Empresa lucra con el horror

Nacional Los desaparecidos son ahora objeto de comercio Empresa lucra con la base de datos Por: Carlos Damián                                   20 de diciembre de 2021

México . - La Segob, presentó el lunes pasado (13/07/2020), el informe sobre búsqueda, identificación, y versión publica del registro de desaparecidos, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Este documento registra la ausencia de 73 mil 218 personas, y mil 540 de ellas fueron reportadas como desaparecidas entre 1964 y 2006, el resto de personas, 97 por ciento de los casos, desaparecieron después de ese año. La tragedia es y será aun cuando se tratara de una sola persona, no podemos voltear al otro lado, debemos enfrentar este fenómeno del siglo XX. A cifra fue expuesta por el titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por el subsecretario del ramo, Alejandro Encinas, quien preside la CNB, y da cuenta de un abismo de horror masivo y colectivo que no podemos soslayarlo, y estas cifras siguen agraviando a la sociedad de manera constante. Por desgracia el correlato de ausencias es la proliferación de fosas clandestinas, se han encontrado tres mil 978 entre el primer gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y la fecha presente, teniendo casi un tercio del total, después del uno de diciembre de 2018, por lo que se han recuperado 6 mil 625. De los mil 625 encontrados durante el actual gobierno solo 712 pudieron ser identificados y 431 ya fueron entregados a sus familiares. El titular de la CNB, informó que las entidades con mas fosas clandestinas localizadas son. Veracruz; Sinaloa; Colima; Sonora, y Guerrero, en donde se concentra 57 por ciento del total, destacó que ello refleja, la voluntad de colaboración con la institución que representa, por parte de los respectivos gobiernos y fiscalías estatales; mientras que las autoridades de Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, y Sonora no han aportado la información requerida a las instituciones federales. Los datos antes referidos reflejan la inmensa tragedia n la que el sexenio de Calderón sumió al país al declarar su “guerra contra el narcotráfico”, en donde tenemos que comenzar a tener lo que llamamos ‘desaparición forzada’, y en la que anteriormente los gobiernos del PRI, era un instrumento en la represión a los opositores al régimen antiguo. Ahora se ha convertido en un instrumento de represión de uso masivo en las confrontaciones entre las organizaciones delictivas, y las corporaciones militares y policiales. No podemos descuidar la responsabilidad histórica del régimen panista de Calderón, que va más allá de los limites históricos que con sus principales colaboradores nos dejaron esta herencia de pesadilla, y el compromiso de esclarecer los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, pues la desaparición forzada es uno de ellos, ya que su comisión se prolonga durante toda la ausencia de las victimas. Están lucrando con la tragedia masiva Ha saltado la punta de la madeja de los desaparecidos en México, pues a partir de dos datos en apariencia aislados, debido a la investigación de dos reporteras freelance, Wendy Selene Pérez, y Paula Mónaco Felipe, se ha descubierto cómo, durante el sexenio de Peña Nieto, se permitió operar a una empresa privada, acceder, copiar y lucrar con la base de datos genéticos familiares de cerca de 70 mil desaparecidos. Uno de estos casos particulares llegó a conocimiento de Mónaco Felipe, cuando la hondureña, Ana Enamorado, anda en busca de un pariente migrante desaparecido desde 2010, y fue confirmado por una mujer que se identificó, como mariana García Sosa, representante de Central ADN, compañía que la contactó para asegurarle que su laboratorio detectó que “en una morgue, de Michoacán hay un cuerpo que podría ser el de su hijo”, y para 2018 se contactaron con ella. Esta llamada no cayó en el descuido. La madre en su lucha por encontrar a su hijo Óscar, Ana quien es hoy una destacada defensora de derechos de migrantes, con el tiempo ha aprendido mucho y en este trajinar conoce fraudes y trampas que acechan a los buscadores de los desparecidos. “Topamos con una de esas situaciones despiadadas que viven los familiares de los desaparecidos, que van entre el fraude, el engaño, la burla, el maltrato y el riesgo de perder los datos genéticos, que son la única forma de saber el paradero de sus seres queridos”. Que hoy están en poder de manos privadas, que lo han convertido en un negocio particular. En este contexto, de la madeja y sus puntas, vemos que el otro tramo de hilo lo encontró Wendy Selene, en Coahuila, pues ella lleva años especializándose en este trabajo de reporteo de desaparecidos, ya aque es una herida abierta y martirio de los familiares que lo llevan por muchos años. Ella había solicitado información a la fiscalía de Coahuila sobre varios casos que investigaba, uno de ellos era el de Tania Sánchez, desparecida en enero de 2012, en las goteras de Torreón, Coah. En el documento escrito especificaban 14 restos encontrados “fueron analizados”, por una empresa particular, Central ADN, de origen Michoacán. Lucran con la base de datos de los desaparecidos Aunque la periodista había escuchado que algunos gobiernos se apoyaban en los servicios particulares, como, ambulancias, funerarias … pero nunca relacionados con el perfil genético de los individuos que han recurrido a la procuración de justicia del Estado. En la entrevista de Petrich, narra Paula: “Empezamos a halar los dos hilitos. Al principio, en una solicitud de información por transparencia, negaron la existencia de convenios con empresas privadas, pero en la medida que avanzamos dimos con más indicios de éstos en varios estados, hasta que apareció un dato central: el primer comisionado de búsqueda de victimas de desaparición forzada, integrado a la Comisión Nacional de Seguridad (antes estuvo bajo el mando de Renato Sales Heredia), Roberto Cabrera Alfaro, tiene en curso un proceso penal abierto en la Fiscalía Anticorrupción. El presunto delito es “ejercicio indebido de la función pública, (Violación al artículo 214 del Código Penal Federal). Y de ser encontrado culpable, recibiría una pena de 12 años en prisión. Específicamente, a Cabrera Alfaro se le acusa, de haber entregado a un particular (Central ADN, SA de CV.), sin convenio ni pago, la copia de la base de datos del banco genético de la antigua PGR, mientras dirigía la CNB, en 2018. Aunque se presentó la solicitud de amparo contra la vinculación a proceso, un juzgado de distrito se la negó. Después de tres audiencias suspendidas a lo largo de un año, y la próxima audiencia, se espera en enero de 2022. En esta investigación se pueden apreciar, vínculos del trafico de ADN, de tres funcionarios públicos del sexenio de Peña Nieto. Primero citaremos a Renato Sales Heredia, actualmente titular de la FGR de Campeche, para 2015, bajo su mando en la Comisión Nacional de Seguridad, se creó la CNB. Podemos ver como este funcionario nombró como responsable a su paisano Cabrera Alfaro, ya que anteriormente habían trabajado juntos en 2002 – 2006, en la Procuraduría general de Justicia (PGJ), de la CDMX. Podemos suponer que el robo de datos sucedió en el momento en el que Sales Heredia es responsable del área. La segunda persona involucrada en este robo de base de datos, es Marta Acela Valdés González, anteriormente directora del Laboratorio de Biología Molecular de Servicios Periciales de la antigua, PGR, cuando firmó convenio con Central ADN para el ingreso de tres laptops Lenovo a sus instalaciones, con el fin de hacer “una demostración de software”. De acuerdo a lo anterior, Paula Mónaco, implicó cargar en las tres máquinas, empresa representada por Mariana García Sosa, la base de datos con la genética de cerca de 50 mil victimas de la desaparición forzada. “Esto implica que una copia está en la nube. En la misma página WEB de la empresa susodicha, hay una liga de acceso con el programa AlteaDB. Lo mínimo que se debe saber es quién tiene acceso a esa base, preguntamos en la FGR, y no obtuvimos información”. Tampoco han logrado precisar que Marta Acela Valdés, hoy consultora privada después de aspirar a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda, esté sujeta a investigación. En esta secuencia de horror, se tiene a Lía Limón involucrada en esta trama de comercio y trafico de la base de datos. Limón fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012, y 2015. Cuando se integró la base de datos con el software Codis de la FBI. En aquel entonces era la encargada de poner en funcionamiento esa base de datos. Y para esa época era la pareja de Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, quien aparece en enero de 2013 en el acta constitutiva de Central ADN, como secretario de la sociedad mercantil. Y para ese entonces apareció una oportunidad de hacer negocio. Cajón de sastre Se tiene conocimiento que con el convenio de acuerdo con Wendy Selene Pérez, se tuvo: Morelos, (convenio UPAC/SER133/2016), para hacer 149 pruebas de identificación humana de las fosas comunes de Tetelcingo, se pagó poco más de un millón de pesos. Coahuila, en este convenio se obtuvieron 4.1 mdp, entre 2018. Y un acuerdo de capacitación en San Luis Potosí, e inclusive se tuvo solicitudes de información en diferentes estados, donde han negado la existencia de convenios. En un país con cerca de 100mil desaparecidos, una confronta de muestras tiene un costo aproximado a los 200 dólares. Pero hasta ahora Central ADN, no ha cobrado por hacer pruebas a los familiares que la contactaron; pero se cobra de otro modo: las familias se les utilizó para tener acceso a otros espacios, digamos, relaciones con las organizaciones de buscadoras, contactos políticos, (...) otros negocios en puerta. Las implicaciones, que se pueden avizorar es que: tenemos una violación a los datos personales, que están protegidos por la ley del INAI. Y asi se puede ver, como se pierde de vista el objetivo de los perfiles de los datos personales, al convertirse en un objeto de comercio, sin respetar los datos personales; y se pierde la posibilidad de encontrar a nuestro familiar desaparecido. 19/12/2021. (Todos los escritos fueron recolectados en la red de internet, Guadalajara, Jalisco, México, a 20 de diciembre de 2021).

“Desaparecidos: abismo de horror”, editorial, La Jornada, 14/07/2020. “Descubren empresa que lucra con base de datos genéticos de desaparecidos”, Blanche Petrich, La Jornada, 19/12/2021.