La impunidad en la guerra sucia

Nacional

Se presenta con testimonios en la mano las ejecuciones y desapariciones forzadas

La impunidad en la guerra sucia

Por: Carlos Damián                                        15 de Octubre, 2014

El combate a la guerrilla en los 60 derivó en crimen de Estado

México. -   En vísperas de que se dé a conocer el informe final de la Comisión de la verdad (Comverdad) sobre las secuelas de la guerra contrainsurgente en Guerrero entre 1963 y 1979 –Chilpancingo, Guerrero-, los comisionados Pilar Noriega García (PNG) y Nicomedes Fuentes García (NFG), reflexionaban sobre la situación actual en ese convulso estado: “La impunidad subsiste hoy se gestó desde aquellos años”, la ejecución sumaria y sin corte federal a los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, que fueron muertos por el crimen organizado y quemados ipso facto. Durante 30 meses, cinco comisionados –el presidente, Enrique González Ruiz; Aquiles González, Hilda Navarrete, Pilar Noriega García (PNG) y Nicomedes Fuentes, este último secretario- removieron viejos archivos, hicieron excavaciones y peritajes, realizaron foros en las comunidades afectadas por los años de conflicto, para generar confianza y encontraron, nos cuenta Nicomedes Fuentes, que a pesar  de las cuatro décadas transcurridas, en las comunidades afectadas y entre los sobrevivientes subsiste el miedo. Vuelos de la muerte “Pero al final fue más fuerte la necesidad de saber qué fue lo que pasó, donde quedaron sus padres, sus esposos y hermanos. Y pensar que de todo esto lo podríamos evitar solamente si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decidiera a contar la verdad, que diga qué fue lo que pasó,  y precise lo que seguramente sabe: dónde quedaron las personas de las que nunca se volvió a saber nada”. El comisionado NFG fue preso político en los 60, y al salir libre salió a la clandestinidad y se sumó a la lucha armada de aquellos tiempos. Entre las novedades que aporta el informe de Comverdad destacan las evidencias desconocidas hasta ahora sobre los “vuelos de la muerte”, en los que los militares arrojaron al Océano Pacífico a opositores y presuntos guerrilleros en el contexto de la guerra contrainsurgente. “Logramos obtener declaraciones de testigos que hasta ahora no habían declarado, tanto sobrevivientes como pilotos que participaron en esos vuelos, que amplían las versiones que hasta ahora se conocen”, dice PNG, abogada especialista en materia penal. Estas declaraciones, cotejadas con la línea del tiempo y las rutas del conflicto armado con centenares de documentos internos de la Sedena  y otras instituciones, confirman y amplían una narración –recopilado en el libro ‘Obligado a matar’- sobre estos “vuelos de la muerte” revelada hace 26 años por el militar desertor Zacarías Osorio durante un juicio para obtener asilo en Canadá. La asociación Comverdad agrega a la narrativa de los sucedido esa década tres nuevos relatos: los de dos sobrevivientes y de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que revelan detalles hasta ahora desconocidos, “minuciosamente descritos”, sobre los sobrevuelos que levaban a bordo presos políticos que eran arrojados al mar. “Son descripciones minuciosas sobre la forma de operar, sobre cómo los aviones descendían para tirar los cuerpos, cómo los vuelos recorrían mayor distancia mar adentro y los militares empezaron a meter a las víctimas  en sacos de ixtle llenos de piedras. También cuando en las comunidades costeras algunos restos empezaron a aparecer, que en un momento avaluamos la posibilidad de realizar una búsqueda en el lecho marino en determinados lugares. Pero después de consultar con buzos. Profesionales desistimos, ya que las posibilidades de encontrar algo eran mínimas y el costo era altísimo”, aclaró PNG. Durante 30 meses, los investigadores de Comverdad sufrieron amenazas de muertes, saqueos a sus oficinas, incluso un atentado con armas de fuego contra la vida de ellos, dice PNG y NFG. En el último semestre, el Congreso estatal sus pendió la entrega del presupuesto asignado por ley para su operación en la fase final. Fue justamente después de una exhumación en la comunidad de El Posquelite, municipio de Coyuca, del estado de Guerrero, que dio positivo en el hallazgo de los restos de un guerrillero muerto. Crímenes de lesa humanidad Tal vez pisamos algunos píes, algunos intereses y los legisladores no se sintieron comprometidos con la verdad, dice PNG. La fecha del hallazgo en este lugar, inspeccionado alrededor de junio de 2014 coincidió con un atentado que sufrieron PNG y NFG en la carretera entre Iguala y Chilpancingo. Sin más fondos y el dinero retirado  por órdenes de los legisladores tuvimos que entregar la última partida presupuestal y muchas líneas de investigación quedaron pendientes. “no se pudo llegar a fondo”, de la verdad, dice PFG. El reto central de la asociación                   señala PFG, será demostrar que en la década de los 70 del siglo XX en México, y especialmente en Guerrero, hubo represión masiva  y generalizada en los que ahora se llaman “grupos de autodefensa”, y que la serie de delitos cometidos por militares y policías estatales y federales constituyen, jurídicamente crímenes de lesa humanidad que tendrán que ser materia de juicio en la Corte Interamericana de Derecho (Coidh). El informe documenta 463 casos de severas violaciones al derecho humanitario, que comprenden 24 ejecuciones sumarias, 230 desapariciones forzadas, y tengamos en mente que las averiguaciones previas no tomó en cuenta, que 205 casos de sobrevivientes de desaparición forzada, es decir, personas que pasaron largas temporadas en cárceles clandestinas del Ejército – Campo Militar Número uno en D. F. y 35 Zona Militar de Chilpancingo -, y lograron salir con vida, (Blanche Petrich). También “demostramos, con peritajes exhumaciones, análisis de documentación oficial, correspondencia interna de la Sedena y nuevos testimonios, que se cometieron  masivamente delitos que no han prescrito, a pesar de que han pasado entre 35 y 45 años. En este contexto probamos que todos los delitos como: detención ilegal, desapariciones forzadas o transitorias, tortura ejecuciones extrajudiciales, todos estos tienen derecho a reparación del daño, según el criterio de la Coidh, puntualiza. Se rastrearon y digitalizaron centenares de expedientes depositados en el Archivo General de la Nación y los fondos de los documentos de las extintas corporaciones de policías, detectives y agentes de la Policía Secreta, DFS, DIPS-UNAM, Sedena, PGR del D.F. En los momentos más críticos del conflicto se estima que fueron destacados hasta 24 mil soldados para combatir a la insurgencia y controlar a la población en las zonas donde ocurrían operaciones militares. Se reconstruyeron las rutas de operativos castrenses, como el denominado Plan Telaraña, para el control de poblaciones, desplegado de abril a junio de 1971 y descrito en más de 100 escritos y mapas militares. Delitos que no han prescrito y son objeto de prisión los culpables En l cruce de datos entre estos operativos militares en contra de insurgentes y las evidencias de violaciones a los derechos humanos se trata de identificar si el ejército se abocó únicamente a combatir a los grupos guerrilleros y si además atacó y causó daño a comunidades sin presencia rebelde al gobierno. Se establecieron 18 rutas en las que se produjeron incidentes de este tipo. Se documentaron los hechos con 3763 testimonios tanto de familiares de víctimas como de sobrevivientes de desaparición forzada. A estos testimonios se agregaron 10 casos documentados en investigaciones anteriores.  En 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que durante la “guerra sucia” en México se registraron 536 casos de desaparición forzada. Justamente en Guerrero se registra la mayor parte, con 332. Sin embargo, en este informe no se tomaron en cuenta los casos de cientos de sobrevivientes de desaparición forzada. (La Jornada, política, p. 6, 14 de Octubre, 2014)