El Sindicato reprimido

Nacional
El sindicato reprimido
Por: Carlos Damian 26 de Febrero, 2010
El Estado forma parte del conflicto social
Facilitar la entrega de entidades estratégicas del país a precios de cochera
México.– El que esta situación se vaya generalizando muestra la política oficial del gobierno federal. La represión contra trabajadores de todo tipo, profesionistas técnicos, obreros, campesinos, está a la orden del día. A la expulsión de sus lugares de trabajo, de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los intentos de romper huelgas mineras, como la de Cananea, se suma una nueva oleada de despidos, jubilaciones forzadas y expulsiones por la fuerza de sus lugares de trabajo, en Pemex, de miembros de la Unió0n de Técnicos y Profesionistas y Petroleros (UNTPP). Todo esto en medio de presiones para que firmen la renuncia a esta unión y soliciten por escrito la cancelación de su registro.

Todo lo anterior en detrimento de la ley Federal del Trabajo artículo 133, que a la letra dice: “Queda prohibida a los patrones: (…) IV. Obligar a los trabajadores por cocción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura”. Lamentablemente estos hechos no son aislados ya que los patrones y obreros no son sólo parte del conflicto sino que el Estado se convierte parte en los conflictos laborales que le interesan. De tal manera que alarga los conflictos al convertirse en juez y parte de los mismos conflictos laborales.

El Estado como parte de conflictos laborales
Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), y ofrece a la parte patronal a jueces federales propicios para atender sus intereses. Ciertamente que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales, supuestamente hay autonomía de la parte judicial, pero se somete a los requerimientos del Estado y sus aliados que representan valores con los que el Estado coincide. De acuerdo a los tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, El ejecutivo con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Es sabido por todos que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al ejecutivo federal está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a LFC. A pesar de los antecedentes del caso laboral un juez de Distrito negó el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.

El Sindicato minero con la huelga de Cananea
El segundo tribunal colegiado del primer circuito ha dado por terminada la huelga de los mineros de Cananea, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la simpatía de la JFCA no tiene fundamento legal alguno. El tribunal se está tomando su tiempo, pero lo que es evidente es que la empresa Grupo México, se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió fuerza mayor para dar por terminada la huelga minera: destrucción de sus instalaciones por los trabajadores, motivo que alegó la empresa para terminar el conflicto sindical.

En el libro de LFT establece en el artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro.
Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el período de pre huelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 93-III). En la mayoría de los caso se dan estos casos en empresas estratégicas y vitales para la nación. Uno de los casos más sonados es la destrucción gradual de Pemex con las “disposiciones administrativas” publicadas el 6 de enero en el Diario Oficial. Incluye el derecho de adjudicar, por tramos de territorio, zonas petroleras a grandes empresas privadas. De lo anterior se ven muy relacionado los aspectos de represión a los trabajadores con los de la entrega del país, “venta de cochera” de sus áreas estratégicas. (La Jornada, opinión, p. 20, 21 de Febrero, 2010)