Evaluación Docente

Nacional

Suspensión de evaluación para maestros es ilegal

Evaluación Docente

Por: Carlos Damián                                              3 de Junio, 2015

La evaluación para docentes, 15 de cada 100 es evaluado: Jalisco

México. -   La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó su decisión (29/06/15) de suspender indefinidamente los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de docentes para la educación básica y media superior. Es de recordar que la evaluación docente que se comenzaría a aplicar en junio y julio de este año para determinar la permanencia de cientos de miles de maestros  en sus puestos de trabajo, ha sido uno de los elementos más criticados de la reforma educativa del año antepasado, tanto por los docentes como por los especialistas e  investigadores en materia educativa, por considerarlo un atentado a las condiciones contractuales y los derechos laborales del magisterio, pero también por cuanto se pretende, a través de reducir los rezagos educativos del país, y estos obedecen a determinantes de índole estructural, o en su caso a un mero problema de desempeño individual de los docentes, que en nada ayuda a atender de raíz tales rezagos. Se ha suspendido la reforma educativa de forma indefinida la evaluación docente, la decisión es amplia: “Es una decisión ilegal”. “Es inconstitucional al violar el artículo 3ero. Constitucional”. Lo que contradice  tanto la Ley del Servicio Profesional Docente como la Ley del Instituto Nacional par la Evaluación de la Educación”, subraya el Instituto Nacional para la Competitividad (IMCO).  En una carta pública 27 diversas organizaciones –entre ellas Mexicanos Primero, y México Evalúa – se lamenta el “boicot” a la reforma educativa. “Las autoridades federales sacrifican la posibilidad de avanzar por una educación de calidad, y lo peor es que ocurre al ceder a chantajes de grupos organizados interesados en perpetuar prácticas contrarias a la excelencia educativa”.  Es una sorpresa que la SEP haya dado políticamente marcha atrás en la evaluación magisterial, y es una decisión unilateral que rebasa sus facultades sin que antes haya ofrecido una explicación técnica que justifique la omisión en detrimento de la reforma estructural. “Y aclarar que sigue en pie con fechas precisas, con el fin de continuar cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales que se contemplan en materia educativa como de la reforma en esta materia”. Decisión política Por lo demás, la aprobación legislativa de esta reforma evidenció  el divorcio entre una institucionalidad legislativa que dice representar a los diversos sectores de la sociedad pero por regla general rehúsa escuchar a los grupos más críticos del llamado “consenso del centro” en que suelen incurrir los tres principales partido políticos del país. En este contexto, el magisterio implementó, en los meses posteriores a la aprobación de la reforma, una movilización intensa que fue atacada en forma violenta por el gobierno y por los principales medios de comunicación, en un ejercicio que, más que exponer las posturas y argumentos de las partes, gobiernos y maestros, se entró en el linchamiento de estos últimos. Pese a ello el conflicto se ha mantenido activo y se ha agravado con otras agresiones sufridas por el magisterio, su entorno social de apoyo y los normalistas, como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más en Iguala, en septiembre del año pasado, y episodios represivos como el que se vivió en Acapulco el 25 de febrero, donde murió el profesor Claudio Castillo Peña. Tales hechos reforzaron la percepción pública de que la persistencia del conflicto magisterial no sólo se deriva de la desidia, la torpeza y la incapacidad de las autoridades encargadas de restablecer el orden, sino que forma parte de un entorno deliberado de amenaza por parte del poder público a disidentes, opositores, activistas y manifestantes. De acuerdo con la SEP: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas públicas para su realización”. Claro que las evaluaciones para el servicio docente se realizarán durante los meses de junio y julio, con lo que se establece el criterio de selección para cada personal docente en cada salón de clases se encuentre preparado para su trabajo. Para el próximo ciclo escolar se han preparado 450 mil docentes del ciclo escolar para conocer si son aptos en la labor al frente del grupo. La suspensión deja esta acción en el aire. Por otro lado los maestros de la CNTE han centrado sus acciones al presionar contras las elecciones del PRI de Oaxaca y Chilpancingo. El jueves  (04/06/15) el líder de la sección 22 en Oaxaca, Rubén Núñez, indica que durante la mesa de diálogo, la Secretaría de Gobernación (SG) responderá a las demandas de la CNTE, pero aseguró, continuará con las acciones de “boicot” a la farsa electoral.  “La sección 22 continúa con el “boicot” de acuerdo a la asamblea nacional aunque se haya signado el documento en la SG”.  Además dice que habrá una “acción contundente” en el Distrito Federal y se buscará bloquear el aeropuerto capitalino”. Con este telón de fondo, el magisterio disidente ha venido planteando la realización de un boicot a la jornada electoral del próximo 7 de junio, como una forma de acentuar el descrédito de un poder político que, en sus distintos niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la conflictividad social en el país. Ese poder también ha atizado con acciones equívocas descontentos populares que no se circunscriben al ámbito magisterial y estudiantil, y pretende mantener, pese a ello, una imagen de normalidad institucional y democrática que resulta improcedente en varios puntos del territorio. La inexistencia de esa normalidad se exhibe además en la inestabilidad en el equipo responsable de la política educativa del país, y esta situación muestra el hecho de que la SEP haya cambiado al titular de su Oficialía Mayor en tres ocasiones durante los últimos dos años y medio. A ellos se suman las dificultades administrativas derivadas del manejo centralizado de la nómina magisterial, que ha ocasionado problemas administrativas y reclamaciones diversas. El conflicto ya tiene varios años y comenzando con Fox y el gobierno de Ulises Ruiz, afectando a la sección 22 CNTE con su empuje salarial. Ya tiene una década de negociaciones con 17 “asambleas populares” que se generaron en Oaxaca y se reprodujeron en otros estados. Esta organización pugna por altos niveles salariales, que no sigan despidiendo a profesores por motivos políticos, y se considera catalizador la muerte de los estudiantes pobres de Ayotzinapa y el detonador el boicot a las elecciones intermedias. La petición de los docentes consiste en la derogación de la Reforma Educativa que entró en vigor  en 2014. La SEP suspendió las evaluaciones contempladas en la reforma estructural, pero la CNTE dice que no cesará su presión para tratar de bloquear las elecciones el próximo 7 de junio. Pero Miguel Barbosa, líder de los senadores (PRD), subraya: “Exijo que las infracciones a la ley cometidas hasta este momento y posteriores que afecten al proceso electoral sean sancionadas y no pasen a formar parte del cúmulo de hechos impunes”. Ante tales antecedentes, la decisión anunciada por la SEP es sensata y saludable  por cuanto ayuda a distender un foco de conflicto que ni siquiera tendría que haberse activado, en caso de que las instancias legislativas hubiesen tenido la voluntad política necesaria para escuchar al magisterio.  Cabe esperar que esa decisión pueda acercar a los docentes y las autoridades, y que el conflicto referido llegue a buen término. (La Jornada, política, p.p. 3-4, 30 de Mayo, 2015)