Gobierno blindado

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Reformas anticorrupción en esos estados seguirán vigentes

Gobierno blindado

Por: Carlos Damián                                             Julio 04, 2016

Reformas son vigentes hasta determinar si son constitucionales

México. -   Las reformas y leyes anticorrupción de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, impugnadas por la PGR –por instrucción presidencial- seguirán vigentes hasta que la Corte de la Nación (SCJN) determine si son constitucionales.  Sin embargo, si el máximo tribunal resuelve que son contrarias a la Carta Magna, los eventuales nombramientos de funcionarios y resoluciones producto de dichas leyes, que son señaladas por la oposición y diversos sectores de la sociedad como un instrumento para blindar a los gobernadores de esas entidades  ante eventuales demandas por corrupción al terminar sus respectivos mandatos, por lo que eventualmente serían declarados inválidos por instrucción presidencial. Fuentes judiciales explicaron lo anterior, y también agregaron que las acciones de inconstitucionalidad presentadas el pasado lunes por la PGR en contra de los gobernadores y congresos de Veracruz, Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo respectivamente, fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte, y turnadas a dos ministros para que elaboren el dictamen correspondiente, en el que establezcan si las demandas son procedentes. En tanto, la acción de inconstitucional presentada ayer (13/07/16), por la PGR en contra del gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el Congreso de la entidad será admitida a trámite en el transcurso del miércoles. En el caso de Chihuahua, la acción de inconstitucionalidad pretende invalidar la publicación de las leyes generales que dieron lugar a la creación de Fiscalía Especializada Anticorrupción y el nombramiento del fiscal en esa materia en la entidad. Trascendió que la acción en contra de las autoridades de Veracruz fue turnada al ministro Javier Laynez Potisek y la de Quintana Roo a Norma Lucía Piña Hernández. La de Chihuahua se turnará este miércoles. En los tres casos la PGR plantea que deben ser declaradas inconstitucionales, y por ende, invalidadas porque violan el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establece que los sistemas locales en este rubro carecen de facultades para aprobar leyes antes de que se publiquen las normas generales correspondientes aprobadas por el Congreso de la Unión, lo cual no ha sucedido. En este sentido, el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional señala que “el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 80 días siguientes  a la entrada en vigor de las leyes generales, que son aprobadas por el congreso de la Unión, de las cuales están pendientes de emitirse las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y la General de Responsabilidades Administrativas.” En el caso de Veracruz, la PGR impugna la legalidad de las modificaciones a los artículos 33, 49, 67, 76, y 78 de la Constitución local; la reforma al artículo 51 de la ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado a los artículos 15, 28 Bis, 38, 39 Bis y 39, modificados de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Respecto de Quintana Roo, la PGR demanda la invalidez de las reformas a los artículos 75, 76, 90 110, y 160 de la Constitución de la entidad.  (La Jornada, Jesús, et al). Las medidas son tardías y mediáticas Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR, en contra de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua en contra de la aprobación de leyes locales anticorrupción generaron opiniones contrarias entre la clase política y legisladores de oposición, ya que mientras dirigentes de Morena y Movimiento Ciudadano consideraron que son “cortinas de humo”, el PAN y el PRD aplaudieron la decisión del gobierno federal. En tanto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, dijo en entrevista: “La gente que se roba dinero debe estar en la cárcel”, y aseguró que debido a que el país está harto de partidos (rateros), “habrá un presidente independiente”.  A su vez, diputados federales de Morena y Movimiento Ciudadano calificaron las demandas en contra de los gobernadores Javier Duarte (Veracruz), y Roberto Borgue (Quintana Roo) de “tardías” y de “mero relumbrón”.  Emiliano Álvarez, diputado por Morena, señaló que el gobernador de Veracruz, y el gobernador de Quintana Roo son conocidos años atrás "por sus reiterados actos de violencia y corrupción; resulta inconcebible que Enrique Peña reaccione hasta ahora”, (ya que deberían estar en la cárcel por criminales y rateros). Agregó que la administración federal “prohijó a  ambos delincuentes, quienes propiciaron eventos de violencia contra la población, dirigentes y líderes sociales, y se enriquecieron de forma tal que todos los sectores de sus estados lo pueden corroborar.” Es tanta la complicidad y los vínculos entre ambas administraciones tanto federal como estatal que son acusados de mafiosos y pandilleros facciosos. El legislador reiteró que el país ya no puede tolerar  la corrupción y la violencia oficial desproporcionada. Para el coordinador de Movimiento Ciudadano de San Lázaro, Clemente Castañeda, el anuncio oficial “es una decisión de relumbrón, insuficiente y tardía. El PRI nominó a estos gobernadores, los más corruptos de los años recientes pero esto no se limita a Veracruz y Quintana Roo”.  En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), dio la bienvenida a la acción de inconstitucionalidad promovida por la administración de EPN, la cual dijo, “fortalecerá el Sistema Nacional Anticorrupción”. Zambrano saludó la medida presidencial, porque tiene un sustento suficiente “en el sentido de que los congresos no pueden aprobar ese tipo de acciones… yo espero que la Corte Nacional (SCJN) haga su labor responsable, para que no vaya a quedar este precedente como un símbolo de impunidad”. Mientras que la dirigencia nacional de su partido (PRD) señaló que las acciones de inconstitucionalidad anunciadas por la PGR contra los gobernadores del PRI “son cortinas de humo”, porque esta figura jurídica es un proceso muy largo que, en el caso del mandatario de Veracruz, Javier Duarte, ataca sólo una de las iniciativas propuestas. Cajón de sastre Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, avaló la decisión gubernamental de interponer la demanda ante la Corte de la Nación (SCJN), contra la iniciativa para crear un fiscal anticorrupción en Chihuahua, pero advirtió que aún falta tomar medidas para evitar que los gobernadores salientes dejen en bancarrota a sus estados. Puntualizó que pedirá al máximo tribunal que resuelva lo más pronto posible los recursos interpuestos contra las autoridades referidas y sostuvo que con su actuación, las autoridades federales dan un mensaje jurídico y político contundente, pues implica dar la razón al PAN, que en los pasados días consideró el nombramiento de fiscales anticorrupción por parte de los mandatarios salientes como un intento por garantizarse impunidad., (La Jornada, Roberto Garduño et al). Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente nacional de Morena, dio a conocer ayer (12/07/16) en su página de Facebook el nuevo anuncio del partido, que se transmitirá en tiempos oficiales de radio y televisión, donde señala que en el gobierno mintieron porque en lugar de bajar los precios de las gasolinas y de la luz, como ofrecieron, aumentaron. “Hay veces que duele tener la razón, si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado, ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales”, subrayó. Puso como ejemplo que, “ofrecieron que iba a bajar  el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario; aumenta el precio de las gasolinas y de la luz, mintieron”, (son unos cínicos y mentirosos). AMLO sostuvo que a pesar de ello, “muchos no han perdido la fe u tenemos la fórmula: si acabamos con la corrupción en el gobierno habrá bienestar y seguridad para todos”. (La Jornada, política, p.p. 10-20, Junio 29, 2016).