martes, 23 de junio de 2015

La caja de cristal

Nacional
La audiencia para definir si aprueban medidas cautelares
La caja de cristal
Por: Carlos Damián                                         29 de Abril, 2015
Por definir el mejor modelo para que el ciudadano se ejerzan sus derechos
México. -   Inmersa en una batalla legal que se libra en varias pistas, la periodista Carmen Aristegui sostiene que lo que ella y su equipo están defendiendo frente a la compañía MVS y la “mano que mece la cuna” es el cumplimiento de un contrato que, por sus alcances, debería ser “modelo en la relación entre los periodistas y los empresarios de los medios de comunicación”. No se trata de defender solamente el espacio que se logró construir en la barra matutina del noticiario que se escuchaba  hasta el 13 de marzo en el 102.5 FM del dial, sino de principios y condiciones de trabajo que aseguren la libertad de expresión de todo el gremio. Reconoce que en la lucha por los espacios de un periodismo crítico e independiente, “hay otros medios de primer orden. No somos, ni mucho menos los únicos en la pradera”, del periodismo. Apunta, que es “un momento clave para que los informadores nos enfrasquemos en una seria reflexión sobre como andan las cosas en la relación entre los periodistas y los empresarios, sobre cuál es el mejor modelo para que todos –prensa, empresa y audiencias- ejerzan sus derechos para realizar y ofrecer mejores contenidos producto de un trabajo hecho en libertad, resultado del esfuerzo profesional y ético. Ésa es la batalla principal, tiene que ver con los contenidos que le damos al público y la conciencia que asuma la sociedad mexicana de sus derechos”.

Pero por lo pronto, mientras varios juzgados especializados en telecomunicaciones enfrentan una avalancha de amparos de ciudadanos que reclaman a MVS y “a quien resulte responsable” de haberlos privado de su derecho a la información por haber sacado del aire al noticiario  matutino de mayor  audiencia (raiting) en la radio nacional. Este lunes (27/4/15) la periodista enfrenta una audiencia incidental –según argot jurídico-, en la cual el juez Fernando Silva García “puede decidir si  o no” otorgarle medidas cautelares a la comunicadora. Si se resuelve a favor de Aristegui se le permitiría regresar de manera casual a los micrófonos mientras se resuelve de fondo el conflicto. Pero mientras esto se resuelve la empresa anunció la contratación de Alejandro Cacho, para conducir el espacio de noticias que tenía Aristegui. Con esta acción se espera una serie de escaramuzas legales que implican temas como la relación de prensa frente al poder político y económico, la libertad de información, de expresión e información de los periodistas, y algo más que no se ha tomado en cuenta: el derecho de audiencia. La semana pasada un colegiado desechó una orden del juez Meza García, quien dispuso una reunión entre la quejosa y el demandado, Aristegui y MVS, con la figura arbitral representada por mutuo acuerdo en José Woldenberg.

Las ganas de comer
“No fue posible. Pero lo importante es que el juzgado octavo haya admitido mi recurso de amparo. El tribunal bloqueó la salida conciliatoria, pero no puso en cuestionamiento la competencia del juez para determinar una suspensión ni puso en entredicho las valoraciones del juez en cuanto a considerar a MVS como una figura de autoridad siendo una empresa concesionaria”. En enero de 2008 la estación W, de Televisa y Grupo Prisa, censuró a Carmen Aristegui y le suspendió su espacio en la compañía. Un año transcurrió de travesía en el desierto. Ninguna concesionaria de radio quería aceptar a una periodista que solicitara para entrar, un contrato que le garantizara plena libertad en su política editorial. “Se juntó el hambre y las ganas de comer. Cuando nos encontramos de nuevo acordamos condiciones de avanzada. Un contrato que otorgaba a la directora del noticiario el control editorial, autonomía, un ombudsman y una figura arbitral para dirimir conflictos. Pusimos en blanco sobre negro los valores fundamentales para ambos”. Desconocemos si hay contratos parecidos en la radio y la televisión pero me encantaría que existieran para que nos permitieran a todos los periodistas poner con todas sus letras el significado de la libertad editorial, al tiempo de mantener una relación seria, profesional, moderna, con las empresas de comunicación.

“Me sorprende y duele a la vez lo que hicimos, que no es moneda común en los medios de comunicación, ahora se quiera dinamitar. El nuestro es, aunque no quiero hablar en pasado, un programa exitoso, de buena audiencia”. En este proceso de investigación, el momento clave es el reportaje de la Casa Blanca de Las Lomas que se encuentra en Sierra Gorda #150, valuada en 7 millones de dólares, pero supuestamente es propiedad de la esposa del Presidente EPN donde parece ser un punto de quiebre. Aunque sepamos que lo es en verdad, también es cierto que no se transmitió la investigación en primera instancia en el noticiario en MVS, porque cuando nosotros estábamos aún con la investigación de la historia en curso ya se habían hecho consultas en la Presidencia, en la Secretaría de la Función Pública, y los antes mencionados nos pidieron comprensión. “Esa información no nos la entregó nadie. Nace de la curiosidad periodística de Rafael Cabrera, quien hojeó la revista Hola en un supermercado y vio el reportaje de la esposa del Presidente diciendo que ese sería su hogar cuando salieran de Los Pinos.

“Fue una conversación difícil. Me solicitaron que esa investigación no saliera en el noticiario. Alegaron lo que yo sé que es cierto: su vulnerabilidad ante el poder político, porque son empresarios que dependen mucho del ámbito gubernamental para sus negocios, sus concesiones, la 2.5, lo que es el negocio principal de MVS. “los empresarios en México, en particular los de las concesiones, han estado históricamente bajo el yugo y condicionamiento del gobierno, que sigue afectando  la libertad de expresión y los contenidos de la radio y la televisión. “Les planteo que no podía aceptar la censura y menos en un reportaje de esa naturaleza, que la sociedad tenia derecho a saber eso y que no la íbamos a meter en un cajón. Para no generar ruptura con ellos, la salida para nosotros es que la divulgaríamos de otra manera. No nos comprometimos a no hablar de ellos en MVS, sino que la estación  no fuera la señal de origen del reportaje. Salió en La Jornada y Proceso un domingo. Todo lo que sucedió después es conocido por el público y obviamente esto está pasando en el trasfondo de lo que está pasando ahora. La escalada que llevó a nuestra salida según MVS como Mexicoleaks y el pretexto del uso de marca, el despido de los reporteros y la imposición de los libramientos fue en la misma semana. Y todo esto transcurrió entre un puente y Semana Santa. Según Aristegui la perspectiva sería: “Esta no es la primera ocasión en la que los concesionarios de la comunicación se ven doblegados por el poder político”.

“Este capítulo de construcción autoritaria no es el primero que vivimos con MVS. En l primer capítulo vimos lo insólito: oír a un empresario de medios de comunicación como Joaquín Vargas decir que fue sometido para sacar del aire a una periodista en febrero de 2011. No es la primera vez que esta compañía, y otras que no lo dicen, fue sometida para actuar en contra de sus periodistas”. En esta compañía el primer despido fue cuando reprodujo versiones sobre el presunto alcoholismo del anterior presidente Felipe Calderón. Aunque Calderón ya estaba por salir este tipo de operación involucró en su momento al gobierno de Calderón, a un empresario y a una periodista, y este caso nos da en perspectiva la situación que ahora se esta viviendo. En aquella ocasión Joaquín Vargas fue una caja de cristal y asumió con valentía el costo de decir lo que pasó. Reconoció que Los Pinos le dijo que si recontrataba a la periodista, a su proyecto empresarial se lo llevaba la chingada. Ese capítulo no podemos olvidarlo.” Hoy la operación con los hijos de Vargas es totalmente opaca, pero tiene ingredientes similares. No es la misma situación política. No es lo mismo Calderón de salida que EPN con cuatro años de presidencia enfrente. (La Jornada, política, p.p. 1-4, 6 de Abril, 2015).

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