Cd. Juárez 2

Nacional
Ciudad Juárez 2
Por: Carlos Damián 8 de Marzo, 2010
Rutilio García: Cd. Juarez, la fea. Tradición de una imagen
Se conjugó el olvido institucional y la escoria de EE. UU.
México. – En México pretenden apretar más la tuerca, la Corte y el congreso confabulados en crear el estado de excepción de este gran país, por falta de estrategias de seguridad. La nación de la bandera tricolor y águila se impondrá la Ley Patriota estadounidense, que el presidente Barak Obama y el Congreso estadounidense han dejado intacta y se abre para experimentarla en México. Debido a gran cantidad de ciudadanos, que no pueden ser integrados al sistema político, y quedan expuestos a una guerra declarada en el curso de la cual el estado de derecho se desmantela progresivamente.

Según Montesquieu, “esta seguridad nunca está más comprometida que en las acusaciones públicas y privadas. Por consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano”. (…) “entonces no hay arbitrariedad; la pena no es hija del capricho del legislador, sino de la naturaleza del delito; y no es el hombre quien ejerce violencia en otro hombre”. (p.p. 430, 431). La venda sobre los ojos de la mujer que se emplea como símbolo de justicia fue puesta para que no viera lo que ocurre durante el estado de excepción. No debe verlo. Es la negación misma de la justicia.

Al citar a Giorgio Agamben, nos dice que este dispositivo se ha convertido “en una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, incluso los llamados democráticos”. “No es una dictadura (…) sino un espacio desprovisto de ley, una zona en que todas las determinaciones legales han sido desactivadas… La violencia gubernamental borra y contradice impunemente el aspecto normativo de la ley, ignora externamente la ley internacional y produce internamente un permanente estado de excepción, pero afirma que a pesar de todo está aplicando la ley”.

El tema está de nuevo en la mesa, bajo condiciones más graves y violentas. El subcomandante Marcos en noviembre de 2006, “Estamos en la víspera de un gran alzamiento o de una guerra civil”. Si no logramos que la gente, cada quien en su espacio, active su red de apoyo mutuo en un alzamiento pacífico y democrático”. Al gobierno federal se mira en el espejo colombiano. Colombia resulta ser el estado autoritario contrainsurgente, Medellín es el modelo paramilitar de “seguridad ciudadana” que se intenta imponer en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Para funcionar el modelo de guerra urbano, se tienen que imponer medidas de excepción, y dado lo que está en disputa es la hegemonía y el dominio territorial de amplias zonas del país bajo control de mafias criminales, el estado federal impondrá nuevos aparatos de control gubernamental para imponer nuevas reglas del juego que a final de cuentas será “un nuevo orden”.


En México, la transición al siglo XXI se dio mediante un cambio de partidos y figuras en la administración gerencial del Estado. Fue una transición pactada. Hacia los años 90 la configuración de un estado delincuencial y mafioso hacía necesario un recambio formal. La guerra intestina entre las mafias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que provocó tres crímenes (Cardenal Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio, y Mario Ruiz Massieu), fue la evidencia de que no se gestaba un proceso pacífico de tránsito o movilidad de élites. Lo que se ha dado en llamar crimen organizado, dice Eduardo Buscaglia es un producto consensuado de las elites empresariales y políticas mexicanas.

Lo novedoso en México, como ocurrió antes en Colombia, es el “giro mercenario” y la “urbanización” de los conflictos, en el contexto de una guerra gubernamental por el control del territorio y el afianzamiento del ejercicio de la autoridad, ante el desorden caótico y el desbordamiento de la violencia criminal que sobrevino tras la ruptura de la pirámide política de comando y control que garantizaban, en el antiguo régimen, el presidencialismo autoritario y el partido hegemónico.

Si en Colombia la llamada narco política de la era Uribe significó grandes cambios y transformaciones estructurales en el mapa político de las regiones y la dinámica de los conflictos armados, con la aparición de grupos emergentes y el traslado y movilidad de las elites hacia escenarios más favorables para sus intereses, merced a la nefasta alianza legalidad – ilegalidad, en México la transición no ha sedimentado aún aparte de que ambos procesos tienen características propias.

La insurgencia nace de la violencia oficial pro-oligárquica, vía el Ejército, los policías, los paramilitares y el terrorismo mediático. (La Jornada, opinión, p. 23, 8 de Marzo, 2010)