La negra historia de las paraestatales

Nacional

Los campesinos e indígenas afectados deben esperar décadas para recibir los pagos

La negra historia de Pemex, CFE y SCT

Por: Carlos Damián                                         14 de Septiembre, 2014

La reforma energética provocará ola de abusos contra propietarios de predios

México. -   Desalojos, amenazas, detenciones y engaños son afrontadas por cientos de campesinos e indígenas de múltiples ejidos y comunidades del país que llevan entre dos y cuatro décadas con una lucha legal en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para demandar el pago por las expropiaciones  realizadas por esas instancias para la construcción de aeropuertos –Hidalgo y Toluca-, carreteras, pozos petroleros, torres de alta tensión, campamentos y cuarteles para elementos de las fuerzas armadas, entre otras obras calificadas como de utilidad pública. Algunos como los ejidatarios del Peñón de los Baños, en la ciudad de México –en donde se construyó el aeropuerto internacional Benito Juárez- mantuvieron su demanda de pago durante 80 años hasta que en fechas recientes se entregó el último pago a un descendiente de uno de los ejidatarios. No a la venta del ejido al Conagua Algunas otras personas demandantes de justicia, como 200 labriegos de Atasta, municipio del Carmen, Campeche, llevan tres décadas lidiando con Pemex, incluso algunos de ellos se quedaron prácticamente sin sus casas al arribar  la Secretaría de Marina a instalarse en la zona para proteger las actividades de la paraestatal. En 1980 Pemex instaló una planta de gas dentro del ejido. En ese año la paraestatal solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 350 hectáreas, por las que ofreció 3.5 millones de pesos, es decir, un peso por metro cuadrado. Los campesinos no aceptaron, pero la paraestatal continuó con sus actividades y hasta 1985 firmó un convenio de ocupación temporal. En 2008 amplió  su petición de expropiación a 526 hectáreas para la construcción de un centro de proceso y transporte de gas, así como su zona de seguridad, amortiguamiento y conservación del entorno ecológico; el decreto se publicó en 2012 y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó la indemnización en 52.5 millones de pesos por dicha superficie, el pago se redujo a 10 centavos por metro cuadrado.  Pemex depositó menos de la mitad del citado monto en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y continúo con sus actividades, por ello sin previo aviso a los campesinos, la Secretaría de Marina tomó posesión de una parte de la superficie sin importar que en ellas había casas de poco más de un centenar de ellos, así como sus animales. La mayoría de los casos que aquí se presentan y de los cuales se tuvo conocimiento por conducto de la Central Campesina Cardenista (CCC), Coalición de organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Fioac9 tienen una antigüedad de 20 a más de 40 años. Las instituciones del sector agrario, incluyendo el Tribunal Superior Agrario (TSA), aseguraron no tener estadística de los casos en litigio de la superficie expropiada que no se ha pagado, de los montos que se adeudan ni del número de afectados, se habla a sotto voce ya que van a llegar las trasnacionales y se van a comportar igual y seguirá todo esto sin estadísticas y sin pagos a los afectados, y la SCJN seguirá durmiendo el sueño de los justos. Propiedades castigadas por el interés de particulares Son los campesinos quienes con sus expedientes bajo el brazo y el respaldo de diversas agrupaciones agrarias buscan que se les haga justicia.  La Coduc informó que tiene una cartera de 20 casos con Pemex y siete con la CFE, la mayoría está relacionada con predios localizados en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Baja California y Morelos, en dicho estado participa con otras agrupaciones que se han unido a los campesinos en contra del Proyecto Integral de Morelos, que incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de ancho que afectará al menos 24 municipios en dicha entidad, Puebla y Tlaxcala. El conjunto de los casos, dijo Marco A. Ortiz, dirigente de la Coduc, tiene un problema: los avalúos los hace Indaabin y los pagos más elevados que ha hecho son de 60 centavos por metro cuadrado, no toma en cuenta si la tierra es de riego o de temporal. “En función de la calidad las pagan en 20 o 30 centavos, por lo que a la hectárea le fijan un precio de 2 mil a 3 mil pesos. Las paraestatales argumentan que no pueden pagar un avalúo distinto al de Indaabin”, (La Jornada, Matilde Pérez). Sin embargo los campesino inconformes recurren a los tribunales agrarios y civiles, e incluso sus casos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta ordena a Pemex –esto en Campeche y Tabasco- pagar, la paraestatal interpone inconformidades y los juicios se alargan por años, acotó. El ejido 16 de septiembre, municipio Centro, en Tabasco, tiene 20 años exigiendo a Pemex el pago por las áreas que ha ocupado por servidumbre de paso y el área donde tiene el pozo. Los campesinos han llevado a cabo protestas y denunciado que la Compañía Mexicana de exploraciones, que trabaja para Pemex, ingresó a sus tierras sin permiso y dinamitó campos en busca de yacimientos, dañando paredes y pisos de las casas y a los pozos artesianos, además destrozó  cultivos y caminos rurales. El caso está en el TSA pero no ha logrado que la paraestatal se presente a juicio, explicó Álvaro López Ríos, de la UNTA. Los ejidatarios en contra del cambio de régimen ejidal a dominio pleno En el caso de la construcción de la autopista Arco Norte, con una longitud de 227 kilómetros afectó a ejidos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y estado de México. Los campesinos de la central cardenista y la Fioac comprobaron que la SCT no solicitó la expropiación de los terrenos para llevar a cabo la obra. Carlos Moreno, secretario de acción Agraria de la CCC, comentó que la institución no realizó el procedimiento establecido legalmente, por lo que no hay un avalúo de Indaabin.  Especificó que en el caso de los ejidos localizados en los municipios de Españita, Lázaro Cárdenas, Calpulalpan, Ixtacuixtla y Nanancamilpa, de Tlaxcala, la CCC solicitó la intervención de la Procuraduría Agraria (PA) como testigo para comprobar los daños en los ejidos Pipiyola, San Francisco Mitepec; la Magdalena; Alponzonga de Lira y Ortega; Santorum; Nanacamilpa; Calpulalpan, San Gabriel Popocapla y Francisco I. Madero. La construcción de la autopista inició en 2002, los inversionistas, entre ellos Carlos Slim, firmaron contratos de ocupación previa y dieron un adelanto económico a los ejidatarios, pero la constructora causó daños a las viviendas por el peso de los camiones y el uso de dinamita; abandonaron material de construcción en la autopista, lo cual provocó encharcamientos en las parcelas y pérdidas de cosechas, y eso no fue considerado en la indemnización. La batalla jurídica lleva 12 años y la SCT aún no ingresa a la Secretaría de Desarrollo agrario, Territorial y Urbano la solicitud de expropiación ni hay un expediente instaurado. El caso de la constructora lo lleva un ex delegado de la PA. Francisco Chew, de la Fioac, apuntó que en el ejido de Tula, Hidalgo, los campesinos no han podido cobrar la indemnización, ya que el dinero se entregó al presidente del comisariado ejidal, quien defraudó a la comunidad. En el caso de la ampliación del aeropuerto de Toluca, se afectaron 200 hectáreas del ejido San Pedro Totoltepec, pero no hay registro de la solicitud de expropiación, incluso en la superficie había un asentamiento irregular, incluyendo una primaria sin mediar orden desalojaron a las familias y colocaron mallas metálicas. Todos estos hechos de robo de tierras, “en términos jurídicos eso se llama despojo, si eso sucede actualmente nos preguntamos qué va a pasar con la reforma energética y la respuesta inmediata es fractura social de la comunidad”, y legaliza los despojos por causa de “utilidad particular” y tutela el presidente de la república para quedárselos sin paga,  si los solicitantes son las trasnacionales petroleras. (La Jornada, política, p. 12, 9 de Septiembre, 2014).