Nestora

Nacional 1/2

Persecución de la lucha social

Nestora Salgado

Por: Carlos Damián                                       16 de Febrero, 2015

El gobierno utiliza la figura penal de secuestro para reprimir activistas sociales

México. -   Ahora la semana pasada la embajada de Estados Unidos citó al abogado Leonel Rivero (LR), director del despacho defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García (NSG), a una reunión de funcionarios consulares y políticos de la misión querían entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero; quien sigue presa en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a pesar de que desde marzo del año pasado (2014) un juzgado federal desechó las causas penales que la acusan y ordenó su excarcelación (libertad). Escucharon el punto de vista del abogado LR, “Les expliqué que el de NSG es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción del crimen organizado, por omisión o complicidad”.                                  Rivero agrega que al desconocer que las actividades de NSG se produjeron en el contexto de sus funciones como comandante de un cuerpo de policías comunitarias de Guerrero, reconocidos por ley estatal, los procesos judiciales en su contra tienen una innegable carga política. Y recordó que desde hace años los gobiernos utilizan las figuras penales de secuestro y secuestro agravado para reprimir a dirigentes del movimiento popular, como en su momento fueron los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, sentenciados hasta 60 años de cárcel y finalmente liberados. O el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de La Parota, Marco Suástegui. En junio de 2013, NS García recibió en su casa a un grupo de mujeres de su comunidad, Olinalá. La casa servía a la vez como oficina de la comandancia de la policía comunitaria y NSG, madre de tres jóvenes, había sido nombrada en asamblea  popular comandante de ese cuerpo policíaco de la comunidad, adscrito a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), al amparo de la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009. La acusación a NSG La Crac, como proyecto autónomo de seguridad, nació en 1995 en San Luis Acatlán, en la región mixteca. Inició su expansión en 2008. Cruzada por divisiones internas e interétnicas, a la fecha tiene cerca de 40asambleas y sistemas de seguridad en decenas de pueblos de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, contando con cerca de mil 800 efectivos que dan servicio a 20 mil guerrerenses aproximadamente. Las señoras iban preocupadas a su encuentro con la comandante NSG. Sus hijas –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Meza-  habían salido de sus casas días antes y no habían vuelto. Las madres sabían que las chicas andaban en malos pasos y reconocieron que ya no podían controlarlas. Ambas chicas tenían, en ese entonces, 17 años La comandante movilizó a sus unidades y pronto localizaron a las adolescentes rebeldes. Según consta en oficios firmados por Dulce y Yesenia, con el sello del Consejo Ciudadano Olinalteco y las rúbricas de la propia NSG, confesaron que habían ido a “pasear” varios días, a tomar micheladas y a pernoctar en casas de distintos amigos en Huamuxtitlán y hasta Tulcingo. A diferencia de otras casas de justicia del sistema CRAC-PC, en la de El Paraíso –a la que pertenecen .Olinalá, Tixtla (cuya policía es hoy responsable de la seguridad de la normal rural de Ayotzinapa) y Huamuxtitlán. Se propuso un programa  que fuera más allá de la seguridad y abarcara la reintegración y reeducación de jóvenes delincuentes e infractores. Normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos son los encargados de esos proyectos educativos. Las madres de los jóvenes convinieron con la Crac y el consejo Olinalteco que sus hijas pasarían  un tiempo de reeducación en cualquiera de las cuatro casas de justicia que tenía la policía comunitaria como parte de sus sistemas de reinserción. Hay actas firmadas bajo el rubro “Reeducación”, con fecha  del 10 de junio de 2013, consta el acuerdo. “Es para beneficio personal, familia y sociedad”, se subraya. Cuatro chicas, con la autorización expresa de sus madres, se acogieron a ese sistema. Meses después, las señoras que pidieron ayuda a Nestora Salgado se volvieron en su contra, cambiaron las versiones que ofrecieron ante el Ministerio Público (MP) y hoy la acusan de secuestro, (La Jornada, Blanche Petrich). El gobernador Aguirre y la CRAC-PC En los tres procesos penales que enfrenta en una cárcel de máxima seguridad (48/2014, 196/2013, y 05/20141, abiertos en un juzgado de Talpa y radicados en Tepic), los señalamientos de Dulce Rubí y Yesenia de haber sido víctimas, agravado por el hecho de ser menores de edad, son las acusaciones que más pesan en las circunstancias que tienen presa a la comandante de Olinalá desde hace un año y medio. El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto, La Marina y las Policías Federales y estatal irrumpieron simultáneamente en varias localidades de la Montaña. En Quiahuitepec, zona serrana  a donde por falta de caminos sólo se llega a pie o en motocicleta tetramotor, los soldados se lanzaron a rapel desde los cerros. Las fuerzas federales aprehendieron ahí a 18 policías comunitarios y “rescataron” a las personas que tenían bajo arresto conforme al sistema de seguridad de la CRAC, entre ellos a Armando Patrón, quien entonces era síndico procurador de Olinalá, detenido y juzgado por estar relacionado con dos homicidios y por abigeato. También liberaron a un taxista conocido como El Mapa, a quien se acusó de “desaparecer” y descuartizar personas por encargo del crimen organizado. En la zona actúa impunemente el Cártel de Los Rojos. También estaban retenidos un presunto violador y cuatro mujeres, entre ellas las dos menores de edad. Los militares y marinos detuvieron en la sede de la policía comunitaria de El Paraíso a otros siete de sus integrantes y en Olinalá fue arrestada Nestora Salgado. Al final del operativo, que marcó la ruptura del ex gobernador Ángel Aguirre con el sistema de policías autónomos que él mismo había impulsado, había más de  40 presos, entre ellos varios dirigentes comunitarios, como: Gonzalo Molina, de Tixtla; Arturo Campos, de Ayutla, y Bernardino García, de El Paraíso. Están presos en la prisión de Tepic, Miahutlán o Acapulco y tienen cargos por secuestro agravado y delincuencia organizada. Doce siguen encarcelados. Todos son casos de persecución política. La hija de la dama, Dulce Rubí quien iba a ser reeducada por la policía comunitaria es la joven que ha aparecido recientemente en las conferencias de prensa de su enemiga política, Isabel Miranda de Wallace, la rica y poderosa activista de a organización ‘Alto al Secuestro’. Ella no habla mucho, solo se dice víctima y llora, teatralmente, lo que la hace una arma política ideal que Isabel Miranda la ha utilizado perfectamente ya que la abraza como en una telenovela de muchas lágrimas de cocodrilo. El activismo de Wallace y el líder de la organización “México SOS”, otra organización privada manejada por otro rico mecenas, Alejandro Martí, se hizo visible la primera semana de enero, cuando estaba por vencer el plazo para que el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, respondiera a la petición del gobernador Rogelio Ortega de desistirse de las causas contra Nestora Salgado. (La Jornada, política, p.p. 1-2 Febrero 16, 2015).