El proceso de Pemex

Nacional
La primera licencia la solicita la petrolera del estado, según la reforma
Pemex se privatiza
Por: Carlos Damián                                             11 de marzo, 2014
La gran corrupción en los sexenios del PAN y PRI
México. - Los campos productores de la región sureste, donde se ubica la mayor riqueza de hidrocarburos del país, así como algunas regiones en aguas profundas del Golfo de México y yacimientos de gas shale serán seleccionados por Pemex para tener exclusividad en su explotación, una vez que quedó abierta la puerta a participantes en la exploración y producción de crudo, anunció este jueves (6/3/14) la empresa. Mientras el ejecutivo no presenta la propuesta de legislación secundaria de la reforma energética, que puso fin a sete décadas de exclusividad del Estado Mexicano en la explotación del petróleo, Pemex presentará a la Secretaría de energía (Sener) a más tardar el 21 de este mes de marzo, una solicitud de exclusividad para la explotación de campos petroleros. En la reforma energética se prevé que la primera licencia de explotación de campos sea solicitada únicamente por Pemex, en lo que se conoce como la “ronda cero” de asignación de contratos, proceso mediante el cual Pemex conserva los campos en los que ya está trabajando y en los que tiene interés.

Posteriormente se define la “ronda cero” para septiembre de este año, y también se ha denominado “ronda México”, las demás empresas petroleras podrán solicitar licencias de exploración tanto de Pemex como, por primera vez desde la expropiación de 1938, empresas particulares, de acuerdo con la reforma. Para la solicitud que haga Pemex a Sener, este mes de licencias exclusivas de explotación “es claro los campos donde Pemex tiene ventaja: los del sureste del país, como Cantarell (Campeche) y Koo Malub Zaap, donde Pemex es sumamente competitivo y eso es lo que vamos a tomar en consideración para la ronda cero”, sostuvo Rodolfo Campos, subdirector de Tesorería de Pemex, al participar en un foro organizado por LatinFinance, al que acudieron representantes de empresas interesadas en el negocio que se abre a particulares con la reforma energética. Los costos de exploración y extracción y reemplazo de Pemex en la región sureste son de poco más de 20 dólares el barril, cuando en la industria en promedio se duplica. Reforma energética quiere privatizar todo El artículo transitorio (T) 4 de la reforma energética (RE) “enumera modalidades de contratación para explorar y extraer hidrocarburos: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia”. Este último párrafo se introdujo por insistencia del PAN que hubiera algo que se pareciera a las concesiones, que se siguen negando en el texto constitucional reformado.

Al añadirse que en cada caso “el Estado definirá el modelo contractual” se revela que lo que se quiere es un marco jurídico que aumente la discrecionalidad del Ejecutivo abriendo modalidades de contratación poco reguladas. También establece las modalidades que el estado pagará a sus empresas productivas: en efectivo, con una parte de la utilidad, con una porción de la producción, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo (en las licencias). Además el T4 establece que las contrapre4staciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas, se regulará en los casos en que se les impondrá el pago a favor de las Nación por los productos extraídos que se les transfieran. Es peligroso este artículo ya que en la redacción se deja abierta la puerta para que se transfieran a las empresas productos extraídos sin pago de parte de la compañía trasnacional. El T5 se refiere a que las empresas productivas del Estado (esta figura jurídica es creada para robar al pueblo mexicano) y las privadas podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación. Con esto convierten las asignaciones (exclusivas de Pemex) o contratos (abiertos a empresas privadas) en activos fijos de las empresas, lo que les permite elevar su valor en bolsa, emitir nuevas acciones y contratar préstamos. La clausula sobre la propiedad de la nación es redundantes, puesto que ya se afirma en el párrafo 7 adicionado por la RE al art. 27 de la Carta Magna, es estúpido y absurdo. Lo que tendría que haberse establecido en el T5, si de verdad la propiedad del petróleo en el subsuelo sigue siendo propiedad de la nación, es el carácter intransferible e inembargable de contratos y asignaciones.

El T6 estipula que Pemex solicitará a la Sener, en un plazo de 90 días que vence a fines de marzo, la adjudicación (como asignaciones) de “las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar a través de asignaciones, para lo cual deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos en forma eficiente y competitiva”. Es torpe lo anterior si recordamos que durante más de 70 años, Pemex pagó el año pasado al fisco más de un billón de pesos, y se le exige que demuestre su capacidad. Estos legisladores corruptos e ineptos amenazan a Pemex y prevén quitarle sus áreas de explotación y explotación en las que ya haya hecho sus inversiones, para lo cual establecieron con crueldad el proceso de adjudicación de asignaciones, descalificando de facto las capacidades de Pemex. En la ronda cero se desmantelará a Pemex descalificándola, negando sus capacidades y se llegará al extremo de convertirla e una oficina de subcontrataciones. La restricción al desmantelamiento puede ser la necesidad de asegurar los recursos fiscales: el billón de pesos que aporta Pemex anualmente. El T8 es una disposición totalitaria y sostiene que las actividades de exploración y extracción de petróleo y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica (por ser estratégicas) tendrán preferencia sobre cualquier otro que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo. Se va a permitir la ocupación del suelo sin previo aviso, (aún en zonas arqueológicas) y después vendría la indemnización. Las brigadas petroleras serán imparables y expropiarán todo el suelo que quieran. El T9 revela el carácter vende-patrias al pensar en la modalidad contractual llamada “recuperación de costos”, y podemos ver la modalidad más nefasta que vienen utilizando las trasnacionales en el tercer mundo.

De acuerdo con esta estrategia trasnacional se inflan los costos de manera que al final se quedan con todo el petróleo que extraen. En el T10 y T11 se privatizan: zonificando el país para después licitar los contratos para su exploración y explotación (a cambio de cuentas de vidrio); Se privatiza la refinación del petróleo ya que incluso se prevé la venta de las refinerías mexicanas; el acceso abierto de las redes propiedad de la CFE para vender electricidad en el T11. Con esta actitud y característica subhumana a la que han reducido a Pemex nuestros legisladores y gobierno oligárquico, ya que lo han colocado en tercer lugar de importación en refinados de petróleo y gas para consumo industrial y doméstico. El T11 añade que se abre a la privatización la transmisión eléctrica, y estipula que las trasnacionales podrán financiar, instalar, mantener, gestionar, operar y ampliar la infraestructura para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El capitalismo mexicano hoy nada parece porque todo se subcontrata (se simula), hasta las funciones del Estado. El ánimo justiciero de Oceangate comenzó a moderarse. Ya se están dando cuenta los políticos que es un bumerán contra importantes personajes de la clase política y financiera. La auditoría superior del Congreso cada año viene señalando robos y fraudes en el cumplimiento de los contratos del Señor de los Gallos, Amado Yáñez, y su empresa Oceanografía, aún así por consigna superior seguían otorgándole contratos en Pemex y regalando dinero en Banamex. Hubo dos indicaciones: las calificadoras Fitch y Standard & Poors alertaron años atrás sobre su situación financiera y le retiraron su nota crediticia por falta de información. (La Jornada, política, p.p. 5 - 10, 7 de Marzo, 2014).