El gobierno estatal acapara agua

Nacional

La comisión calcula las pérdidas ascienden a más de 2 mil millones

El gobierno estatal de Sonora acapara agua

Por: Carlos Damián                                         18 de Septiembre, 2014

El ombudsman estatal demanda penalmente a los responsables de contaminar el río Sonora

México. -   Habitantes de la ranchería La Escondida, municipio de Aguililla, Michoacán, mantienen bloqueado desde el domingo  (7/9/14) el paso de medio centenar de camiones a la mina de hierro, para impedir que personal de la Profepa traslade el material ferroso que fue decomisado hace mes y medio, porque la empresa concesionaria, New World Mining Corporation, (NWMC) no contaba con la documentación necesaria. El fundador de los grupos de autodefensa en esta localidad de la sierra occidental, Jorge Vázquez Valencia (JVV), dijo que es ilegal que la Profepa iniciara el traslado del mineral, porque no es la instancia a la que corresponde hacerlo, y en todo caso sería el Servicio de Administración Tributaria (SHCP). Puntualizó que el mineral fue decomisado porque NWMC no tenia en regla los documentos, pero el mineral es propiedad de los dueños de la tierra y totalmente legal, por lo que no se lo deben llevar sin antes pagarlo. El mineral comenzó a ser extraído del patio de la mina La Escondida hace dos días y trasladado a las instalaciones de NWMC, ubicada a un costado de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura de la población de Petacalco, Guerrero, “pero es algo ilícito porque Profepa no es una dependencia ejecutora”, acusó. A través de su cuenta de Facebook, JVV afirmó que en julio pasado el gobierno federal decomisó 200 toneladas de mineral ferroso, pero agregó, a los lugareños les preocupa que se lleven más de 300 mil toneladas del mineral que se encuentra a flor de tierra. Explicó que hace algunos días autoridades de la Profepa se presentaron en La Escondida con un oficio fechado el 3 de septiembre, dirigido a las autoridades civiles y militares, en el que la dependencia federal solicita la carga de material ferroso de la mina, así como de los patios de maniobra de Las Bolsas y La Haciendita, entre otros para trasladarlo a las instalaciones de NWMC.  Jorge Vázquez Valencia responsabilizó al comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, de ordenar la operación del traslado del mineral, acción que dijo, es ilegal. Desde hace por lo menos una década, miembros de la delincuencia se han dedicado a extraer de manera ilícita, hierro de las minas de municipios de Aquila, Coahuayana, Arteaga, Aguililla y Lázaro Cárdenas, lo que provocó la inconformidad de los lugareños, quienes por ese motivo y por la inseguridad conformaron grupos de autodefensa.                             El gobernador de Sonora acapara agua El partido del Trabajo (PT) en Sonora denunció que a la presa que el gobernador Guillermo Padrés mandó construir en su rancho Pozo Nuevo –en el municipio de  de Arizpe- almacena en este momento 10 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para dotar de líquido durante dos meses y medio a Hermosillo, y que la construcción de una cortina de esa presa habría costado más de 170 millones de pesos, cuando el mandatario declaró –en documentos patrimoniales- que la propiedad tenía un valor de 5 millones de pesos. Los políticos del PT entregaron un documento con fecha 4 de julio de 2011, expedido por el ingeniero Luis Flores Vásquez, con cédula profesional 1515158, donde Guillermo y Miguel Padrés Elías certifican ante la notaría pública número 60 de Cananea que el rancho Pozo Nuevo tenía un valor de 5 millones 9 mil 828.97 pesos y que este documento fue parte de la declaración patrimonial de Guillermo Padrés como senador, cuando fue presidente de la Comisión de Agricultura. El 5 de septiembre de 2014, en el noveno congreso ordinario del PT, la delegación PT Sonora sometió a dicho congreso un resolutivo donde se denuncia al gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías (GPE) por “tramposo y corrupto”. El congreso acordó someter por parte de la fracción parlamentaria del PT, tanto del Senado como en el Congreso, un punto de acuerdo para integrar una comisión legislativa que investigue “si el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Miguel utilizan a sus hijos menores de edad  como fachada para hacer dinero, y que en su caso demuestren cómo el rancho de su propiedad pasó del 5 de julio de 2011 de tener un valor de 5 millones 9 mil 828.97 pesos de ilegal construcción –sin ningún permiso fue hecha la presa en terrenos propiedad del gobernador- a contar con una cortina de presa hidráulica de 170 millones de pesos y una siembra de nogales establecida de 350 hectáreas  con un valor aproximado de 262 millones 500 mil pesos, que suman en total 432 millones 500 mil pesos. Con este fraude a la nación y desvío de recursos que hace el gobernador tendremos la posibilidad de verlo encerado por muchos años, aunque conociendo a nuestras autoridades es un político que goza de impunidad y corrupción y vivirá muchos años para contarlo en alguna villa de Francia, encerrado en algún chalet suizo, con una panorámica de fábula. Ombudsman del estado demanda a responsable de contaminación La Comisión estatal de derechos Humanos (CEDH) interpuso una demanda penal y una demanda civil contra quien resulte responsable por la contaminación que afecta al río Sonora, en perjuicio de más de 22 mil habitantes de siete municipios de Sonora. Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH, dio a conocer que las denuncias se interpusieron en la delegación de la PGR en Hermosillo, el viernes pasado ((5/9/14),  y se ratificaron este lunes (8/9/14). “La denuncia es por delitos de omisión, por el daño, y hay que recordar lo siguiente, que lo que ocurrió fue por falta de supervisión, pero también por negligencia de la mina”, dijo en conferencia de prensa. De acuerdo con el ombudsman, “hay elementos de prueba suficientes para acreditar la negligencia; eso fue  la causa para que se diera el derrame. Grupo México tenia la obligación de vigilar la construcción de la presa de lixiviados (con sus tres piletas en caso de accidente, que nunca hizo), y de la que se derramaron 40 millones de litros de tóxicos en agosto pasado, y  es garante y directamente responsable”, aunque diga cínicamente que llovió, que fue una empresa foránea la encargada de los trabajos del patio de lixiviados, y  GM se tardó en actuar criminalmente ya que a pesar de la denuncia de sus tóxicos derramados siguió enviando al río otros quince días más sus venenos al río adyacente a la mina, por lo que vertió su veneno al río dos meses (agosto- septiembre), fue denunciado por los legisladores que sobrevolaron sus instalaciones donde tenía depositados sus lixiviados. Luego de entrevistarse con productores agrícolas y ganaderos de la zona, sus pérdidas ya ascienden a más de 2 mil millones de pesos, y explica que la CNDH, tanto estatal y  nacional     pueden emitir recomendaciones y denuncias con base en la reforma de 2011, en donde se apunta que tienen la posibilidad de interponer denuncias penales, debido a las afectaciones económicas, de salud y productividad. Asimismo, el gobernador dijo que el gobierno federal dejó sola a su administración en cuanto a atender la emergencia en el río Sonora. En entrevista radiofónica, el mandatario GPE consideró que el titular de la PROFEPA, Guillermo Haro Bélchez, debería renunciar por no haber anticipado la peor contaminación de México, lo que mantiene en emergencia a los habitantes de siete municipios de Sonora. En cuanto a la acusación de que en el rancho Pozo Nuevo, ubicado en la comunidad de Bacanuchi, Arizpe, almacena más de 4 millones de agua. El gobernador se defendió y argumenta que es para aprovechar el líquido que se derramaba libremente, y para evitar inundaciones en su propiedad. Sostuvo sin inmutarse que la Ley Nacional de Aguas contempla la construcción de dichas presas sin realizar trámites ante la Comisión Nacional del Agua, y las demás dependencias del gobierno federal le permitieron construir y dejar sin agua a toda esta comunidad por su interés egoísta, corrupto y cobarde. La federación debería enviarlo directamente a la cárcel por robo a la nación, desviar recursos federales-estatales,  actuar como un mal cómico y miente cínicamente. (La Jornada, política, p.p. 15-36, 9 de Septiembre, 2014).