jueves, 30 de junio de 2016

Crisis educativa

Nacional/ estados
El gobierno mexicano dice que, “se aplicará el “uso moderado de la fuerza”
Crisis educativa
Por: Carlos Damián                                             Junio 20, 2016
El actual gobierno busca urgentemente su certificado de demócrata.
México. -   Carlos Salinas de Gortari era un fascista sin sentimientos con las implicaciones que llevan él es el padrino de Enrique Peña Nieto y al día de hoy se refleja al no oír ni ver a las movilizaciones sociales, acciones y plantones de múltiples movimientos sociales; no les escuchaba pero atinaba a reprimirlos con toda la furia y violencia de su gobierno y con el actual presidente sucede lo mismo. Tanto uno como el otro creyeron que al eliminar al vitalicio y pandillero líder magisterial Jongitud Barrios, y al eliminar a su sucesora Elba Esther Gordillo, le otorgaría a EPN seis años de gobierno certificado de social demócratas. Aun cuando al realizar su jugada se aseguraron de sostener a un nuevo líder sindical dentro de las filas de la desplazada, que les garantizará la nueva imagen en su parafernalia de propaganda magisterial. El sistema político comenzaron a realizar modificaciones de fondo contra el viejo modelo educativo, y lo llamaron “educación neoliberal”, y se tomaron las medidas al reformar el artículo tercero constitucional, imponiendo la descentralización y estableciendo sistemas de “evaluación académicas”, sobre los ciudadanos imponiendo su control y salarios otorgando estímulos sobre programas educativos para controlar y financiar algunos. Todos estos procesos han profundizado la desigualdad, introduciendo con estas medidas los defectos de la privatización en la educación.

Aurelio Nuño Mayer, secretario de educación Pública (SEP) informa que las nóminas educativas de varios estados serán auditadas en busca de irregularidades (jun 14, 16), así como la continuación del proceso de despido de profesores que se hayan ausentado por tres días consecutivos durante las protestas contra la reforma educativa de las recientes semanas. Un día antes dio detalles de la imputación que el gobierno prepara contra Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, secretario general y de organización de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), respectivamente, ambos encarcelados en Sonora por supuestas operaciones con recursos, de procedencia ilícita. Por su parte, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, anunció el lunes la existencia de órdenes de aprehensión contra otros 24 líderes de la CNTE.  A tales declaraciones debe agregarse la advertencia del Comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en el sentido de que el gobierno federal impedirá el bloqueo de las carreteras, y de que se aplicará el “uso moderado de la fuerza” para liberar las vialidades e incluso para evitar la instalación de plantones “sin el permiso de la autoridad”.

Proceso represivo contra el magisterio nacional
Este proceso tiene larga data para que los mexicanos fueran el blanco de todas estas falacias, y se olvidaran de las verdaderas implicaciones que las reformas estructurales van incidir en la población. Estas reformas han sido fruto de una telaraña privatizadora, y es un trabajo tanto de Salinas como Zedillo, Fox  y Calderón, que han adicionado elementos para desmantelar el sistema educativo nacional. En colaboración con todas estas fundaciones privadas, han contado de un apoyo incondicional de los medios de comunicación, de la oligarquía nacional y de apoyos del exterior. Aunque la reforma se ha enfocado en los maestros, ya que eliminó muchos derechos laborales,  mediante evaluaciones estandarizadas sobre el ingreso, promoción y permanencia, que ha incidido en la deformación de prácticas docentes, y que han terminado con la profesión magisterial y deformando los perfiles docentes. Después de treinta años el gobierno federal mediante represiones, asesinatos por accidente (9 muertos, Nochixtlán, Oax), sin diálogo alguno con el magisterio nacional, y el diálogo es con el esclavo maestro incondicional del sistema educativo nacional. En esta tónica de sordera y cerrazón del sistema federal el Sr. Presidente no sabe por qué los maestros protestan, debido a que se cocinó las reformas para “su beneficio y en beneficio de la educación”.

Por otra parte de las supuestas acusaciones contra los 26 líderes magisteriales  que hasta ahora se encuentren en calidad de probables responsables, el rigor legalista mostrado por el gobierno ante los supuestos actos de corrupción de la dirigencia magisterial contrasta con la laxitud que, se percibe en el desempeño oficial en los diversos escándalos que se han suscitado durante el actual sexenio:  operaciones realizadas al amparo del poder público, caso gráfico de Oceanografía, OHL, Higa y otros agrupaciones trasnacionales. Es un contraste el trato del gobierno federal que las autoridades otorgan y que no resulta convincente para la ciudadanía, ha reforzado la desconfianza de la sociedad hacia las instancias de fiscalización y procuración de justicia por la insuficiencia de las acciones tomadas. Esta complacencia que percibe la opinión pública que combate a las irregularidades cometidas en ámbitos gubernamentales  se articula con la palpable incapacidad del partido y el grupo gobernante para percibir un hartazgo social compartido en la actualidad, incluso por el sector empresarial. Y que proviene entre otros factores de una corrupción sin control que cuesta al país entre 400 mil millones y un billón de pesos cada año. Esta pérdida de recursos significa una catástrofe moral, política y financiera que se traduce en la caída de los niveles de vida del mexicano, y ha tenido como respuesta oficial una iniciativa de anticorrupción carente de los instrumentos de fiscalización y castigo necesarios, y esto se traduce en la ciudadanía de la escasa confianza y del “malhumor del ciudadano”.  De acuerdo con el panorama que se describió anteriormente, el pueblo  ve el rigor mostrado contra los líderes del magisterio disidente y esta acción se nota un doble rasero como propósito represivo y una manera de desviar la atención del fondo del conflicto magisterial, y no se ve solución alguna al usar el recurso de la fuerza pública.

No detendrá su lucha: CNTE
En la televisión y la radio los voceros no entienden cómo es posible que los maestros comunistas hayan estado protestando durante 30 años, si el maestro responsable, capaz y sumiso está al frente de los estudiantes, y estos profesores problemáticos montan provocaciones, realizan manifestaciones, bloquean caminos, piden cabezas en nombre de sus jefes. Pero si nos remontamos en la lucha magisterial que los maestros democráticos organizados estos llevan más de 30 años en la lucha social y sindical, recordemos la agitada fundación  del SNTE, a las movilizaciones sociales con Othón Salazar, al corto paso por la organización sindical de Luis Chávez Orozco. Se observa que los maestros nunca han aceptado ser meros ejecutores y operadores de las instrucciones emitidas desde la SEP llamadas planes de estudio. En este contexto de lucha social la CNTE respalda a sus líderes y negaron que sus compañeros detenidos hayan incurrido en lavado de dinero y retaron al secretario de la SEP, a que se hagan las auditorías financieras a los estados que quiera, “a ver si sale la corrupción de las autoridades educativas” y les aplican la ley a los funcionarios. Los líderes magisteriales de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México advirtieron que no detendrán la lucha por el encarcelamiento de sus dirigentes. “El gobierno está equivocado si cree que esto va a desviar el objetivo de la lucha. No vamos a quitar el dedo del renglón por la reforma administrativa y hasta que se establezca la mesa del diálogo con el gobierno federal”. En su manifestación por Paseo de la Reforma para exigir la libertad de los “presos  políticos”, que ya suman 14 en este sexenio, “pueden detener a toda la dirigencia nacional, y  el movimiento seguirá; no vamos a dar un paso atrás en nuestras demandas”, dijo Adelfo Alejandro, secretario general de la sección 7 de Chiapas. (La Jornada, sociedad, p.p. 8-15, Junio 15, 2016).

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