Se privatiza el agua: Puebla

Nacional/estados

Sin participar en la licitación, concesiones Integrales la obtuvo mediante cesión de derechos

Se privatiza el agua: Puebla

Por: Carlos Damián                                             Mayo 28, 2016

Moreno Valle y el candidato a gobernador (PAN), implicados en la maquinación

México. -   La privatización del servicio de agua potable en Puebla fue resultado de una maquinación política y económica para beneficiar a una empresa que no licitó en la fase regular de contratación. Existen documentos que revelan la implicación en ese proceso del gobernador Moreno Valle; del actual candidato a la gubernatura José Antonio Galil Fayad (PAN); el ex secretario de gobierno y ahora diputado federal, Luis Maldonado Venegas (PRD), y Julio César Lorenzini, secretario de Desarrollo Rural de la entidad. El contrato que se otorgó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV (CISA), tiene una duración de 30 años. De diciembre de 2013 a la fecha el consorcio recuperó la inversión requerida en el convenio, por un mil 726 millones de pesos pagados al gobierno estatal, dinero del cual se desconoce el destino, pues su margen de ingresos en ese periodo es de dos mil 400 millones de pesos. De forma ilegal se entregaron los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) a manos privadas afectando a 475 mil usuarios  -98 por ciento del total registrado en Puebla-. La mayoría de las familias afectadas en su economía al incrementarse los pagos mensuales por el servicio hasta en 400 por ciento. Mientras el resto de la población tiene servicio cuatro horas a la semana. Sólo la mitad de los poblanos  reciben agua 24 horas al día. Se descubrió que detrás de la empresa beneficiada ilegalmente por Rafael Moreno Valle y José Antonio Galil Fayad se encuentra financiera Monex, que solventó económicamente a la empresa beneficiada con la concesión. La privatización de agua potable en Puebla se manejó con una estrategia de total opacidad. El 31 se diciembre de 2012 Rafael Moreno Valle, tras una negociación oculta con los coordinadores del Congreso del estado, consiguió que se aprobara una nueva Ley de Agua del estado. Decidieron abrir la puerta a la participación directa de las empresas privadas en el manejo, distribución y cobro del agua, con el argumento de que el Soapap era insolvente y se encontraba en condición de quiebra. La maniobra de Moreno Valle y su cómplice Gali Fayad se acompañaron de la connivencia del consejo directivo del organismo responsable que controlaba el sistema de agua potable (SAP), del que este último formaba parte. Esa iniciativa de ley se presentó en el Congreso local el 5 de septiembre de 2013, acompañadas de las firmas de Moreno Valle, Luis Maldonado Venegas, que ahora preside la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y de Julio César Lorenzini. La mitad de la población recibe agua cuatro horas a la semana Una propuesta de tal magnitud no fue analizada a profundidad por los diputados poblanos, que la aprobaron sin cambios tan sólo siete días después. Antes de enviar la iniciativa, el consejo directivo de la Soapap ya operaba. El 29 de agosto de 2013 convocó a un proceso de licitación para que empresas privadas participaran en el servicio de agua potable en Puebla. La convocatoria de licitación pública SOAPA-LPIC-001/2013 se publicó el 18 de septiembre de 2013, cuando los votos del PAN y sus aliados en el Congreso estatal –PRD, PVEM, Nueva Alianza y cinco diputados del PRI- habían avalado la reforma que privatizó el agua en la entidad. Se determinó como fecha límite para la compra de bases de licitación el 25 de septiembre de 2013, y la presentación de propuestas antes del 9 de diciembre. Como parte del plan para garantizar la concesión a la beneficiaria, tres días antes del fallo de licitación, el 23 de diciembre de 2013, se constituyó ante notario público 25 del estado de Aguascalientes, mediante escritura pública 51206, la sociedad mercantil denominada Concesiones Integrales SA de CV, que no participó en la licitación. El fallo se emitió el 26 de diciembre, y el Soapap adjudicó contrato a un consorcio integrado por Grupo Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV. Sin  embargo, el mismo día Grupo Agua de México, SA de CV celebró un contrato de cesión de derechos a la recién creada Concesiones Integrales SA de CV. En dicho acto jurídico, Grupo Agua de México cedió “incondicionalmente” los derechos derivado de la licitación pública a fin de adjudicar el título de concesión con que se otorgó el carácter de concesionario a concesiones Integrales, que se había creado tres días antes. El proceso de licitación del SAP en Puebla, conocido en gran parte de la población como el “robo del sexenio”, no permitió que otras compañías solventes económicamente presentaran propuestas técnicas. Así, CISA creada 72 horas antes del fallo de la licitación, aún no se encontraba inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ni en el Registro Federal de Contribuyentes. La cesión de derechos a CISA viola la certeza jurídica porque no se cumplieron las obligaciones originalmente pactadas, ni se tiene registro de la correcta aplicación del recurso entregado por esa empresa. Ese acto jurídico se otorgó de manera incondicional, elemento suficiente para rescindir la propia concesión amañada. El gobernador ordena ocultar la información ligada al proceso La concesión se entregó  en diciembre de 2013, pero fue el 15 de mayo de 2014 cuando el Soapap recibió de CISA el pago de una contraprestación inicial de mil 723 millones 800 mil pesos. En el contrato se estableció que cada mes la concesionaría pagaría al organismo público del estado 5 por ciento de los ingresos brutos obtenidos por el suministro de agua potable a la población.  A esto se suma que el actual gobernador y su candidato del PAN decidieron extender la concesión. Hasta ahora por la opacidad manifestada por el gobernador ha conducido la privatización del agua, ya ordenó encriptar la información sobre el proceso y sus acuerdos con CISA, y se desconoce el destino de mil 723 millones 800 mil pesos. Además de la discrecionalidad del gobierno lleno de trucos y trampas para engañar a la población de Puebla, el director del Soapap, Manuel María Urquiza Estrada (MUE), modificó el convenio de CISA, que, pese a no tener experiencia en el ramo, en su página de Internet se jacta de tener 20 años de conocimiento y experiencia en esa actividad. El director MUE es amigo del gobernador y del candidato del PAN, autorizó lo siguiente: Las inversiones por 3 mil 844 millones de pesos a que se había comprometido loa empresa privada y que debían realizarse en un plazo no mayor de cinco años se extenderían a diez. También prorrogó la vigencia de la concesión garantiza el incremento de tarifas; disminuye el porcentaje relativo a la contraprestación periódica (pago al gobierno); modifica, libre albedrío, los estándares  de desempeño y garantías, e incluso se le asegura una indemnización del gobierno. La empresa CISA se comprometió a que en los dos primeros años de haber iniciado la concesión realizaría inversiones por mil 294 millones de pesos, pero es día que sólo han invertido 63 millones, únicamente 4.8 por ciento de lo comprometido. Además, no se ha aplicado un proceso permanente de acciones para la detección y reparación de fugas. Cálculos de organizaciones civiles y no gubernamentales advierten que se pierde más de 50 por ciento del agua potable. La administración del servicio ha resultado  un fiasco para la población pero es una mina de oro para los empresarios y sus aliados en el gobierno, Rafael Moreno Valle y José Antonio Galil Fayad. Otro robo al pueblo por el gobernante en turno, junto al rico empresario, y con sus cómplices ladinos políticos. (La Jornada, política, p. 21, Mayo 21, 2016).