Oceanografía y Casinos

Nacional
Piden información sobre condiciones “favorables” en que se les otorgó permiso
Oceanografía y Casinos
Por: Carlos Damián                                                      26 de julio, 2014
En septiembre de 2012 el banco signó un “contrato regulador”
México. - Desde 2008, Banamex tenía problemas con la empresa Oceanografía, ya que una línea de factoraje por 900 millones de pesos estaba vencida. Además, 8 por ciento de las facturas entregadas por la compañía propiedad de Amado Yáñez Osuna (AY) “tenía alguna irregularidad” o incluso varias eran falsas, por lo que la institución bancaria decidió cerrar esa línea de crédito. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2012 Banamex celebró un contrato maestro, denominado regulador, que establecía la aplicación de descuentos acordados entre las partes y la cesión de derechos de cobro que derivaran de dichas operaciones, de acuerdo con un informe de dictamen emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que concluyó que Banamex había sufrido un quebranto por 455 millones281 mil 780 pesos provocado por el director de Oceanografía, con el contubernio de empleados de la institución crediticia.

Banamex tampoco tomó cuenta que AY, en ese entonces, había buscado infructuosamente conseguir créditos en Bancomer, que rechazó entrar en tratos con el empresario. Banamex pasó por alto las irregularidades financieras y por la presentación de facturas falsas en que incurrió Oceanografía desde 2008, que derivaron en la denuncia que la institución bancaria presentó ante la PGR el 14 de febrero pasado, la cual actuó penalmente contra AY, quien sigue su proceso en libertad bajo fianza. Ante las dificultades que enfrentaba Oceanografía. Y contrató los servicios profesionales de Martín Díaz Álvarez, quien trabajó con él hasta 2012, en la reestructuración de las finanzas de la empresa, que estaba al borde de la quiebra. Los informantes señalaron que entonces Oceanografía arrastraba un “bono flotado” en Estados Unidos de 335 millones de dólares a siete años, con pagos semestrales de 20 millones de dólares. Con créditos vencidos con la financiera holandesa Rabo Bank; el primero adquirido en 2007 por 102 millones de euros y el segundo por 115 millones de euros, utilizados para la construcción de nuevas embarcaciones.

En tanto, la empresa tenía rentas vencidas por 120 millones de dólares con la naviera estadounidense Otto Candies con la que signó un contrato para construir 22 embarcaciones. La renta del barco más grande del mundo, Goliat, también presentaba adeudos en la renta mensual de 3.5 millones de dólares mensuales. Pero también estaban pendientes pagos por mas de 90 millones de pesos a proveedores nacionales, sin contar “la falta de control y de producción de registros contables auditables”, así como los adeudos con el Servicio de Administración tributaria (SAT) y los institutos federales: IMSS y del INFONAVIT. La estrategia seguida fue contratar despachos especializados en temas corporativos y la creación de dos compañías: una que reestructurará las finanzas (la cual cobró 4.8 millones de dólares por los servicios presados) y otra denominada Shipping, que tenía la encomienda de garantizar la viabilidad de Oceanografía. De acuerdo con el contrato firmado entre AY y Martin Díaz, “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el prestador de servicios podía intervenir directamente en las decisiones administrativas ni en las operaciones de los negocios de Oceanografía, ya que los servicios que prestaría estaban limitados a la asesoría financiera de la empresa”.
De acuerdo con la información recabada, el trabajo conjunto de Díaz y de la asesoría financiera de empresas de prestigio internacional permitió regularizar las finanzas de oceanografía en 2012, y con Banamex, la deuda por línea de factoraje quedó en 2012, y con Banamex, la deuda por línea de factoraje quedó en 600 millones de pesos, lo que permitió a la empresa operar de forma normal con perspectivas de crecimiento. Esta situación permitió que los ingreso de Oceanografía pasaron de 7 mil 240 millones de pesos en 2011 a 12 mil 057 millones de pesos en 2012. Dos años después, según el dictamen de la CNBV del pasado 29 de abril, elaborada a solicitud de la Procuraduría fiscal de la Federación, que fue la base para que la PGR actuara contra AY, el propietario de Oceanografía es investigado por el uso de facturas falsas de Pemex para mantener su línea de crédito con Banamex, lo que se tradujo en un desfalco para la institución bancaria superior a 455 millones de pesos.

Casinos Big Bola
La comisión especial de diputados para el asunto de los casinos solicitó formalmente a la SG información acerca de la presunta relación de los establecimientos Big Bola con las empresas Oceanografía y Explotaciones La Caprichosa, así como sobre la posible vinculación con una red de lavado de dinero. “Esta situación pondría en entredicho la legitimidad del proceso de compraventa de los salones Big Bola (del permisionario comercial de Juegos de la Frontera, administrado por Oscar Rodríguez Borgio)”, se indica en la misiva enviada por los legisladores a la directora de Juegos y Sorteos de la SG, Marcela González Salas Petricioli. La comisión pide datos acerca de las condiciones “muy favorables” con las que se otorgó, en diciembre de 1997, el permiso con vigencia ilimitada para 18 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números. Los diputados subrayaron a la funcionaria que se desconocen los términos específicos de la autorización, por lo que piden que se precise si en la SG existe algún procedimiento administrativo contra el operador de estos casinos (La Jornada,2/7/14).

Según la información preliminar al alcance de los legisladores por el caso Oceanografía y el fraude a Citigroup-Banamex, Martín Díaz Álvarez (MD) y los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio (RB), (este último actual “administrador único” de Big Bola cuentan con orden de aprehensión de la PGR y con alerta roja de la Interpol para ser localizados (acta circunstanciada UEIORPIFAM/74/2013) por los delitos de lavado de dinero y defraudación financiera. Según datos extraoficiales, MD, ex presidente del Consejo de administración de la naviera Oceanografía y la caja Libertad, es el principal indiciado por el fraude en perjuicio de Banamex y Pemex por más de 585 millones de dólares, además del presunto lavado de dinero por medio de las empresas Big Bola, Caja Libertad y el equipo de futbol Querétaro, entre otros delitos. También de conocimiento de los diputados, indica que la empresa Big Bola se habría asociado con los hermanos Aguirre Vizuet (AV) para operar permisos de Atracciones y Emociones Vallarta, la cual fue vendida al empresario Julio Ordoñez Langarica, quien fue denunciado ante la PGR por haber sobrevendido más de 50 casinos, entre otros los casinos del Royale, donde medio centenar de personas murieron a causa del incendio ocurrido en agosto de 2011.

Los hermanos AV habría sido administrador de explotaciones de la finca La Caprichosa (ubicada en España de los hermanos RB) y estaría vinculado a Ángel Rodríguez, el Divino, ex banquero procesado por fraude y lavado de dinero en el sexenio de Zedillo (1994 – 2000). A su vez una ficha informativa de la SG precisa que el permiso en cuestión (DGG/723/97) fue otorgado el 18 de diciembre de 1997 y fue firmado por Gonzalo Altamirano Dimas “siendo importante destacar que el mismo no tiene vigencia, ya que es por tiempo indefinido, autorizando la operación y explotación de 18 establecimientos”. Aunque la dependencia concluye que “no existen irregularidades relevantes de hacer notar”, precisa que los accionistas originales se encuentran el litigio con los actuales. En las dos administraciones de extracción panista se otorgaron a este permisionario cuatro cambios de domicilio de casinos, en un contexto en que las autoridades locales regularmente autorizan la apertura de casinos, aunque se encuentren en sitios prohibidos. El artículo noveno de la ley actual indica. “Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos podrá establecer cerca de escuelas o centros de trabajo”. En julio de 2006 le fue autorizada a este permisionario la instalación y operación de máquinas tragamonedas. (La Jornada, política, p.p. 5-6, 26 de Junio, 2014).