Se viola el derecho a consulta popular

Nacional

Las comunidades han interpuesto amparos para frenar proyectos lesivos

Se viola el derecho a consulta popular

Por: Carlos Damián                                     21 de Abril, 2015

SCJN restringe a los ciudadanos en la toma de decisiones relevantes: Miguel Concha

México. -   Diversas organizaciones sociales acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar  que el Estado mexicano violó las garantías básicas de los ciudadanos al no reconocer la constitucionalidad del ejercicio de consulta popular sobre la reforma energética -petróleo, gas y electricidad- y solicitaron al organismo medidas cautelares para evitar que la modificación a la Carta Magna entre en vigor. Miguel concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, subrayó que la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a reconocer la legalidad de la consulta representó una “clara violación”  a este derecho, a pesar de que la iniciativa fue respaldada por más de 4 millones de personas. “Había todas las condiciones para hacer efectiva la consulta popular como un mecanismo real de participación ciudadana en la toma de decisiones relevantes. Contrario a ello, la SCJN restringió y desapareció de facto el derecho con argumentos que soslayan las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos”. Hace unas semanas los colectivos participantes en la iniciativa enviaron una solicitud a la CIDH para que ésta recomiende a las autoridades mexicanas la realización de la consulta popular; pidieron que mientras se resuelve esa petición, otorgue medidas cautelares para impedir cualquier acción jurídica derivada de la reforma energética, hasta que los ciudadanos hayan expresado su opinión sobre el tema. Concha enfatizó que ya hay algunas comunidades que ya han interpuesto amparos para frenar megaproyectos económicos relacionados con la aprobación de la reforma, en una serie de acciones de resistencia cuyo propósito es que se extiendan por todo el país. Jorge Fernández, integrante de la organización de derechos humanos Indignación, aseveró que la consulta es un ejercicio fundamental de participación política más allá de las elecciones,  la cual resulta más necesaria por tratarse de un asunto que afecta a todos los mexicanos; subrayó  que las medidas cautelares deben frenar la aplicación de la reforma para evitar daños irreparables. No permite resolver escándalos de funcionarios La reforma constitucional que genera el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se votará en el Senado en la sesión del próximo martes (21/04/15). Aunque senadores de PRD y PAN señalaron que la nueva norma tiene deficiencias –no toca el fuero de los servidores públicos, incluido el Presidente de la República-, la minuta fue aprobada  por 38 votos a favor y uno en contra por los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Estudios Legislativos. El avance se debió al acuerdo entre los coordinadores de ambas cámaras para que la minuta proveniente de San Lázaro pasara en sus términos, sin modificaciones así como los diputados aprobaron la Ley de Transparencia. La sesión de comisiones se inició una hora y media después de los programado, ya que el PRI y PVEM habían dado marcha atrás en el acuerdo de incluir en la exposición de motivos –lo que no motivaría regresar la minuta- 13 temas, entre ellos eliminar el fuero presidencial, que deberán ser abordados, vía una nueva reforma constitucional y la legislación secundaria. Los perredistas amenazaron con no asistir a esa reunión, al final lo hicieron, pero sólo lograron que los temas fueran enunciados en la exposición de motivos. Los senadores Cristina Díaz y Pablo Escudero, presidentes de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, sostuvieron que la reforma contiene  avances importantes, entre ellos dar facultades plenas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el uso de los recursos públicos “de todos los mexicanos” y crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, con plena autonomía para dictar fallos.  Durante la reunión, el senador Alejandro Encinas, de la bancada del PRD resaltó que hay avances, pero “quizás la debilidad y la insuficiencia más importante que tiene esta minuta es que se mantiene un régimen de excepción al Ejecutivo federal, el fuero que impide que el Presidente de la República federal pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción”.  Ríos Píter de la misma línea política resaltó que este SNA no permitirá resolver los escándalos por corruptelas, que ahora envuelven a todos los partidos, como el de la Casa Blanca de EPN, los moches de legisladores del PAN y el caso Iguala que envuelve al PRD. Vendaval autoritario México está pasando por un “vendaval autoritario” generado  por un gobierno que no tiene soluciones efectivas para los problemas que vive el país, y cuya respuesta ante las críticas y los reclamos de la gente es limitar los espacios de libertad de expresión, y de organización social, afirmó la periodista Carmen Aristegui.  La conductora señaló  que su reciente despido de MVS Radio , en la que supuestamente fue despedida por haber incorporado a su equipo de trabajo a la plataforma Mexicoleaks, sin avisar previamente a la empresa; este es un c aso de varios más que ilustran la “sacudida dinosáurica” de la actual administración. Ante un auditorio en la conferencia organizada por el Colegio de México (Colmex) la periodista enfatizó en primer lugar que los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, y múltiples abusos contra los migrantes indocumentados son fenómenos que demuestran la capacidad del Estado para investigar supuestos casos de corrupción y conflicto de intereses. “Ayotzinapa hoy es el gran pendiente del Estado mexicano, nos desgarran por tratarse de los más pobres y nos queda la sensación de que no lo van a resolver nunca, de que todo va a quedar en un callejón sin salida. La salida de la PGR no se puede tomar como la verdad histórica, porque tiene insuficientes y manipulaciones graves”, subrayó. “Nos falta preguntarnos sobre nuestras capacidades de organización o de plano reconocer que ya nos dimos por vencidos y estamos observando sin participar para modificar la realidad nacional”, dijo. Con respecto al tema de su despido, la periodista celebró que el juez federal Fernando Silva haya aceptado un recurso de amparo para rechazar la terminación de su contrato de forma unilateral por parte de MVS. “Más que el regreso al aire, es la obligación moral y profesional de que un golpe autoritario con estas características no se consume. Es una piedra a la Luna y pienso que al menos ya rozamos una nube. El hecho de que un juez haya admitido el recurso de que un amparo es importante. Casi diría que aun si perdemos, ya ganamos”, con esta situación inédita, resaltó. Sin embargo, una lucha así “nunca la vamos a ganar en solitario”, quien dijo entusiasmada y optimista por la participación de la gente en el amparo colectivo, donde reclaman que los concesionarios del espacio radioeléctrico de la nación no pueden sacar del aire una emisión periodística sólo por tener un carácter crítico.  En este contexto, festejó que el juez llame a ambas partes y dialogar en las instalaciones de MVS para llegar a un acuerdo. El juicio puede ser “tan largo como la vida” que la distraiga de su trabajo periodístico. El expediente judicial 672/2015 señala que el primero de enero de 2009 la sociedad mercantil FM Globo de Juárez SA de CV y María del Carmen Aristegui Flores celebraron un contrato marco de prestación de servicios con duración de un año y renovable automáticamente por periodos anuales, salvo negativa de cualquiera de las partes. “En estos momentos la prioridad es evitar que se consume este golpe autoritario”, y por su parte el historiador Lorenzo Meyer  aseveró que el trabajo de Aristegui es valioso porque documenta que las instituciones del gobierno “están atrofiadas o nunca funcionaron”, y recordó que la periodista ya ha sido blanco en anteriores ocasiones de censura, por abordar temas incómodos para las autoridades. (La Jornada, política, p.p. 4-9, 17 de Abril, 2015).