursos emergentes lo que se requiere es una reingeniería en los programas de la agricultura, un cambio en las políticas agrarias, pues la perspectiva es que los fenómenos derivados del cambio climático sean una constante, por lo que además se deberían emprender “cambios en los patrones de cultivo” y en el hato ganadero. Añadió que ante la falta de agua en las regiones áridas se debería privilegiar la crianza de, “chivas y cabras” y no sólo en empeñarse en “el ganado bovino mayor”, y en el caso de los cultivos, “no optar por aquellos que son demandantes de agua. Hay cultivos que con una lluvia quedan, pero sí con frijol o maíz hay malos temporales, el costo es altísimo”.

A principios de este mes de diciembre la Central Campesina Cardenista (CCC) y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social expresaron su rechazo por separado a esta depredadora ley (LGESS), y exigieron que se vetara. Los argumentos fueron que la ley es “regresiva, autoritaria, ya que pretende el control sobre las organizaciones campesinas y propicia las prácticas clientelares del pasado”. Pero también consideran que puede convertirse esta ley en un “obstáculo” para acceder a apoyos, al permitir que sean “escatimados” y “condicionados”. Aunque Max Correa estima que, “si ya habíamos rebasado otras leyes (del pasado), que es el control y la intromisión en asuntos internos de las organizaciones sociales.”

Catástrofe y sin razones
El pasado 23 de Nero, la Comisión permanente del Congreso informó que el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, había realizado “observaciones” a un decreto legislativo –avalado el 15 de diciembre- que demandaba la integración de un fondo de emergencia por 10 mil millones de pesos para los estados afectados por los fenómenos climáticos que se abatieron este año sobre buena parte del territorio. En los hechos tales “observaciones” implican un retraso, Por lo menos, en la aplicación de los recursos mencionados, y han sido interpretadas como el equivalente a un veto de la Presidencia al fondo avalado por la Cámara de Diputados.

Independientemente de las razones que pudiera esgrimir el Ejecutivo para justificar tal medida –las cuales no han sido reveladas hasta ahora-, ésta se torna incomprensible dado el contexto en que se produce: durante el año que está por concluir, el rezago y abandono que acusan los entornos campesinos del país a consecuencia de la apertura comercial indiscriminada a productos agrícolas se ha agravado por los efectos de heladas, inundaciones y la más grave sequía en siete décadas, que en conjunto afectaron a 70 por ciento de la superficie cultivadas del país, ocasionaron la pérdida de cientos de miles de cabezas de ganado y derivaron en problemas de alimentación y acceso al agua potable en amplias franjas del territorio nacional.

Para colmo, todo parece indicar que las consecuencias de estos fenómenos no se han expresado aún en toda su crudeza y que a corto y mediano plazos persistirán sus efectos nocivos: un botón de muestra preocupante ese el pronóstico formulado por investigadores de la UA de Chapingo, quienes alertaron sobre una crisis alimentaria para 2012, con alzas de precios de 100 a 150 por ciento. En tal circunstancia no parece haber justificación alguna para que el presidente posponga, en el mejor de los casos, o vete en el peor escenario, la aplicación del fondo de referencia: si en cualquier circunstancia sería inaceptable para las autoridades mostraran indolencia para atender los daños causados por fenómenos naturales, en el caso que comentamos tal actitud es potencialmente devastadora en términos económicos, sociales, y hasta políticos.

Se impulsa el resguardo de semillas originarias
El gobierno mexicano ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos en el plano internacional; sin embargo tal eficiencia no es tan visible en las políticas a escala nacional, estatal y local. Para evitar que las contingencias climatológicas como heladas y sequías acaben con recursos nativos, sobre todo los relacionados con la alimentación y la agricultura, así como evitar la biopiratería, durante los años recientes se han desarrollado diversos esquemas para impedir la pérdida de semillas originarias. Por otra parte, la referida decisión presidencial es consistente con las actitudes asumidas por el grupo gobernante ante la catástrofe que se abate sobre los campesinos mexicanos. Desde hace muchos años, diversos sectores de la sociedad han insistido en que la continuidad de la política agrícola vigente somete a los campesinos a una competencia extranjera desigual, abusiva e injusta, y fuertemente subsidiada en sus países de origen.

Este aspecto amplia más a los productores mexicanos, agudiza la indignación y el desamparo de millones de campesinos y es causa de mayores tensiones sociales. No obstante, las autoridades se empeñan en actuar como si tales advertencias no hubieran quedado ya ampliamente confirmadas en la realidad y profundizan la apertura indiscriminada de mercados y el incremento de importaciones: muestra reciente de ellos es la prisa que ha mostrado el gobierno federal para iniciar importaciones de maíz y frijol de Perú, apenas unas horas después de que el Senado aprobó el Acuerdo de Integración Comercial entre México y ese país andino.

Así pues y ante la falta de explicaciones claras respecto de la conducta del ejecutivo en este episodio, es inevitable preguntarse si el veto presidencial a la ayuda de emergencia aprobada por el legislativo es una prueba más de cerrazón y candado al futuro de la nación mexicana, es una clara muestra de la insensibilidad del grupo gobernante ante la desgracia que vive el campo. De cualquier manera es necesario que los legisladores adopten las medidas necesarias para revertir el candado presidencial, pues las consecuencias de no hacerlo podrían ser impredecibles y catastróficas. (La Jornada, política, p. 5, 27 de diciembre, 2011).