El holocausto mexicano

Nacional
La cosecha sangrienta
La violencia mexicana
Por: Carlos Damián 1 de febrero de 2012
HRW: La estrategia del presidente fallida después de seis años
México. - ”El gobierno de Calderón ha adoptado medidas para combatir la delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento en el número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo contribuyen a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones”, destaca Human Rights Watch (HRW) en el capítulo México de su informe Mundial 2012, presentado en Cairo, Egipto. El documento subraya que “en los últimos años se ha producido un incremento alarmante de la cantidad de homicidios, que en gran parte han sido consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades lucrativas”.

La directora de comunicación de HRW, Emma Daly, denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y no hay un sistema capaz de juzgar a los militares de forma que haya justicia”. En opinión de la directora, “existe impunidad absoluta para los militares”, quienes, con el sistema de justicia castrense nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo alguno de pararlos”. Entre los delitos cometidos por las fuerzas armadas se mencionan: asesinatos, tortura y desapariciones forzadas.

Un país inmerso en el holocausto
En contraste de acuerdo con la referida organización, el estado mexicano ha carecido de capacidad para proteger a periodistas, migrantes, indocumentados, activistas de derechos humanos y otros grupos vulnerables atrapados entre la violencia de los grupos delictivos y a practicada por las propias fuerzas de seguridad. Las observaciones comentadas confirman, en forma por demás desoladora, las advertencias lanzadas hace más de cinco años por distintos sectores de la sociedad organizada, la clase política y la academia: el combate a la delincuencia mediante la violencia física y la militarización de la vida pública no sólo garantiza el éxito, sino alienta peligrosamente la configuración de circunstancias de pesadilla como las que hoy, por desgracia vive el país.

Sin embargo ate la evidencia creciente de que la política de seguridad es, en su actual configuración un fracaso, el discurso oficial se muestra cada vez más ajeno a la realidad y mas extraviado en sus propios laberintos: hace unos días el presidente llamó a “poner en perspectiva” la violencia que se desarrolla en el país y pidió contrastarlas con las tasas de homicidios de naciones de Centro y Sudamérica, como si las muertes pudieran reducirse a meros indicadores estadísticos. El encargado de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, ha venido insistiendo en que México “no está en guerra”, pues “no se configura ninguno de los supuestos que derechos internacionales establecen para considerar un conflicto armado”, acaso sin recordar que el primero en emplear ese concepto para referirse a la confrontación entre las autoridades y los cárteles de la droga fue precisamente, el titular del Ejecutivo Federal.

México seguro
A estas alturas, resulta estéril entrar en la discusión de sí lo que hay en el país es o no una guerra, y si los niveles de violencia en México son mayores o menores a los de otras naciones. Lo que nadie parece poner en duda, fuera de los responsables de la conducción política del país, es que la estrategia de Calderón de seguridad pública y combate al narcotráfico no ha logrado acercarse a sus objetivos en materia de reducción al consumo de drogas, ni al desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico, pero en cambio, ha multiplicado la violencia y las violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiales de todos los niveles y de las fuerzas armadas, y ha colocado a esas instituciones, que supuestamente deben garantizar la vigencia del Estado de derecho; como factores principales del quebranto de la legalidad.

Por otra parte en las seis páginas del capítulo México del Informe Mundial de HRW 2012 se apunta que periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son “atacados deliberadamente” por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. “Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas”. En el tema libertad de expresión, el documento de HRW señala que numerosos periodistas que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico han asumido una actitud crítica o han asumido una actitud de autocensura frente a las fuerzas de seguridad, las autoridades y los narcotraficantes. Entre 2000 y septiembre de 2011 fueron asesinados 74 comunicadores, al menos ocho durante 2011.

Tortura y violaciones a derechos humanos en toda la nación
Apunta que si bien muchos de los ataques contra los miembros de la prensa ocurridos el año pasado se atribuyen a la delincuencia organizada, en algunos casos existe evidencia que señalan la posible participación de funcionarios públicos. “También se observó una tendencia progresiva a intimidar y atacar a personas que participan en redes sociales”, agrega el organismo. Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a periodistas que están expuestos a graves riesgo, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura, añade HRW. Se sostiene que el sistema penal no ofrece justicia a víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos. Esta deficiencia responde a causas como corrupción, capacitación y recursos suficientes, así como a prácticas abusivas (y corruptas) de la policía.

Con los anteriores elementos de juicio resulta arduo sostener que en el actual gobierno se esté sembrando la “semilla de un México seguro”, cuando la falta de una política de seguridad pública sensata y el incumplimiento de las responsabilidades más fundamentales del Estado se ha traducido, más bien, en una cosecha trágica y en la configuración de una de las etapas más inciertas, sombrías y desesperanzadoras de la historia nacional. (La Jornada, política, p. p. 5-6, 23 de enero, 2011).