Nacional
|
Total impunidad de empresas mineras
|
La violencia laboral del Estado
|
Por: Carlos Damián 3 de Septiembre,
2014
|
Grupo México enfrenta antecedentes “no muy
felices”, señalan
|
México. -
Los representantes legales de la organización Familia Pasta de
Conchos impugnaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México, los gobiernos
federales, estatales y municipales no hayan actuado penalmente contra
empresas mientras que han provocado la muerte de cientos de trabajadores por
las pésimas condiciones de seguridad e higiene de sus centros de trabajo. En
la sesión que tuvo lugar en la CIDH del 11 de agosto, 2014; el abogado Rodrigo Olvera Briseño (ROB)
señaló en nombre de esta organización, que en el sector de la minería de
nuestro país no hay una sola empresa, inversionista, directivo o
representante de la misma que haya sido castigada penalmente por las docenas
de crímenes industriales de trabajadores que se han registrado desde el siglo
pasado. “Ni un solo empresario ha sido encarcelado por estos crímenes
industriales y muy pocos son apenas tocados con sanciones mínimas”, indicó.
Familia Pasta de Conchos presentó desde hace varios años una queja contra el
gobierno mexicano ante la CIDH, por el caso de los 65 mineros muertos en 2006
y en demanda del rescate de los cuerpos.
Por tal
motivo ha seguido participando en diversas sesiones y comités del organismo.
De esta forma, en la última sesión aprovechó el foro para plantear que en las
empresas mientras mexicanas, no sólo se cometen violaciones laborales contra
los trabajadores, sino también violaciones de sus derechos humanos y se
atenta no sólo contra condiciones laborales y de libertad sindical, sino
contra la vida misma de los mineros”. “Es un moderno esclavismo”, indicó
Rodrigo Olvera. Ante la CIDH, ROB expuso que empresas del sector, entre ellas
preponderantemente Grupo México y Peñoles, acumulan más de 600 viudas y 140
huérfanos por los trabajadores muertos en sus minas. La mayor prueba de ello
es que homicidios industriales como el de Pasta de Conchos siguen impunes,
así como los cientos de muertes de trabajadores que se dieron con
posteridad. Subrayó que en México se
está creando mucho trabajo precario y sin prestaciones como una moderna
esclavitud, y son constantes las violaciones al derecho a la vida.
Grupo minero lleva 20 años impune:
CCI
En realidad, estamos viviendo dentro de una
violencia laboral, auspiciada por el Estado, y las instancias del gobierno
tanto federal, como municipal y estatal están en complicidad para violar el
estado de derecho de los ciudadanos, y para proteger el homicidio industrial
de los seres humanos, ya que sólo cuidan los intereses de las empresas
trasnacionales. Dentro del contexto industrial se observa en la minería de
carbón y cobre estas violaciones al derecho humano. Estos señores feudales de
la minería dominan las regiones, la vida social y tienen una total impunidad
para el gobierno federal, prueba de ello es que no han sido encarcelados
estos asesinos, y menos aún son enjuiciados. Aunque han violado el artículo
159 de la Semarnat de 2011, no han logrado aplicar estas medidas con
profundidad y claridad para la población afectada. Por otra parte las
actividades mineras de Grupo México han provocado la muerte de ganado y la
infertilidad de terrenos agrícolas por la emisión de contaminantes; pocos
ganaderos y agricultores se atrevían a denunciarlo porque fue una fuente de
empleo para sus habitantes, pero después del ‘homicidio industrial’ de Pasta
de Conchos, en Coahuila, la empresa contrató personal de otros estados y el
beneficio económico desapareció.
La ganadería es la actividad predominante en la
región; los terrenos son de agostadero, pero la sobreexplotación de los ríos,
como el afluente San Pedro, del que se
extraen 21 millones de metros cúbicos, cuando su recarga natural es de 16
millones anuales, ha generado una crisis productiva. El ejido 16 de
septiembre suspendió las actividades ganaderas y agrícolas por falta de agua,
y los ejidos Ignacio Zaragoza y Emiliano Zapata tienen problemas porque se
secaron sus pozos. Antes se requerían 10 hectáreas por cabeza de ganado y
ahora se necesitan de 25 a 30 hectáreas. Explica Rafael Galindo Jaime,
explica “desde hace más de treinta años hemos planteado que se apliquen de
manera rigurosa las normas de protección ambiental y se otorgue una justa
compensación por los daños, pero pocas veces se ha logrado. Hace cinco años
se logró permutar una parcela contaminada por otra, pero el problema de
tierras infértiles por la minería es una constante en el ejido Niños Héroes.
El secretario de Acción Agraria de la Central Campesina Independiente (CCI),
dice; “Una multa no resolverá el problema del derrame; hay que indemnizar a
la gente, exigir a la empresa reparación por el daño ambiental. La Conagua y la
Profepa deben actuar con mayor rigor”, acotó.
Los fronterizos no están conformes
con el alza al IVA
El delegado de la Secretaría de Agricultura en
Sonora, Horacio Huerta, tratando de minimizar los efectos devastadores de los
contaminantes industriales, dijo que las 120 muestras que se enviaron a
Senasica demostraron que no hay ningún elemento de toxicidad y riesgo para las 155 mil cabezas de ganado que se
localizan en los siete municipios afectados, tampoco para las 6 mil hectáreas
agrícolas, de las cuales 90 por ciento son destinadas a la producción de
forrajes y el resto para ajo, (La Jornada, Matilde Pérez). Por otra parte los
habitantes del norte de México no se rajan a pesar de la golpiza que la Corte
acaba de propinarles. A estos
contribuyentes se ampararon colectivamente en contra del aumento al IVA, que
fue de 11 a 16 por ciento, pero está detenido debido a que el presidente EPN
interpuso un recurso de queja ante el juzgado 15 de distrito, alegando que
los peritos que analizaron las pruebas presentadas fueron parciales y le
dieron la razón a los fronterizos con Estados Unidos, dice el abogado
fiscalista Adolfo Solís (AS), representante legal de los inconformes.
Sobre el fallo de la Corte y su relación con el
amparo colectivo, AS dice que analizó la violación de los principios de
equidad tributaria, razonabilidad, competitividad y libre configuración,
contenidos en el artículo 31 constitucional, “pero el amparo lleva argumentos
de otra índole, como la neutralidad impositiva, la colateralidad fiscal, el
principio de retroactividad, de seguridad jurídica, entre otros, plasmados en
los artículos 1, 6, 25, y 133 de la Constitución. Sin embargo, se señala que
el Poder Judicial también podría llevarse las manos e irse por el camino
fácil, “el criterio de nueve ministros está por la libre configuración del Legislativo, que es dar un cheque en
blanco al Congreso”. Es posible que la consulta ciudadana para la reforma
energética y para muchos escépticos esto sea un sueño ingenuo, sin embargo
cada día encontramos en el mundo estos sueños
y es así como muchas naciones han cambiado, a partir de las
movilizaciones sociales con una organización civil fuerte, con nuevas formas
de lucha no violentas, mostrando a los medios electrónicos e internacionales
que no pudimos dejar el medioambiente enfermo con un ecocidio total. Pudiendo
dejar el medioambiente enfermo con un ecocidio total, le asiste la razón; recordemos los casos de
Nelson Mandela, y del plebiscito que permitió a los chilenos hacer a un
gobierno que mantuvo en la muerte y el terror durante 18 años con Augusto
Pinochet a la cabeza de este gobierno ilegítimo y asesino. (La Jornada,
política, p. 5-6, 27 de Agosto, 2014).
|
|
lunes, 20 de octubre de 2014
La violencia laboral del Estado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario