La verdad de Ayotzinapa

 

Nacional Desde el cerro de las Mitras La verdad de Ayotzinapa Por: Carlos Damián                                                 25 de noviembre de 2021

México . - No me toca a mi decidir si me siguen y acosan por la masacre de San Fernando, pero las mujeres presentaron una denuncia para fincar responsabilidades contra los funcionarios que permitieron las indagatorias. Desde el 2015, la PGR, investigó a la perita Mercedes Doretti, a la abogada Ana Lorena Delgadillo y a la periodista Marcela Turati como ‘sospechosas’, de la masacre de San Fernando, Tamps, que cobró la vida de al menos 196 personas. La Seido, indagó con ordenes de “extrema urgencia” las comunicaciones privadas de las profesionistas que trabajan sobre este tema. En mi caso no creo estar en este tema urgente pero sospechoso que me hayan traído de la ceca a la meca, con un tema académico, pero no tiremos en el tacho este delicado tema. Las demandantes del acoso policíaco, explicaron con base en el tomo 221, de San Fernando, que agentes de esta agencia del gobierno estuvieron bajo sospecha de delincuencia organizada y secuestro desde la matanza en Tamaulipas en 2011, para fundamentar órdenes giradas a servicios periciales y compañías telefónicas de obtención y análisis de datos, con los que elaboraron mapas de contacto y movimientos de cada una de ellas. En mi particular caso, desde Monterrey vienen observando mis movimientos y te das cuenta cuando en tus movimientos siempre tienes a alguien que te observa, a dos metros de tu persona, te toman fotografías al salir de tiendas como el OXXO, o en tu transitar en la ciudad. Varias veces ves como a veces se te acercan desconocidos para ingenuamente pedirte que abras un refresco con tus manos cuando anciano y todo no los ves con bastón, y se mueven con libertad. O se dicen abogados, en el autobús andrajoso y chatarra de la linea de camiones, River, en la que te mueves a diario, en el 186 de Tlajomulco, y te van a ayudar a mover tus documentos en el IMSS, para que obtengas tu pensión, pues se han tardado mucho para entregarte tu confirmación (dos años), y te piden que llames a su celular. Y desde luego después, así te identifican rápidamente tu numero telefónico, y recibes a diario, llamadas que jamás te contestan al descolgar, pues con eso te triangulan para saber donde andas. Ahora es más moderno lo hacen por ciberacoso, solicitando a la compañía telefónica el hostigamiento sin orden ministerial. En el caso de Lorena Delgadillo, es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; a Mercedes Doretti, directora en México del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); y de Marcela Turati, periodista que publica reportajes sobre la violencia en San Fernando. En el caso de Ladislao Jiménez fue la demanda que hizo en la CNDH, quejándose de la manera como era maltratado para que no obtuviera sus credenciales de Ingeniero Nuclear, y finiquito en el sistema de maestros de la UANL. Así que ellas y él descubrieron irregularidades en el proceder de la Seido, que dieron a conocer en su oportunidad a la opinión publica. Aunque Turati considera que no puede ser única la causa del hostigamiento: hay constancia del seguimiento de todos los registros de llamadas telefónicas, de mensajes y de geolocalización desde febrero de 2015 hasta abril de 2016. en mi caso diría desde enero de 1990 hasta la fecha de octubre 23, 2021. Estas fechas de las mujeres coinciden, con las tensiones entre la administración de Enrique Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que condujeron la salidas repentina del país de los cinco miembros a finales de abril de 2016. Recordemos que los relevos en las universidades públicas suceden, cuando los rectores cumplen con su periodo y dejan de ser los jefes máximos de las instituciones publicas, y como tal se refugian después en la Junta de Gobierno, y desde ahí siguen teniendo poder político sobre las decisiones de las universidades, y algunos llegan a ser has ta secretarios de Educación Publica como, pues comenzó este problema con el ex rector y ex secretario de la SEP, Reyes Silvestre Taméz Guerra. (1996 – 2000), secretario de la SEP (2000 - 2006), y es fecha que es parte del grupo que quita y pone rectores en la UANL. Es miembro de diferentes comités de evaluación de la Sep y Conacyt, y tuvo diferentes puestos en asociaciones como la Anuies, y la UDUAL. Es algo así como José Trinidad Padilla López de la UDG, en Guadalajara Jalisco, que se desempeñó como diputado federal del VIII distrito de Jalisco en el periodo 2009 – 2012, y es diputado por el Congreso de Jalisco (PRI), electo por mayoría en el distrito XIII. Son tíos que aun tienen poder dentro del organismo público universitario de su estado respectivo. Bueno no nos apartemos mucho del caso del acoso y hostigamiento que viene desde Peña Nieto, hacia estas tres mujeres que ahora denuncian de acuerdo a una nota del Washington Post. El EAAF, fue encabezado por Doretti, haciendo el mas exhaustivo análisis del basurero de Cocula, en el que la PGR, aseguraba que los 43 normalistas adolescentes fueron incinerados el 27 de septiembre de 2014 y fue hasta febrero de 2016, que se realizó el informe que en ese período que aseguraba su titular Miguel Angel Osorio Chong (01/12/2012 – 9/01/2018). Historia de Ayotzinapa Veamos el caso desde la perspectiva de la periodista Anabel Fernández (DW), en la que escribe desde la Corte en Florence, Arizona. En la noche del ataque, fue en Iguala Guerrero, y fue en una noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de la localidad de Ayotzinapa, son emboscados mientras iban en varios autobuses que habían retenido. Indicios y testimonios apuntan que policías municipales, en colaboración con bandas criminales, perpetraron los ataques. El 7 de enero se dio un giro inesperado, al caso Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Crimen que enmarcó a la administración de Peña Nieto, y con Osorio Chong, de Gobernación; ellos fabricaron una versión falsa de la masacre para encubrir la verdad y proteger a los que intervinieron en este crimen de lesa humanidad. Podemos ver este caso desde el marco de un juicio político solicitado por Ulises Bernabé García, que en la noche de la desaparición era un simple juez de barandilla temporal, que multaba a los individuos que bebían en la calle, o hacían escándalos en la vía pública. Un simple juez de paz fue testigo clave de los hechos que ocurrieron en esa noche fatídica. Tradicionalmente las cortes migratorias en EE.UU., son conservadoras y mas aun tratándose de Arizona, son difíciles que concedan protección a los mexicanos. Sin embargo a finales de 2015, la abogada gringa Margo Cowan, se constituyó en representante legal de García, y él pidió declarar como ‘testigo experto’, en la ley estadounidense. Todavía , todo era turbio, y se imponía por el gobierno federal la ‘ley mordaza’, y su ‘versión oficial de los hechos’. Afirmaban que el ataque haba sido orquestado por el alcalde, Jose Luis Abarca y su policía municipal, sin que el 27 Batallón de Infantería de la Sedena, la base de la policía federal, la base de la PGR, ni de la policía estatal tuvieron conocimiento por la cercanía, aun cuando se encontraban como vecinos de la muerte de tres de ellos y la desaparición de los 43. Era el sustituto del juez de barandilla, pues el titular pidió permiso para ausentarse durante tres meses. Según la PGR, de entonces los 43 estudiantes fuero llevados a la base de la policía municipal y de ahi se los llevaron en camionetas de la policía a un paraje donde fueron entregados al grupo criminal de asesinos, matando masivamente a todos ellos y quemado posteriormente para borrar indicios de sus crímenes. Todo lo anterior por órdenes del alcalde José Luis Abarca. Sin embargo el testimonio del juez de barandilla, es denso, pues el juramenta que la hora de los ataques el ejercito estaba en las calles, entre las 23:30 y 24:00, ocurrió el ataque más feroz y sangriento, pues los adolescentes fueron baleados y perseguidos por las calles del centro de Iguala. Quedando dos de ellos mal heridos y tirados en el asfalto bajo la lluvia que en ese momento caía sobre el poblado. Es digno de destacar que el capitán del 27 Batallón de la Sedena, era José Martínez Crespo, y desde luego recibía órdenes de Salvador Cienfuegos Zepeda, que en ese entonces era el secretario de la Sedena; mintió muchas veces ante el ministerio público, hasta que reconoció el grave crimen. En realidad el Ejército y la Policía Federal encabezaron el ataque y posterior desaparición de estudiantes, y quien coordinaba todas las fuerzas de represión era el ejército. Y otras corporaciones del gobierno federal que estuvieron siguiendo y acosando a los estudiantes durante cuatro horas antes de los ataques, durante éstos los acribillaron y después la desaparición de los 43. El único que pudo borrar los videos del asesinato en masa fue el ejército, y así eliminó todas las pruebas en los que se involucraban los federales. Este suceso lo publicó la periodista en un libro “La verdadera noche de Iguala”,en 2016, y a consecuencia de esto fue que Peña Nieto, y su procurador Jesús Murillo Karam (04/12/2012 - 27/02/2015) . Salieron con la “la verdad histórica”, sin pruebas periciales y con declaraciones obtenidas bajo tortura. Por lo que el juez de paz, huyó hacia EE.UU., y solicitó asilo político, pues su vida estaba en serio peligro. Cajón de sastre La juez Cowen, investigaba la verdad de la desaparición de los 43, por el nivel de profundidad al que llegó el juicio, se juzgaba no solo la vida del juez de barandilla sino la “verdad histórica” de Peña Nieto. Y por fin se decidió conceder el primer fallo histórico y antecedente de una Corte estadounidense sobre una violación grave a DD.HH., en México. “La Corte esta de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la periodista Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la Corte de Arizona. Con esta declaración la “Corte, desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mx. Es mucho más posible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido responsables de este horrible incidente”, afirma la corte federal. (Estos escritos fueron recopilados de las redes sociales, Guadalajara Jalisco, México, 25/11/2021).

“Acusan que PGR investigó a perito abogada y periodista por masacre de San Fernando”+, violencia de género, Sandra Rojas y Temoris Grecko, opinión, Milenio, CDMX, 24/11/2021. “Corte de Arizona confirma responsabilidad de Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa”, ‘la herida abierta de Ayotzinapa’, Anabel Hernández, contracorriente, actualidad DW.