Nacional
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Quedó firme la ley de espionaje telefónico
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PERSECUCION
A PERIODISTAS
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Por: Carlos Damián 12 de Agosto,
2014
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Los pájaros en el alambre; “son molestias
necesarias”
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México. - El
pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI) determinó no interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 30, 189 y 190,
en sus fracciones I, II y III de la ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (Telecom). El Instituto consideró que esas normas no son
violatorias de la Constitución ni de la protección a los derechos de acceso a la información y
protección de datos personales. Luego de cinco horas de debate, con cuatro
votos en contra y tres a favor, el organismo autónomo desechó el proyecto de
acuerdo de acción de inconstitucionalidad en el que se contemplaba solicitar
a la SCJN la revisión de los citados artículos, que permiten la geolocalización
en tiempo real de equipos de telefonía móvil y obligan a los concesionarios
del servicio resguardar durante dos años las comunicaciones que se realice
desde cualquier línea que utilice
numeración propia o arrendada.
La comisionada presidenta Ximena Puente de la
Mora (XPM), sostuvo que el IFAI ”no tiene legitimidad para requerir acción de
inconstitucionalidad”, por lo que la solicitud podría ser desestimada por la
SCJN, posición a la que se sumaron los comisionados Francisco Javier Acuña
Llamas, Patricia Kurczyn Villalobos (PKV) y Rosendo Eugenio Monterrey Chepov.
Encontraste los comisionados Joel Salas Suárez (JSJ), Oscar Guerra Ford (OGF),
y Areli Cano Guadiana reiteraron que sí hay elementos técnicos suficientes
para promover la acción, al considerar inconstitucionales las disposiciones
contenidas en el artículo 30, el cual
señala que las entrevistas entre los comisionados del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL) con los concesionarios serán clasificadas como
reservadas sin fijar por cuánto tiempo se hará. Consideraron que los artículos 198 y 190 si
afectan el derecho a la protección de datos personales de millones de mexicanos. En su argumentación en contra, la
comisionada PKV sostuvo que los citados artículos no contravienen ninguna
disposición constitucional. Destacó que el derecho a la privacidad no es
absoluto, por lo que existen contextos en que “puede limitarse”. Tras señalar
las condiciones en que se solicitará la geolocalización están justificadas y
acotadas por autoridades competentes, subrayó que la delincuencia emplea
mecanismos novedosos para intervenir llamadas, vigilar personas y familias
incluso conocer datos financieros de particulares, (La Jornada, Laura Poy).
Por lo anterior, consideró que la aplicación 189
y 190 es “lo menos mal que puede pasar; doloroso sí, pero tenemos que
tolerarlo para salvaguardar intereses mayores, como la seguridad pública,
nacional y personal”. El comisionado OGF señaló que en el caso del acceso a
los datos de geolocalización, la ley de telecomunicaciones no señala el
tratamiento de la información, quién tendrá acceso a ella, por cuánto tiempo
y cómo se destruirá, por lo que no existen mecanismo de salvaguarda, -Claro
cualquier tonto de capirote con un poco de malicia va a poder acceder a esta
información, y pronto vamos a verla en internet en Wikileaks como Top
Secret-. Reitero que la aplicación de los artículos 189 y 190 afectarán en
México a más de cien millones de usuarios de telefonía celular, por lo que
consideró de interés nacional que la SCJN se pronunciara al respecto. Aunque
SJS enfatizó que las atribuciones y facultades, otorgadas por el Congreso al
IFAI 2no son ornamentales, nos las dieron para ejercerlas, y por lo tanto
considero fundamental que podamos interponer la acción de
inconstitucionalidad y que sea la SCJN la que determine si procede o no”,
pero este organismo “autónomo” le saco al bulto su responsabilidad y compromiso con la sociedad mexicana.
Además la comisionada presidenta (XPM), enfatizó
que lo señalado en los artículos 189 y 190 no son actos arbitrarios, sino de
autoridad, fundados y motivados. En relación con la reserva de las
entrevistas de los comisionados del IFETEL, aseguró que será competencia del
IFAI calificarla, y en su caso, acotarla asunto por asunto.
El IFAI no tiene “legitimidad” para
reclamar inconstitucionalidad: presidenta
El miércoles (13/8/14) venció el plazo para
presentar acciones de inconstitucionalidad contra la ley Telecom ante la
SCJN, pero ninguno de los organismos facultados para hacerlo tanto el
Congreso , la CNDH, y el IFAI, lo hizo, -siendo entre sus obligaciones
defender al ciudadano del Estado totalitario-. Tal vez por mezquindad y
timorato ninguno de ellos realizó la invasión a la privacidad y la agresión a
nuestros datos personales, y la sospecha nos invade ya que fueron elegidos
precisamente por su sumisión al Estado no por ser los mejores ciudadanos
capaces para el puesto. El IFAI decidió no interponer dicha acción porque
consideró que la ley no violenta el derecho de acceso a la información y la
protección de datos personales, pero está segmentando el derecho a la privacidad
y el respeto a nuestros datos personales que es un derecho básico de nuestras
garantías individuales. Argumento que medidas como la geolocalización en
tiempo real de teléfonos celulares son “molestias necesarias” para combatir
la delincuencia.
Luis Fernando García (LFG), abogado de derechos
humanos e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales,
considera que en lo relativo a Internet se eliminó el bloqueo de contenidos
que contenía la iniciativa del Ejecutivo, pero se mantuvo la posibilidad de
que se bloquee la señal de zonas
determinadas so pretexto de la seguridad nacional. Además, se mantiene la
“obligatoriedad de colaboración” de las empresas proveedoras de Internet
(tipo Yahoo, Google, Prodigy) con la autoridad, lo que abre la puerta a que
éstas tengan que proveer los datos personales de los usuarios del gobierno.
Es algo lamentable, que deslegitima al nuevo IFAI y su supuesta autonomía del
Ejecutivo federal, ya que después de esto le va a costar mucho trabajo prestigiarse.
El abogado LFG, dice que para la red, los efectos más graves de la no
interposición del recurso tienen que ver con la vigilancia. “El ciudadano no
está consciente del momento en que es invadida su privacidad, porque por su
naturaleza estas técnicas son secretas. La gente puede darse cuenta de cuándo
catean su casa, pero no de la vigilancia de celulares y la geolocalización.”
“Por esta misma razón es difícil para cada
ciudadano impugnar la ley y por eso era importante que el IFAI interpusiera
la acción de inconstitucionalidad”. El abogado señala que la ley Telecom
contiene ambigüedades peligrosas para permitir el acceso a datos personales,
como el concepto “instancias de seguridad. No es un concepto definido en la
ley y por eso ahora la Secretaría de Hacienda se esta considerando a sí misma
instancia de seguridad para tener acceso a estos datos sin que se establezca
una justificación”. Para la geolocalización tampoco se especifican
circunstancias, procedimientos o contrapesos legales. “De nada sirve que la
ley diga que debe haber razones fundadas y motivadas, si no hay forma de
detectar los abusos. Es abrir el campo para el autoritarismo”, dice LFG. La red interpondrá un amparo reclamando la
inconstitucionalidad de la ley porque afecta los derechos a la libertad de
expresión y a la privacidad de los ciudadanos. También hay que mencionar que
se escondieron algunos de los legisladores que habían ofrecido interponer
otro recurso ante la Suprema Corte, incluso del PRD. Los legisladores no se
salvan del espionaje telefónico cuando se colaboran entre sí con tres mil
dólares y rentan el local y chicas malas para divertirse y son objeto de espionaje
en los medios. No dando cuenta del dinero que invirtieron en su diversión, y
procedentes del PAN nos recetan leyes conservadoras y lesivas para el
ciudadano. Sin embargo ellos no los encarcelan por dinero mal habido, además todo
mundo se pregunta de ¿dónde salió esa cantidad de dinero para gastarlas en un
cabaret de mala muerte? Es suficiente que estos legisladores de derecha,
mochos y defensores de las buenas costumbres sólo sean despedidos de su
coordinación, es sólo pregunta. (La Jornada, política, p.p. 6- 7, 15 de
Agosto, 2014).
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martes, 26 de agosto de 2014
La persecusión
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