La política del terror

Nacional En el sexenio han desaparecido 70 mil personas en tránsito La política del terror Por: Carlos Damián 23 de Agosto, 2012 La cifra del INEGI son de 95 mil muertos mexicanos en el sexenio México. – Durante el sexenio de Felipe Calderón se emprendió una política de “terror” en materia migratoria, caracterizada por asesinatos, secuestros y torturas contra miles de migrantes que transitan por territorio nacional, señalaron defensores de los derechos humanos. Agregaron que el gobierno federal deja una deuda en la protección de las garantías y seguridad de ese sector. Uno de los ejemplos paradigmáticos es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde se hallaron los cuerpos de 72 migrantes en una fosa clandestina, hecho que permanece en la impunidad. El pasado martes, (21/8/12), se realizó un acto para conmemorar el segundo aniversario de esos asesinatos, donde se anunció que el caso será analizado por el Tribunal Permanente de la Pueblos (TPP), como crímenes de estado y lesa humanidad, y hasta genocidio por su gravedad. Se informó que además 2006 a la fecha han desaparecido unos 70 mil migrantes en el país, muchos de ellos encontrados en fosas clandestinas en diferentes ciudades. El Obispo de Saltillo, Coahuila, y miembro del consejo de garantes del capítulo mexicano del TPP, Raúl Vera López (RVL), subrayó que las políticas migratorias del gobierno mexicano no son de apoyo, y su finalidad es evitar que lleguen a Estados Unidos. “Es muy clara la impunidad en la que se deja actuar al crimen organizado, es una política de terror”, dijo RVL. La cifra de homicidios en México debido a la Guerra contra el crimen Senadores electos del PRI se mostraron sorprendidos por las cifras sobre homicidios dados a conocer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (INEGI). En tanto el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que en el caso de su entidad las cifras son erróneas, ya que hay una reducción sensible de la criminalidad. En tanto la senadora electa y secretaria general del PRI, comentó que siempre se manejó la cifra de 60 mil muertos e impacta que ahora el Inegi señale que durante el sexenio de Calderón han muerto 95 mil y que el año pasado la cifra fue de 27 mil. “Eso nos habla de fortalecer el Estado de derecho, lo que no sólo depende de las reformas legislativas, sino de acciones de los tres niveles de gobierno”. La senadora resaltó que en muchos estados, como Chihuahua, se está haciendo un esfuerzo importante para reducir la violencia y la criminalidad, y coincidió, que en esta ciudad se ha reconstruido el tejido social y los empresarios hablan de una mayor actividad económica y comercial en el municipio. Otros senadores electos como Omar Fayad, consideraron que la cifra del Inegi motiva una reflexión y pone de manifiesto la necesidad de cambiar la estrategia para el combate al crimen organizado. Las políticas del estado son de control de la población Es evidente que el crimen organizado ha infiltrado a instituciones públicas como el Instituto Nacional de Migración, el Ejército y las corporaciones policíacas y paramilitares, tanto local como federal. Estas políticas migratorias son de control, y no son de apoyo, y de asistencia a la población y tienen como finalidad frenar a estos inmigrantes que no lleguen a su destino final que es Estados Unidos. El caso San Fernando exhibe la complicidad entre quienes están en los retenes supuestamente para capturar a los migrantes y deportarlos. “Son esos mismos policías quienes entregan a los migrantes a los delincuentes en las casas de seguridad; lo que significa un aumento de la putrefacción de las estructuras de administración de la justicia”. Se caracterizan las capturas por la cadena de impunidad que permite actuar al crimen organizado significa sufrimiento, muerte, tortura y destrucción de los indocumentados y sus familias, que abandonan su patria con la esperanza de mejorar sus vidas, señaló. José Jacques Medina, ex diputado federal y miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Migrante indicó que durante la administración federal han desaparecido unos 700 mil migrantes en tránsito. Con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que en sólo en el primer semestre de 2010 el organismo reportó la desaparición de 10 mil migrantes y al cierre del año la cifra superó los 20 mil. Camilo Pérez Bustillo, de la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del capítulo mexicano del TPP, sostuvo que “hoy nos convoca la patología del Estado mexicano”. “La persistente impunidad de un caso emblemático de terror actual, que ha marcado y permeado el sexenio que concluye entre los puños ensangrentados de Calderón”. El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia sobre la cifra de muertos del Inegi, 95 mil 632 homicidios de 2007 a 2011, opina que “es parte de un reflejo de la situación de inseguridad pública que hemos venido viviendo en los últimos años y lamentablemente la escalada de violencia fue dándose en algunos estados”, apuntó. Por otro lado, el ombudsman anunció que ya solicitó iniciar una queja sobre el caso de la escuela destruida en la comunidad michoacana Nueva Jerusalén, donde un grupo fanático agredió a quienes defienden la educación laica e impidió el paso a niños y maestros para evitar el reinicio de clases. Dolores González Sarabia, de Servicios y Asesoría para la Paz, indicó que los crímenes de migrantes se seguirán presentando mientras no se castigue a los responsables y no se combata la impunidad. El acto se efectuó en la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde el titular del organismo, Luis González Plascencia, resaltó que la masacre de San Fernando dejó en claro la realidad de los secuestros de migrantes por el crimen organizado, denuncias que habían sido sistemáticas señaladas por organizaciones civiles e ignoradas por los gobiernos federal y estatal. (La Jornada, política, p.p. 2- 5, 22 de Agosto, 2012).

The ranch tribunals

National It intends that the tribunal even goes beyond the legal term The ranch tribunals By: Carlos Damián August 24, 2012 AMLO is a key piece of the new political party México. – The Progressive Movement demanded to the Electoral Federal Tribunal of the Judicial Power of the Federation (TEPJF) that they study and thoroughly analyze all the offenses presented against the result of the presidential election, and time is given to even emit the sentence beyond the established term that is for September 6th. For the leader of the PRD, it is necessary to revise the substantial information so that the magistrates count the enough elements to emit their sentence. "We outline them that they were not able to, besides being erected as tribunal of constitutionality, to neither be isolated of the environment partner - political, economic that it exists in our country where is clear for us that all the development outlines have been drained." "Therefore, the resolution of the TEPJF in next days will be decisive for the course that will follow the public life in our country with so much dissatisfaction, with so much complicated situation that has left accumulating. We will hope this happens they won't solve on the knees, without thoroughly examining, thoroughly our allegations”. "To avoid place to doubts, to interpretations and misrepresentations of any type that, be which is the resolution, and certainly we wait that they agree with us, we will value it in their moment in all their terms to also determine our performance, in that that of there they are derived". Alberto Anaya, electoral deputy for the PT, the demand was added to the tribunal, and that this assumes its historical paper. "We have the topic of the political consequence. They are getting ready the conditions for an authoritarian restoration with the pattern of the old PRI of the seventies. We would be also before social consequences, because they don't bring that interest of making bottom changes; the topic of the social insecurity; that of the unemployment, the one of closing them the doors to the youths without any hope. If in this election they don’t proceed according to right and they don't proceed to invalidate it, indeed the consequences will be serious”. Jesus Zambrano national leader of the PRD says that almost 16 million people voted for us, and they want to put on in the stool of the accused to who we accuse, those that violated the law that they became electoral criminals." The summit of the left parties As a " farce " orchestrated by governor Angel Heladio Aguirre Rivero of Guerrero's State, and the boss of Government of the Federal District, Marcelo Ebrard (ME), the Summit of the Lefts was qualified that it began in the port of Acapulco and it concludes on Wednesday (8/15/12), to which was not invited the leader Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Jose Francisco Garcia Gonzalez (JFGG), Aurora Muñoz, and Urbano Lucas. They are members of the current of the brigade for the truth; of the Civic Current, and of the Unit of Guerrero’s Left. The members of the PRD coincided in that such a summit is a since “farce” it was excluded AMLO, and to the authentic members of the PRD of the entity. JFGG, emphasized that to this summit “the historical leaders of the party don't attend as: Eloy Cisneros Guillen, Juan Garcia Costilla, Pablo Sandoval Cruz, and in general the historical founders of the PRD”. In that summit “is sought to create the plan pilot to bolster the campaign of ME, and to legitimate Enrique Peña Nieto supposition victory", they accused, and they added that the meeting is organized by Jesus Ortega and Jesus Zambrano. To initiative of the ‘chuchos’ it has been given in calling “the meeting summit” of the electoral left-wing. Guests to this meeting are: Miguel Angel Mancera of the Federal District, Arturo Nuñez Jimenez of Tabasco, and Graco Ramírez Garrido, Abreau of Morelos, those previously mentioned ones are recently elect, and willing leaders to begin institutional negotiations with Enrique Peña Nieto (EPN); in an impulsive and outstanding way the last one mentioned in this excellent list. The Guerrero’s governor, is not a beginner in these political fields, he has a long political career in the PRI, before to give up and to become "opposition", very bound with the political current of EPN, but with desire of becoming leader of the new left of the PRD. In this political analysis we forget to mention Barbosa and Aureoles of the PRD, with a vocation for merchant's pragmatism. Luis Miguel Barbosa is the leader of the PRD in Puebla, it is a cacique and operator of the "alliance" with the PAN that took to the government of teacher's Elba Esther Gordillo political current, Rafael Moreno Valle, and specialist in relating strategies to the election plurinominal, an euphemism to take to the power to the political friend without popular election in the polling-booth. Silvano Aureoles, is a Michoacan’s man that has grown to Amalia Garcia's help, it was made and it grew in the school of the ‘inheritance’ way exercised by Lazaro Cardenas Batel, in the governments of Michoacan and of Zacatecas; it was federal deputy, and candidate to governor of Michoacan, contending in front of figures as Fausto Vallejo and 'Cocoa' Calderon, the president's sister, and he was in third place in the elections for to Michoacan’s governor. Although it doesn't correspond to the traditional pattern of the tests that they make work the justice before the judges, and their presentation is late due to the intricate roads of the federal tribunal. AMLO still member of the PRD, has an uncertain future with his movement social ‘Morena’, because it is spoken as the seed of a project of a new political party, although that organization has not lifted head after the strong received electoral blow. The suffering change has not been able to be assimilated by the PRD, since one year ago it was in terminal situation, and today it has strengthened for the political work of AMLO, but it has arrived the moment that the twice presidential candidate one time it was stolen and the other occasion was bought the election - that assumes a distant position of the ornamental “moral leadership". (La Jornada, politica, p.p. 6 – 15, August 15,2012).

The federal government's expropriation

National It qualifies of “arbitrary and unjust” the federal government's performance The federal government's expropriation By: Carlos Damian August 28, 2012 El presidente JVG, asegura que el retiro de concesiones no afectará a MVS Mexico. – The president of Multivision (MVS) Joaquin Vargas Guajardo (JVG), he committed with the workers of that company to give the fight against the decision of the Ministry of Communications and Transports (SCT, in Spanish) of retiring him in a premature way the concessions in the band of 2.5 gigahertz (GHz). In an internal official statement the manager assured that the federal government's performance “is clearly arbitrary, unjust and unjustified” and he committed to fight “this battle with decision and until the end." The message had the intention of generating certainty among the personnel of MVS, since JVG specified that the retirement of concessions won't affect the work sources of those who work in MVS, Radio and Dish(corporate of communications for satellite), because they are in other frequencies. To one week that the Ministry of Communications, Dionisio Perez Jacome, announced that the federal government cannot wait to that conquer the concessions in the band of 2.5 GHz, to be spectrum that is underemployed. President JVG will give to know his posture and the strategy to continue in this case, because the official decision took place after years of chats and negotiations during the project “2.5 wide Band for all of them", with the one that the company looked for to demonstrate that it has investors and enough technology to conserve and to exploit the according band they mark the tendencies generational. Vargas exhibits documents of the pressure of Los Pinos residence JVG also pointed out the form in that the executive conditioned that answer of the communicator to allow that the company conserved the spectrum that has in the band of 2.5 gigahertz. The conflict was shot in question of hours. Vargas said that after the demand that the communicator apologized it arrived to that the own spokeswoman of the Presidency, Alejandra Sota edited the text that Aristegui should read, with the argument that he had received “an unnumbered of critical and questions in the social nets and personally through different paths." The tests presented by JVG were electronic mail and chats via Blackberry that one to one was given and certified by public notary 22, Luis Morales Viesca, through which the manager documented two weeks of conflict and the federal government's intervention. As Aristegui according to the text should accept that it forced the ethics code from the company when giving” for valid a presumption truly serious envelope the physical integrity, and of a person's behavior and especially of the President", of Mexico. The coercion increased in 2008, when MVS rushed ' Dish' to the market Vargas related how the conflict went to more when Aristegui offered a conference, and while she spoke AS it pressed it for that the journalist to present excuses and it delimited the government of the case. The manager related that days later it opted hire Aristegui again and not to accept the demand of “discharging” the president of the conflict. At the same time, he offered to present in the spaces of MVS an interview with the president, to what no longer had answer. The manager pointed out that the pressures against of MVS. The entrepreneur recognizes that the pressures against MVS began in 2008, when it threw to the market ‘Dish’ that represented a competition for the companies of pay television of it Televisa Co., but in spite of that they followed the negotiations so that the government approved his project of 2.5 wide bands. The opinions on this case are opposed since there is who they assure that it is an outrage with an eye toward benefitting to it Televisa Co., and they are also those that consider that to bid the spectrum to rescue is a success, but some and others coincide in that the project 2.5 'wide Band for all of them’ is viable in the technical and economic. Due to a blanket that deputy Gerardo Fernandez Noroña had shown, February 4, 2011, journalist CA mentioned to the presumed alcoholism of Calderon. “We felt anger because Carmen transferred the President the load of the test", Vargas affirmed. After Sota communicated to apologize him a public, the then in that time, Minister of the Work, Javier Lozano, was who suggested him “a quick and overwhelming answer and exit", and he added: "it cannot be this it fucking phobia of Carmen". JVG said that he accepted to apologize, and then he went to an appointment with the recently noted leadership of the SCT, Dionisio Perez Jacome who informed him that the meeting was canceled because he had instructions of the Presidency of not treating any matter of MVS and the band of 2.5 until Aristegui apologized with the President. When abandoning the facilities of the SCT, it expressed, “nobody could believe what was happening. In all my professional experience, never, nobody in the government had made an excess like this, now yes, it is, I told them; they are tossing us above the force of the state". He sustained that the following hours and the complete weekend was of negotiations with Aristegui and the Presidency. The journalist accepted to apologize, but with a message edited by herself, in which would not retract. Sota mentioned JVG in its office February 5 and she gave him the text of what she considered “the minimum thing” that Aristegui should say, with fist annotations and letter of it would work her, what a notary certified. The communicator should say that she investigated with near to the president, for conduit of the journalist that covers the source for MVS, and she didn't find indications that Calderon had missed one of its government's a thousand 700 events for some problem of health, and she should affirm that he is a healthy man that practices sport swimming, cycling and he runs among three five daily kilometers. He is a real athlete that should go to the Olympic games. (La Jornada, economia, p.p. 6 – 30, 15 August 15, 2012).

La expropiación del gobierno federal

Nacional Califica de “arbitraria e injusta” la actuación del gobierno federal La expropiación del gobierno federal Por: Carlos Damián 28 de Agosto, 2012 El presidente JVG, asegura que el retiro de concesiones no afectará a MVS México. – El presidente de Multivisión (MVS) Joaquín Vargas Guajardo (JVG), se comprometió con los trabajadores de esa empresa a dar la pelea en contra de la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de retirarle de forma anticipada las concesiones en la banda de 2.5 gigahercios (Ghz). En un comunicado interno el empresario aseguró que la actuación del gobierno federal es “a todas luces arbitraria, injusta e injustificada”, y se comprometió a pelear “esta batalla con decisión y hasta el final”. El mensaje tuvo la intención de generar certidumbre entre el personal de MVS, ya que JVG precisó que el retiro de concesiones no afectará las fuentes de trabajo de quienes laboran en MVS, Radio y Dish, pues se encuentran en otras frecuencias. A una semana de que el secretario de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome, anunció que el gobierno federal no puede esperar a que venzan las concesiones en la banda de 2.5 GHz, por tratarse de espectro que está subutilizado. El presidente JVG dará a conocer su postura y la estrategia a seguir en este caso, debido a que la decisión oficial se produjo luego de años de pláticas y negociaciones durante el proyecto “2.5 Banda ancha para todos”, con el que la empresa buscaba demostrar que cuenta con inversionistas y tecnología suficientes para conservar y explotar la banda conforme marcan las tendencias generacionales. Vargas exhibe documentos de la presión de Los Pinos También señaló JVG la forma en que el ejecutivo condicionó esa respuesta de la comunicadora a permitir que la empresa conservara el espectro que tiene en la banda de 2.5 gigahercios. El conflicto se disparó en cuestión de horas. Vargas dijo que tras la exigencia de que la conductora se disculpara se llegó a que la propia vocera de la Presidencia, Alejandra Sota redactara el texto que Aristegui debía leer, con el argumento de que había recibido “un sinnúmero de críticas y cuestionamientos en las redes sociales y personalmente a través de distintas vías”. Las pruebas presentadas por JVG fueron correos electrónicos y chats vía Blackberry, que uno a uno fueron entregados y certificados por notario público 22, Luis Morales Viesca, a través de los cuales el empresario documentó dos semanas de conflicto y la intervención del gobierno federal. Como Aristegui según el texto debía aceptar que violentó el código de ética de la empresa al dar “por válida una presunción verdaderamente grave sobre la integridad física, y de comportamiento de una persona y especialmente del Presidente”, de México. La coacción aumentó en 2008, cuando MVS lanzó ‘Dish’ al mercado Vargas relató cómo el conflicto fue a más cuando Aristegui ofreció una conferencia, y mientras ella hablaba Sota lo presionaba para que la periodista presentar disculpas y deslindara al gobierno del caso. El empresario relató que días después optó por volver a contratar a Aristegui y no aceptar la exigencia de “exonerar” al presidente del conflicto. Al mismo tiempo, ofreció presentar en los espacios de MVS una entrevista con el presidente, a lo que ya no tuvo respuesta. El empresario señaló que las presiones contra de MVS. El empresario reconoce que las presiones en contra de MVS se iniciaron en 2008, cuando lanzó al mercado Dish, que representó una competencia para las empresas de televisión de paga de Televisa, pero a pesar de eso seguían las negociaciones para que el gobierno aprobara su proyecto de 2.5 banda ancha. Las opiniones sobre este caso se contraponen ya que hay quienes aseguran que se trata de una arbitrariedad con miras a beneficiar a Televisa, y también están los que consideran que licitar el espectro por rescatar es un acierto, pero unos y otros coinciden en que el proyecto 2.5 ‘Banda ancha para todos’ es viable en lo técnico y económico. Debido a una manta que había mostrado el diputado Gerardo Fernández Noroña, el 4 de febrero de 2011, la periodista CA aludió al presunto alcoholismo de Calderón. “Sentí coraje porque Carmen trasladaba al Presidente la carga de la prueba”, afirmó Vargas. Después que Sota se comunicó para pedirle una disculpa pública, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano , fue quién le sugirió “una rápida y contundente respuesta y salida”, y agregó: “no puede ser esta pinche fobia de Carmen”. JVG dijo que aceptó disculparse, y luego se dirigió a una cita con el recién nombrado titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome quien le informó que la reunión estaba cancelada porque tenía instrucciones de la Presidencia de no tratar ningún asunto de MVS y la banda de 2.5 hasta que Aristegui se disculpara con el Presidente. Al abandonar las instalaciones de la SCT, expresó, “nadie podría creer lo que estaba sucediendo. En toda mi experiencia profesional, jamás, nadie en el gobierno había cometido un exceso como éste, ahora sí, les dije, nos están echando encima la fuerza del estado”. Sostuvo que las siguientes horas y el fin de semana completo fue de negociaciones con Aristegui y la Presidencia. La periodista aceptó disculparse, pero con un mensaje redactado por ella misma, en el cual no se retractaría. Sota citó a JVG en su oficina el 5 de febrero y le entregó el texto de lo que ella consideraba “lo mínimo” que debía decir Aristegui, con anotaciones de puño y letra de la funcionaria, lo que certificó un notario. La comunicadora debía decir que investigó con cercanos al presidente, por conducto de la reportera que cubre la fuente para MVS, y no encontró indicios de que Calderón hubiera faltado a uno de los mil 700 eventos de su gobierno por algún problema de salud, y debía afirmar que es un hombre sano, que practica deporte natación, ciclismo y corre entre tres y cinco kilómetros diarios. Es todo un atleta que debe ir a los juegos olímpicos. (La Jornada, economía, p.p. 6 – 30, 15 de agosto de 2012).

The military privilege

National The human rights settle down The military privilege By: Carlos Damian August 19, 2012 The determination is a demarcation to the privileges of the military ones Mexico. – The judges in functions of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN, in Spanish) it determined that any crime made by a military one and that it “doesn't affect the juridical goods (of the weapon to the one that belongs), or the military discipline” it should be known by public servants they are already federal or civil judges. The substance of the sentence implies that the infractions made for uniformed are not related with the military discipline, even if there are not civilians involved in the illicit one, they should be judged outside of the military courts. The decision was made in the picture of the case 60/2012, related with soldiers that accused of possession of marijuana to civil, which demonstrated that the military ones had incurred in falsehood of declarations, for what the maximum tribunal of the country established that that last crime will be seen by a civil judge of the federal environment. The privilege of the military one The determination of the SCJN is, because an additional demarcation to the military jurisdiction whose unjustified width gives margin for the impunity and it constitutes one of the main obstacles at the present time to combat the violations to the human rights on the part of military personnel one. Such violations, like we know, they have been increased in alarming form in the picture of the official strategy against the organized delinquency. In fact some social organizations have pointed out that in a region in that that have been mobilized to the armed forces, has taken the worst part in the confrontations and in the abuses of both parts. Extrajudicial executions, “collateral” deaths, illegal privations of the freedom, cases of torture, transgressions, lesions, robberies and other violations have been imputed by those affected to troops of the armed forces without an impartation of regular justice has proceeded, due to the opacity and the discretionarily that it allows the military jurisdiction military one. Apart from this, the own armed institutions of the country have suffered a significant damage in the credibility and the trust that should inspire to the civil population and the topic from the respect to the human rights it is already approached with growing frequency by the military controls. Yesterday for example, the director of the School of National Defense, the general Ernesto Aguilera Casados, exhorted to the graduates in one of the masters that are imparted in that facility “to live with merit, respecting the law and the human rights". But, Independently of the necessity that it is inculcated among the troop, the military classes and the officials the full respect to the guarantees and the individual rights, it is necessary to conclude the reformations to the military jurisdiction in order to have a precise and white legislation in this respect. The civilians will judge the crimes of military Any crime that makes a military one, in which they are not affected “the juridical goods”, or the military discipline ", it should be known by the ordinary jurisdiction – it is a federal judge or of the common order -, it determined the petit committee of the SCJN. With this momentous decision the maximum tribunal continued delimiting the matter of the jurisdiction of war, when concluding last Tuesday (8/15/12), when concluding the revision of two conflicts of competences among having military judged and civil, in those that the ministers dictated the first obligatory juridical approaches for the whole system of national justice, to act in case some military one is accused of offending. After last week the full of the judges determined that any presumed one illicit that makes an element of the Army that involves civilians it will be judged by the ordinary jurisdiction, and that no military judge one will be able to know from violations to the human rights, be who is, it was already limited even more the attributions of the military judges, when pointing out for eight votes against two (Sergio Aguirre and Margarita Luna Ramos) -with Fernando Franco's absence - that it is not necessary that a civilian is involved so that a soldier is processed in the common jurisdiction. This way, lieutenant Clemente Hernandez, and soldiers Antonio Moral Martinez and Anibal Gonzalez Rangel will be judged by a federal judge by falsehood of judicial declarations in reports dice to an authority, since they acted as federal public officials in the exercise of their functions, when inventing positions to accuse a civilian of possession of marijuana. The military judges -specified Arturo Zaldivar - they will only be able to know of matters related with protected goods of the military order that affect the discipline and the order that the armed forces require. However, it was again in the air Jose Ramon Cossio standing out who outlined that while we are “in times of peace", that is to say, without there is a declaration of war, without the president of the Republic emits a declaration of suspension of individual guarantees or an ordinance to mobilize to the armed forces for the interior security, all the crimes that make the military ones that are not related with the discipline of the Army should be judged by the ordinary jurisdiction. Additionally it is required, of course, of the political will to fulfill the norms and the jurisprudence. In any way, the bottom solution and necessary it is the retirement of the armed forces of the fight against the delinquency. As it has been pointed out in countless occasions, the military ones are not policemen, they don't have why to be qualified to be it, and their constitutional statute is clear and I specify. To modify their mission takes, to the long one, an unavoidable institutional waste and an erosion of its image among the civilians. (La Jornada, politica, p.p. 4 - 13, August 15, 2012).

El fuero militar

Nacional Se establecen los derechos humanos El fuero militar Por: Carlos Damián 19 de Agosto, 2012 La determinación es una acotación a los privilegios de los militares México. – El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que cualquier delito cometido por un militar y que no “afecte los bienes jurídicos (del arma a la que pertenezca), o la disciplina castrense” debe ser conocido por jueces, ya sean federales o civiles. La sustancia del fallo implica que las infracciones cometidas por uniformados no estén relacionadas con la disciplina militar, incluso si no hay civiles involucrados en el ilícito, deben ser juzgadas fuera de las cortes castrenses. La decisión fue tomada en el marco del caso 60/2012, relacionado con soldados que acusaron de posesión de mariguana a civiles, los cuales demostraron que los militares habían incurrido en falsedad de declaraciones, por lo que el máximo tribunal del país estableció que ese último delito deberá ser visto por un juez civil del ámbito federal. El privilegio del militar La determinación de la SCJN es, pues una acotación adicional al fuero miliar, cuya injustificada amplitud da margen para la impunidad y constituye en la actualidad uno de los principales obstáculos para combatir las violaciones a los derechos humanos por parte de personal castrense. Tales violaciones, como se sabe, se han incrementado en forma alarmante en el marco de la estrategia oficial contra la delincuencia organizada. De hecho algunas organizaciones sociales han señalado que en regiones en las que se ha movilizado a las fuerzas armadas, ha llevado la peor parte en las confrontaciones y en los abusos de ambas partes. Ejecuciones extrajudiciales, muertes “colaterales”, privaciones ilegales de la libertad, casos de tortura, allanamientos, lesiones, robos y otros atropellos han sido imputados por los afectados a efectivos de las fuerzas armadas sin que haya procedido una impartición de justicia regular, debido a la opacidad y la discrecionalidad que permite el fuero castrense. Por lo demás, las propias instituciones armadas del país han sufrido un daño significativo en la credibilidad y la confianza que debieran inspirar a la población civil y el tema del respeto a los derechos humanos ya es abordado con creciente frecuencia por los mandos militares. Ayer por ejemplo, el director del Colegio de Defensa Nacional, el general Ernesto Aguilera Casados, exhortó a los egresados en una de las maestrías que se imparten en ese plantel a “vivir con mérito, respetando la ley y los derechos humanos”. Pero, Independientemente de la necesidad de que se inculque entre la tropa, las clases y los oficiales el pleno respeto a las garantías y a los derechos individuales, es necesario concluir las reformas al fuero militar a fin de contar con una legislación precisa y clara al respecto. Los civiles juzgarán los delitos de militares Cualquier delito que cometa un militar, en el que no se afecten “los bienes jurídicos, o la disciplina castrense”, debe ser conocido por el fuero ordinario –sea un juez federal o del orden común-, determinó el pleno de la SCJN. Con esta decisión trascendental el máximo tribunal continuó acotando la materia del fuero de guerra, al concluir el pasado martes (15/8/12), al concluir la revisión de dos conflictos competenciales entre juzgados castrenses y civiles, en los que los ministros dictaron los primeros criterios jurídicos obligatorios para todo el sistema de justicia nacional, para actuar en caso de que algún militar sea acusado de delinquir. Después de que la semana pasada el pleno determinó que cualquier presunto ilícito que cometa un elemento del Ejército que involucre a civiles será juzgado por el fuero ordinario, y que ningún juez castrense podrá conocer de violaciones a los derechos humanos, trátese de quien se trate, ya se limitó aún más las atribuciones de los jueces militares, al señalar por ocho votos contra dos (Sergio Aguirre y Margarita Luna Ramos) –con la ausencia de Fernando Franco- que no hace falta que esté involucrado un civil para que un soldado sea procesado en el fuero común. Así, el teniente Clemente Hernández, y los soldados Antonio Martínez Morales y Aníbal González Rangel serán juzgados por un juez federal por falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad, ya que actuaron como funcionarios públicos federales en el ejercicio de sus funciones, al inventar cargos para acusar a un civil de posesión de mariguana. Los jueces militares –precisó Arturo Zaldívar- sólo podrán conocer de asuntos relacionados con bienes protegidos del orden militar que afecten la disciplina y el orden que las fuerzas armadas requieren. Sin embargo, quedó nuevamente en el aire el señalamiento de José Ramón Cossío, quien planteó que mientras estemos “en tiempos de paz”, es decir, sin que haya una declaración de guerra, sin que el presidente de la República emita una declaración de suspensión de garantías individuales o un decreto para movilizar a las fuerzas armadas para la seguridad interior, todos los delitos que cometan los militares que no estén relacionados con la disciplina del Ejército deben ser juzgados por el fuero ordinario. Adicionalmente se requiere, por supuesto, de la voluntad política para cumplir con las normas y la jurisprudencia. De cualquier forma, la solución de fondo y necesaria es el retiro de las fuerzas armadas de la lucha contra la delincuencia. Como se ha señalado en innumerables ocasiones, los militares no son policías, no tienen por qué estar capacitados para serlo, y su estatuto constitucional es claro y preciso. Desvirtuar su misión conlleva, a la larga, un desgaste institucional inevitable y una erosión de su imagen entre los civiles. (La Jornada, política, p.p. 4 - 13, 15 de Agosto, 2012).

The justice in the air

National It is requested commitments with rights of indigenous The justice in the air By: Carlos Damián August 22, 2012 AMLO es una pieza clave del nuevo partido político México. – Martha Sanchez Nestor, coordinator of the Alliance of Indigenous Women from Central America and Mexico, celebrated the determination of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN, in Spanish), of delimiting the military jurisdiction, although it is even “in the air” the justice for very concrete cases, as the murder of Blond Bonfilio, in Guerrero State, or Ines Fernandez's emblematic, and Valentina Rosendo who were victims of sexual abuse for military. Since the discussion began in the SCJN, on the military jurisdiction, the ONG together with other organizations of human rights, they have requested to the maximum tribunal of the country that commits with the human rights of the natives and it has denounced abuses made in several regions of the country because of the militarization of the national security. "At the beginning, all the organizations celebrate this failure of the SCJN. It is a fact that it sits down precedent. However, we still wait a concrete action that allows that justice is made without corruption and without impunity, and that it is punished to the responsible ones", he pointed out. The education of the SNTE In this educational context we have, a thousand problems with the educational infrastructure, hundred of holes in the teaching pattern, dozens of tragic histories about the intellectual poverty and the professors' material and millions of Mexicans that they don't only know who America discovered, but rather they don't find a watermelon hidden in the freezer. The political cost of maintaining in the poverty and submission to the professors; dangerous beings for their political position but important to the nation. The problem is not teacher Elba Esther Gordillo but who sustains it, this government of useless and inapt, as much the PAN as the PRI, they are those that have at four of each ten they understand what reads that there are 56 better countries that our nation in the Educational Index of the Unesco (in Spanish), is not a problem of schools. What our country has is a great obstacle for the development of the town, and this doesn't know so that the H exists, and that our generation is of functional illiterate (FI), or that they don't know how to divide 1 among 8. These adults in the making are product of the current feeble information, they are nurtured in cheap television, in the corner they are educated socially in the common bad habits to the human being, these individuals won't produce wealth for our nation, and they are unable to multiply knowledge, of generating ideas or in its case of breaking social paradigms. Many of our citizens are thrilled in that returns the peace to the streets, to the squares and our city, although this restitution of the social right the sowed road of corruption is, of repression, education lack to the town, and long term electoral fraud. The winning left of the elections In a brief panorama that was made to the petite committee legislatives they confirm that the appointment of the coordinators of the PRD, the winners were the opposed groups to the social movement headed by Andres Manuel Lopez Obrador. Those more beneficiaries with the full saddlebag were the horsemen of the denominated current ‘Los chuchos’", heading to this tribe Jesus Ortega and Jesus Zambrano is, but in our inkwell with little ink could not forget to the black horsemen: Carlos Navarrete Ruiz, and Guadalupe Acosta Naranjo that stood out in one from the political events when it struggling with their partners when seeking that one of his subordinates had one of the coordination of the Chamber. However ‘los chuchos’ finished installing Luis Miguel Barbosa, in the Senate and to Silvano Aureoles (SA) in the San Lazaro building. Michoacan’s man made to the help of the tribe New Forum Sol. With such coordinators it is any fork point outside the movement headed by AMLO. They are few the federal legislators that have been assumed as the politician's followers coming from Tabasco, and they don't weigh when the overwhelming decisions. In this information it is suggested that the current of Rene Bejarano husband of Dolores Padierna, it could represent a way to represent AMLO. The certain thing is that both they move in function of general interests, without sharing political project and less still they act agreement in common, focused as the current of ‘los chuchos’ it is necessary to get political positions, and financial budgets. Los chuchos if they are resolved to recognize the result of the Trife. They go for a change of political focus, and Zambrano he says, “we are convinced that we should play this paper of being head of a position that it sees toward before." The protector of SA is former governing Amalia Garcia, polemic character that recaptures force. These political currents of the PRD they make an analysis of earnings of the instruments of representation legislative in the Congress, and they will allow the negotiations that Enrique Peña Nieto political representatives will carry out (EPN); Emilio Gamboa and Manlio Fabio Beltrones. As for those of the current of AMLO, there is a quick revision, for Claudia Sheinbaum's supposed division (CS), and Evelyn Daniel two collaborators that they are complaining about Alfredo Jalife-Rahme (AJR), for the information poured in newspapers and in his blog, specialist in international topics of Morena. Although AJR, explained in “newspaper The Universal " that is not division, what he brings is an open and personal war with CS, on the political and commercial situation of Israel in the Middle East. (La Jornada, politica, p.p. 6 – 15, August 15, 2012).