El gobierno federal con criterios sesgados

Nacional

Buscan apoyar a afectados por contaminación de ríos

El gobierno federal  con criterios sesgados

Por: Carlos Damián                                         16 de Septiembre, 2014

Las autoridades recurren a garlitos para evadir sus obligaciones legales con las comunidades

México. -   La asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac) demandó apoyo económico, de manera urgente, para brindar los servicios públicos que “están siendo gravemente afectados por la falta de agua”, así como impulsar la producción agrícola, ganadera y comercial de los habitantes de químicos de la mina Cananea a los ríos Bacanuchi y Sonora. En un pronunciamiento, la agrupación de municipios de izquierda sostuvo que los más de 24 mil habitantes de los ayuntamientos de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe y Ures requieren solidaridad inmediata para hacer frente al desastre ambiental provocado por la mina, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea. “La propietaria de Buena vista del Cobre no ha actuado con la responsabilidad debida, ni se está haciendo cargo seriamente de esta problemática generada por su irresponsabilidad, amarrete y cobardía. Los apoyos económicos y en especie a los municipios, así como las medidas paliativas de saneamiento distan mucho de atender a fondo a la población”, señaló Aalmac. Recordó que las concesiones otorgadas por Grupo México dejan en riesgo a 617 municipios mineros en el país, debido a que éste “no se caracteriza por tomar medidas de seguridad como prioridad”. En cuanto al ejido reforma agraria integral, es otro asunto con múltiples problemas jurídicos de fondo.  La CCC lleva 12 asuntos que se ubican en Tlaxcala, Tamaulipas y estado de México, la mayoría de ellos corresponde a casos que involucran la construcción de autopistas, instalaciones de la Marina y del aeropuerto en Toluca. Pero también está el caso del ejido Reforma agraria Integral –considerado el más grande del país, pues tiene 632 mil hectáreas propiedad de 300 ejidatarios-, 30 por ciento de su superficie está concesionado a una minera, pero la empresa lleva a cabo exploraciones fuera de esa superficie y deja material en las parcelas no involucradas en el convenio. Esto es un despojo ya sea en términos jurídicos y en habla coloquial y el estado sólo se lava las manos. En este contexto de despojos los ejemplos sobran y para que no quede duda, las inefables “autoridades” medioambientales dan muestras fehacientes de cómo     “regularán”, “manejarán”, “resolverán” y “sancionarán” las múltiples situaciones de alto riesgo ecológico producto, favorecidas por las privatizaciones petroleras y eléctricas. El advenimiento de las hordas trasnacionales y empresas nacionales que las “acompañarán” para darle el barniz de expropiaciones y petroleras nacionales que a la larga sólo quedarán los peces grandes y nos referimos a las trasnacionales que ayer y ahora actualmente manejarán a su antojo los precios y tarifas de los derivados petroleros. Más claro que el agua de Bacanuchi y Sonora Las advertencias del gobernador californiano Edmund G. Brown han quedado en algún bote de basura y no porque hayan llegado a tiempo sino que las autoridades gubernamentales,  legislativo y la suprema corte de justicia siempre han favorecido a los trasnacionales extranjeros y nacionales en detrimento de los ciudadanos mexicanos, con la garantía de que van a crear empleos y riqueza trasnacional, y hasta la fecha todo sigue igual que hace treinta años. En algún tramo de circunstancia y de tiempo el gran capital “se comió vivo” al gobierno mexicano y al capitalista mexicano, bueno en estos tiempos, no sólo cocina y sirve la mesa, sino que arma la fiesta, pone música, canta y baila zapateado de Guadalajara, todo a gusto del patrón extranjero. El mensaje para aquellos descreídos es el mensaje gubernamental que envió el ejecutivo de la Semarnat, Juan José Guerra Abud: a pesar del desastre ambiental, “La empresa –de Germán Larrea, favorito del sistema- no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente… (porque) no puede frenarse la actividad económica. Tuvieron un descuido que causó el daño ambiental, (pero) el país tiene que crecer económicamente. De esta forma se ha definido la norma oficial de ecocidio al sistema, que va de la mano de otros corporativos nacionales y extranjeros, y de esta forma no se cerraran a estos corporativos que intoxiquen y asesinen a los humanos, flora y fauna, sólo por la simple razón de que “el país tiene que crecer económicamente”. Mientras que la Secretaría de Economía que es la que otorga las concesiones mineras, con su silencio otorga, y eso que a Ildefonso Guajardo le fascinan los micrófonos. Con estos antecedentes y “criterio” oficial nadie tendría derecho a combatir los delitos de: narcotráfico robo, fraude, secuestro, bancos, y todos los delitos de cuello blanco, ya que estos criminales y asesinos solo tienen como objetivo ganar dinero, ergo no hay que “satanizarlos”, pues ellos contribuyen con su esfuerzo “al crecimiento de la economía del país”. Se pueden imponer una multa, pero “ni temporalmente” quitarles la concesión, porque esos delitos están activos por concesión gubernamental. Si estos argumentos los tomamos como ciertos sin conceder, ahí tendremos a las pandillas de las drogas robando, matando y llevándose el dinero del pueblo por una concesión del mal gobierno, ya que “el país debe crecer económicamente”.   Al definir los alcances de las acciones gubernamentales y ratificada la impunidad del minero Grupo México, con Germán Larrea Velasco, entonces el ejecutivo de la Semarnat se animó a calificar de mentiroso al corporativo y a decir que el derrame de más de 40 mil litros cúbicos de desechos tóxicos por la empresa Buenavista del Cobre es “el peor desastre ambiental de la industria minera del país”. Pero como el derrame tóxico “contribuye al crecimiento de la economía del país”, entonces la “autoridad” ambiental “castigará” a la empresa con una multa ridícula y absurda de un monto aproximado equivalente al 0.1 por ciento de las utilidades netas reportadas por Grupo México (GM) en el primer semestre de 2014, pero que esto no lo impresione, es obvio que GM impugnará y recurrirá a los tribunales con sus amigos del Poder Judicial, es de recordar que es el segundo más rico de México, el señor feudal de la minería. Con este criterio y parámetro cínico y sesgado se entiende porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, institución gubernamental que debe vigilar y proteger al capital natural del país, (Profepa) certificó  a GM como “industria limpia” y el corporativo con este papel en el bolsillo, presume que “operamos con los más altos estándares de cumplimiento ambiental a nivel nacional e internacional”. Son este tipo de empresas que ponen en un grave brete a las autoridades permisivas, que tienen que actuar como payasos y malos cómicos al tapar con un dedo, “el mayor desastre ecológico en la industria minera que opera en el país”, al multar con 40 mil millones de pesos, y Germán Larrea tiene 5 mil veces más en el bolsillo para hacer frente a las contingencias de emergencia. No contento el corporativo les avienta otra papa caliente: el descarrilamiento de un enorme tren cargado con ácido en Sonora, de su propiedad. Aunque desde Nuevo León, más de lo mismo: “los habitantes de los ejidos colindantes al río San Juan en el municipio de Cadereyta informaron a la autoridad desde hace seis meses; sólo les hicieron caso cuando el río en su totalidad estuvo contaminado y no se podía más. Los peces y aves comenzaron a morir, por la acción de Pemex retardada. El peligro es para Monterrey, N. L., ya que al llegar el agua contaminada a la presa El Cuchillo, que provee de agua a la capital del estado privará a sus habitantes de esta agua llena de tóxicos. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se vuelva participativa?, sólo será posible cuando los ciudadanos se mueran de sed, de cáncer y enfermedades raras. (La Jornada, política, p.p. 12-36, 9 de Septiembre, 2014).