Cinismo institucional

Nacional

Están en descrédito las instituciones públicas

Cinismo institucional

Por: Carlos Damián                                                            10 de Marzo, 2015

El magistrado Galván confía en que haya elecciones en Guerrero

México. -   El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Flavio Galván Rivera (FGR), dijo ayer (23/02/15) que los comicios previstos para junio próximo se desarrollarán en el contexto de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales, y afirmó que está en manos de la ciudadanía dar confiabilidad al proceso. La admisión es inquietante, grave y exasperante, no sólo por venir de quien viene, sino también por la presente circunstancia, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa por una descomposición precoz, a menos de un año de haber sido fundado, luego de que siete de los 10 partidos con registro abandonaron las sesiones del Consejo General por considerar que algunos de los consejeros , incluido el presidente, Lorenzo Córdova, exhiben una actitud abiertamente parcial hacia el partido gobernante (PRI).  Pero el descrédito del INE y del TEPJF no comenzó la semana antepasada. Al  menos en las dos pasadas elecciones presidenciales ambos organismos y sus dirigencias han tenido un desempeño desastroso para su propio prestigio, para la democracia, y para el tejido institucional en general. Hace unos días, el TEPJF exoneró al PRI de toda culpa en el llamado “caso Monex”, pese a los flagrantes indicios de que ese instituto  político recurrió en 2012 a operaciones con recursos de procedencia incierta, rebasó por mucho los topes de gastos de campaña política y distribuyó dinero en forma masiva, por medio de tarjetas de débito –Monex y Soriana, principalmente- entre el electorado. A pesar de tales indicios y pruebas documentales, el 31 de agosto de 2012 el propio Galván declaró que los comicios del mes anterior habían sido libres y auténticos y se habían  caracterizado por una “equidad permanente”. Tan cuestionable como ese dictamen fue el desempeño omiso del Instituto Federal Electoral (IFE), anteriormente encabezado por Leonardo Valdés. Más aún se encuentra peor si seis años antes, en septiembre de 2006, Galván Rivera, siendo entonces presidente del TEPJF –cargo al que renunció en 2007, tras conocerse presuntos actos de corrupción, Norma Inés Aguilar León-, avaló un dictamen impresentable por medio del cual el órgano jurisdiccional declaró presidente a Felipe Calderón, a pesar de que el documento mismo reconocía la comisión de irregularidades electorales graves por el entonces presidente Vicente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial y el PAN. En aquella ocasión. El IFE, presidido a la sazón por Luis Carlos Ugalde, fue también cómplice de la vasta y documentada suciedad de ese tiempo y resultó manifiesta su supeditación al Poder Ejecutivo. Crisis de credibilidad El próximo proceso electoral de junio –donde se elegirá a diputados federales y autoridades en 17 entidades- se dará en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales, reconoció los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Flavio Galván Rivera.  También se refirió a la posibilidad de que en Guerrero no se puedan realizar votaciones el 7 de junio ante la crisis que se enfrenta en esa entidad. Al respecto dijo que aunque la participación sea poca, “se debe rescatar la elección”. Afirmó que está en manos de la ciudadanía hacer que el proceso electoral sea confiable. Hay “una crisis en las instituciones a escala nacional; obviamente  el TEPJF y el INE están incluidos; es una situación nacional que estamos viviendo. ¿Qué hacer? Confiar y participar en lo que hacemos. Más de 10 millones de mexicanos serán seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla; esto es, casi uno de cada diez; cumplamos, coadyuvemos y estemos cerca”.  Esta crisis no sólo se debe a la actuación de las instituciones, “sino que también es por nuestra cultura de la desconfianza e incredulidad. Necesitamos educar a la ciudadanía, a niños, jóvenes y adultos para que aprendan a creer en las instituciones”. Si  los ciudadanos participan  en las mesas de casilla y realizan correctamente sus actividades, ¿qué dudas pueden encontrar los ciudadanos? Al referirse a la posibilidad de que en Guerrero los comicios sean boicoteados o no se realicen, subrayó: “Es el riesgo  de todo país democrático; si no hay elecciones no hay autoridades. Si en esa entidad pocos votan tenemos que rescatar un sistema de derecho. No podemos permitir que las elecciones no se lleven a cabo”.  Consejero del INE, Arturo Sánchez  asevera que uno de los principales retos para el instituto será la fiscalización, y es que el rebase en los topes de gasto de campaña o el uso de recursos de procedencia ilícita son motivo de nulidad de la elección. Con referencia a sus palabras, mencionó el caso de los espots del Partido Verde (PVEM), que ha sido objeto de amonestación, pues es más allá de si es o no legal su transmisión se tiene que conocer cuánto ha gastado el partido en éstos. Millonario gasto en su plantilla electoral El nuevo organismo electoral gastará en su plantilla laboral 7 mil 893.1 millones de pesos, lo que representa 30 por ciento más que en 2009 –con el anterior IFE-, otro año de elecciones intermedias. Según un informe de la contraloría interna (la plantilla) deberá ser revisada, porque es el principal elemento de presión y gasto, y constituye el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del instituto.  De cada 10 pesos que recibe el INE y esto sin considerar las prerrogativas de los partidos políticos, seis son para sueldos. Su presupuesto es de 13 mil 216 millones de pesos y no está bien gastado, indica el informe anual de gestión de la contraloría.  Se considera que prevalecen problemas ya detectados por contraloría (despacho Deloitte), en cuanto a plantilla laboral: hay duplicidad de funciones, subvaluación y sobrevaluación de puestos, atomización del tabulador salarial y disparidad en cargas de trabajo, faltan catálogos de perfiles para la ocupación de puestos y hay importantes brechas entre presupuestación y ocupación del personal en proyectos, entre otros. También se recomienda que, terminada la elección, se revisen las plazas de la institución, porque se acumulan las nuevas que se generan en cada proceso electoral. “En particular, resulta de la mayor importancia que, una vez concluido el (próximo) proceso electoral federal, el INE se dé a la tarea de resolver la grave problemática operativa (creada en el IFE), que impide regresar la dimensión de su estructura ocupacional al volumen previo al inicio del proceso (…) ya que sistemáticamente se acumulan algunas de las plazas originalmente solicitadas como apoyo par la organización comicial, perpetuándolas en la estructura orgánica fija de la institución”.  Se reconoce como un acierto que el INE hiciera un primer ajuste a su estructura organizativa en muchos años, al suprimir el Centro para el Desarrollo Democrático en 2015.                                                                                           Con esos antecedentes, es claro que la génesis del descrédito institucional al que hizo alusión el magistrado Galván (FGR) viene de años atrás y que el declarante mismo ha tenido en ella un papel preponderante e incluso protagónico. Su desempeño en 2006 y 2012 es un ejemplo del proceso de demolición de las instituciones electorales emprendido desde adentro por sus propios funcionarios, y sus declaraciones de ayer constituyen, en esa medida, una muestra de cinismo: el orden legal del país establece que la responsabilidad de organizar y calificar comicios fiables no corresponde a la ciudadanía, como pretende Galván, sino al INE y al TEPJF, órganos que consumen presupuestos astronómicos procedentes del bolsillo de los causantes y que, sin embargo, han defraudado en forma reiterada la confianza de la sociedad. (La Jornada, política, p.p. 2-3, Marzo 24, 2015).