La contrarreforma educativa

Nacional El desprecio a los trabajadores de la educación La contrarreforma educativa Por: Carlos Damián 18 de Marzo, 2013 El acuerdo educativo se basa en las competencias docentes México. - La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros que luchan por sus prestaciones sociales que la rechazan. No es cierto aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. En este mar de confusiones, y de mentiras oficiales, se genera una fábrica de mentiras impulsada por el gobierno para vendernos una disneylandia educativa, para el sector privado. Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, responsabilidades y activos públicos. Esto es lo que hace el sector educativo la reforma constitucional recientemente aprobada. Y no porque venda a empresarios escuelas o mobiliarios. Como sucede en casi todo el mundo, la privatización de le enseñanza en México es un proceso polifacético, y la venta de los inmuebles es uno de sus rostros. La reforma educativa (reforma laboral educativa), planteada por el gobierno federal y aprobada por el Congreso de la Unión representa el proyecto neoliberal de educación, donde todo se basa en las competencias docentes, se produce una reforma laboral que va en contra del magisterio nacional, y se deja de lado el carácter humanizante y científico de la formación académica. Los expertos laborales educativos han señalado que con el pretexto de la evaluación educativa, las autoridades federales controlarán, cercarán y terminaran de arrebatar a los profesores su materia de trabajo. Con esta tenebrosa perspectiva que nos regala el gobierno federal, en el presente no hay grupo más atacado que los docentes, por encima de partidos, empresarios, legisladores y organismo internacionales como el Banco Mundial, se han propuesto en una cruzada mundial acabar con los beneficios sociales y los salarios de los docentes. Los autores de la iniciativa laboral educativa dictaminan evidenciando su desdén hacia la clase trabajadora al no considera que el salario por muchos años han recibido los empleados, ha sido la base desde la cual han proyectado su futuro y el de sus familias, ejemplo gráfico de esto es que la mayoría de ellos tienen contratados préstamos hipotecarios a corto plazo con el gobierno federal y dichos préstamos han sido generados con base en su salario actual, con lo que una reducción del mismo implicaría la imposibilidad de pagar las obligaciones adquiridas con la institución federal. Esta reforma laboral educativa es ilegal e inconstitucional ya que el artículo 14 de la Constitución Política Mexicana dice que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, por lo cual, solicitar que los trabajadores docentes acepten reducciones significativas a sus salarios y prestaciones por el hecho de “uniformar “ criterios escalafonarios con todos los demás sindicatos nacionales, y ordenar la administración interna del Congreso Nacional resulta ilógico, incongruente y del todo arbitrario. Sin embargo en este contexto laboral, son los maestros democráticos el grupo más movilizado para defender el “patrimonio colectivo que poco a poco nos ha sido arrebatado; la educación”. A los profesores que defienden su puesto de trabajo se les sataniza, y son falsos los argumentos que los señalan como holgazanes. Muchos de quienes los critican deberían de enfrentarse a las condiciones en las que trabajan muchos de los maestros, que son los “profesionistas más empobrecidos”. De acuerdo al CEND-SNTE, se plantea un proyecto “alternativo, social y humano”, ajeno al proyecto “neoliberal, mezquino e individualista” de las autoridades. Este esfuerzo es un ejemplo de a capacidad de los mentores para pensar por sí mismo y hacer propuestas para construir modelos autónomos. Sin embargo, las autoridades federales pretenden que los maestros sean simples reproductores y repetidores de los contenidos oficiales. Si con estas reformas se quiso iniciar una política de austeridad reduciendo los privilegios de los trabajadores docentes, valdría la pena sugerir a la Comisión Federal la reducción de gastos superfluos como el pago de más de 90 mil pesos mensuales para las 39 “casas de enlace”, del Congreso de Jalisco, y en el que no son otra cosa más que oficinas de partido que están alejadas de toda representación popular, en el caso de que existan. No cabe duda que estas acciones irreflexivas e impulsivas por parte de los legisladores federales se suman a la serie de “novatadas” de una legislatura que no ha sabido aterrizar sus compromisos con la sociedad en el ámbito legislativo, deberían ser temas de agenda “urgente “ arreglar el caso de los maestros democráticos, que sigue sin resolverse. Ellos, “no quieren que piensen, porque quien los hace es capaz de transformar las cosas”. La evaluación es un instrumento para deshacerse de los que piensan con cabeza propia, de los que entienden los procesos sociales y que son capaces de involucrarse con las comunidades. Si nos situamos en un contexto neoliberal, esto nos conduce al individualismo y la confrontación, y al aparecer el libro del magisterio nacional, nos asienta que es posible plantear alternativas autónomas de educación. En definitiva tenemos que el proceso laboral educativo, no tiene como objetivo la calidad de la educación, sino político. Donde se busca la flexibilidad laboral para erradicar los derechos de los maestros y con ello terminar con el sindicato más grande del país. La reforma laboral educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de los planteles educativos. Se realiza facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial. También se allana el camino para la subrogación de servicios y el subsidio nacional al sector privado. Esta legislación federal da paso para que en nombre de la autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas como si fueran colegiaturas, se permite la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Ya que en realidad, se pretende una política de puertas abiertas a las aulas a gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares. Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Con esto pretende crear condiciones para que programas compensatorios llamados: becas, y desayunos desaparezcan, delegando su responsabilidad en organizaciones privadas, ya sean filantrópicas y asistenciales. Realmente sus pocos beneficios ya fueron documentados en el Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas primarias de la República Mexicana, establecido el 4 de octubre de 1966. Otro de los funestos rostros es la subrogación de los servicios educativos, bautizadas como “escuelas-patito”. Estos negocios como lo demuestra los llamados: Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, es hacer millonarios a agentes privados, y con frecuencia, esta subrogación de servicios se justifica con el pretexto de la vigilancia ciudadana en las tareas educativas. (La Jornada, política, p. 24-27, 88 de Abril, 2013).