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Nacional  
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Total impunidad de empresas mineras  
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La violencia laboral del Estado  
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Por: Carlos Damián                                         3 de Septiembre,
  2014 
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Grupo México enfrenta antecedentes “no muy
  felices”, señalan 
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México. -  
  Los representantes legales de la organización Familia Pasta de
  Conchos  impugnaron ante la Comisión
  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México, los gobiernos
  federales, estatales y municipales no hayan actuado penalmente contra
  empresas mientras que han provocado la muerte de cientos de trabajadores por
  las pésimas condiciones de seguridad e higiene de sus centros de trabajo. En
  la sesión que tuvo lugar en la CIDH del 11 de agosto, 2014;  el abogado Rodrigo Olvera Briseño (ROB)
  señaló en nombre de esta organización, que en el sector de la minería de
  nuestro país no hay una sola empresa, inversionista, directivo o
  representante de la misma que haya sido castigada penalmente por las docenas
  de crímenes industriales de trabajadores que se han registrado desde el siglo
  pasado. “Ni un solo empresario ha sido encarcelado por estos crímenes
  industriales y muy pocos son apenas tocados con sanciones mínimas”, indicó.
  Familia Pasta de Conchos presentó desde hace varios años una queja contra el
  gobierno mexicano ante la CIDH, por el caso de los 65 mineros muertos en 2006
  y en demanda del rescate de los cuerpos.  
Por  tal
  motivo ha seguido participando en diversas sesiones y comités del organismo.
  De esta forma, en la última sesión aprovechó el foro para plantear que en las
  empresas mientras mexicanas, no sólo se cometen violaciones laborales contra
  los trabajadores, sino también violaciones de sus derechos humanos y se
  atenta no sólo contra condiciones laborales y de libertad sindical, sino
  contra la vida misma de los mineros”. “Es un moderno esclavismo”, indicó
  Rodrigo Olvera. Ante la CIDH, ROB expuso que empresas del sector, entre ellas
  preponderantemente Grupo México y Peñoles, acumulan más de 600 viudas y 140
  huérfanos por los trabajadores muertos en sus minas. La mayor prueba de ello
  es que homicidios industriales como el de Pasta de Conchos siguen impunes,
  así como los cientos de muertes de trabajadores que se dieron con
  posteridad.  Subrayó que en México se
  está creando mucho trabajo precario y sin prestaciones como una moderna
  esclavitud, y son constantes las violaciones al derecho a la vida.  
Grupo minero lleva 20 años impune:
  CCI 
En realidad, estamos viviendo dentro de una
  violencia laboral, auspiciada por el Estado, y las instancias del gobierno
  tanto federal, como municipal y estatal están en complicidad para violar el
  estado de derecho de los ciudadanos, y para proteger el homicidio industrial
  de los seres humanos, ya que sólo cuidan los intereses de las empresas
  trasnacionales. Dentro del contexto industrial se observa en la minería de
  carbón y cobre estas violaciones al derecho humano. Estos señores feudales de
  la minería dominan las regiones, la vida social y tienen una total impunidad
  para el gobierno federal, prueba de ello es que no han sido encarcelados
  estos asesinos, y menos aún son enjuiciados. Aunque han violado el artículo
  159 de la Semarnat de 2011, no han logrado aplicar estas medidas con
  profundidad y claridad para la población afectada. Por otra parte las
  actividades mineras de Grupo México han provocado la muerte de ganado y la
  infertilidad de terrenos agrícolas por la emisión de contaminantes; pocos
  ganaderos y agricultores se atrevían a denunciarlo porque fue una fuente de
  empleo para sus habitantes, pero después del ‘homicidio industrial’ de Pasta
  de Conchos, en Coahuila, la empresa contrató personal de otros estados y el
  beneficio económico desapareció.  
La ganadería es la actividad predominante en la
  región; los terrenos son de agostadero, pero la sobreexplotación de los ríos,
  como el afluente  San Pedro, del que se
  extraen 21 millones de metros cúbicos, cuando su recarga natural es de 16
  millones anuales, ha generado una crisis productiva. El ejido 16 de
  septiembre suspendió las actividades ganaderas y agrícolas por falta de agua,
  y los ejidos Ignacio Zaragoza y Emiliano Zapata tienen problemas porque se
  secaron sus pozos. Antes se requerían 10 hectáreas por cabeza de ganado y
  ahora se necesitan de 25 a 30 hectáreas. Explica Rafael Galindo Jaime,
  explica “desde hace más de treinta años hemos planteado que se apliquen de
  manera rigurosa las normas de protección ambiental y se otorgue una justa
  compensación por los daños, pero pocas veces se ha logrado. Hace cinco años
  se logró permutar una parcela contaminada por otra, pero el problema de
  tierras infértiles por la minería es una constante en el ejido Niños Héroes.
  El secretario de Acción Agraria de la Central Campesina Independiente (CCI),
  dice; “Una multa no resolverá el problema del derrame; hay que indemnizar a
  la gente, exigir a la empresa reparación por el daño ambiental. La Conagua y la
  Profepa deben actuar con mayor rigor”, acotó.  
Los fronterizos no están conformes
  con el alza al IVA 
El delegado de la Secretaría de Agricultura en
  Sonora, Horacio Huerta, tratando de minimizar los efectos devastadores de los
  contaminantes industriales, dijo que las 120 muestras que se enviaron a
  Senasica demostraron que no hay ningún elemento de toxicidad y riesgo  para las 155 mil cabezas de ganado que se
  localizan en los siete municipios afectados, tampoco para las 6 mil hectáreas
  agrícolas, de las cuales 90 por ciento son destinadas a la producción de
  forrajes y el resto para ajo, (La Jornada, Matilde Pérez). Por otra parte los
  habitantes del norte de México no se rajan a pesar de la golpiza que la Corte
  acaba de propinarles.  A estos
  contribuyentes se ampararon colectivamente en contra del aumento al IVA, que
  fue de 11 a 16 por ciento, pero está detenido debido a que el presidente EPN
  interpuso un recurso de queja ante el juzgado 15 de distrito, alegando que
  los peritos que analizaron las pruebas presentadas fueron parciales y le
  dieron la razón a los fronterizos con Estados Unidos, dice el abogado
  fiscalista Adolfo Solís (AS), representante legal de los inconformes. 
Sobre el fallo de la Corte y su relación con el
  amparo colectivo, AS dice que analizó la violación de los principios de
  equidad tributaria, razonabilidad, competitividad y libre configuración,
  contenidos en el artículo 31 constitucional, “pero el amparo lleva argumentos
  de otra índole, como la neutralidad impositiva, la colateralidad fiscal, el
  principio de retroactividad, de seguridad jurídica, entre otros, plasmados en
  los artículos 1, 6, 25, y 133 de la Constitución. Sin embargo, se señala que
  el Poder Judicial también podría llevarse las manos e irse por el camino
  fácil, “el criterio de nueve ministros está por la libre configuración  del Legislativo, que es dar un cheque en
  blanco al Congreso”. Es posible que la consulta ciudadana para la reforma
  energética y para muchos escépticos esto sea un sueño ingenuo, sin embargo
  cada día encontramos en el mundo estos sueños 
  y es así como muchas naciones han cambiado, a partir de las
  movilizaciones sociales con una organización civil fuerte, con nuevas formas
  de lucha no violentas, mostrando a los medios electrónicos e internacionales
  que no pudimos dejar el medioambiente enfermo con un ecocidio total. Pudiendo
  dejar el medioambiente enfermo con un ecocidio total, le  asiste la razón; recordemos los casos de
  Nelson Mandela, y del plebiscito que permitió a los chilenos hacer a un
  gobierno que mantuvo en la muerte y el terror durante 18 años con Augusto
  Pinochet a la cabeza de este gobierno ilegítimo y asesino. (La Jornada,
  política, p. 5-6, 27 de Agosto, 2014). 
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lunes, 20 de octubre de 2014
La violencia laboral del Estado
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