El crimen organizado

Nacional

El padre de Ma. De los Ángeles Pineda colaboró con Beltrán Leyva hasta 2009

El crimen organizado

Por: Carlos Damián                                         9 de Octubre, 2014

El actual líder del grupo criminal es Santiago Mazari Hernández, según IM

México. -   La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a María de los Ángeles Pineda Villa (Hija de Salomón Pineda Bermúdez, uno de los colaboradores de los hermanos Beltrán Leyva), esposa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Datos obtenidos refieren que el actual líder del  cartel criminal se llama Santiago Mazari Hernández (SMH), alías El Carrete o El Señor de los caballos, sobrino del diputado Alfonso Miranda Gallegos (PT). También encabeza ese grupo criminal Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastián, quien junto con Mazari –SMH- ha logrado formar una red de alcaldes y policías municipales que permiten el tráfico de drogas y otros delitos en varios municipios guerrerenses, de acuerdo a informes de inteligencia. En ese contexto, presuntamente María de los Ángeles Pineda (MAP) y José Luis Abarca (JLA), formarían parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, que surgió  de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva (BL), y por los nexos que su conyugue tiene con El Chucky, identificado como el líder criminal que en días pasados ordenó a los policías de Iguala Guerrero y miembros del escuadrón de asesinos que ejecutaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, indicaron funcionarios federales. Las indagatorias del Ministerio Público Federal contra Guerreros Unidos (GU) se podrán extender a otros municipios de Guerrero, Morelos y el estado de México, señalaron las fuentes. El grupo GU surgió  tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, líder de la organización BL, y su primer  jefe era Mario Casarrubias Salgado, alías el Sapo Guapo, ex escolta de varios operadores del cártel de los hermanos BL. Antes, los hermanos Mario y José Alberto Villa Pineda (JPV), junto con su padre, controlaban la zona de Guerrero.  Salomón Pineda Bermúdez, Don Salo (está recluido en un penal de máxima seguridad procesado por delincuencia organizada), en tanto que sus hijos JPV, el Borrado, y Marco Antonio y/o Pineda Villa (MPV), el MP, fueron asesinados en 2009. Entre los hermanos Villa Pineda que están en libertad y han sido identificados como operadores o líderes de GU se encuentra Salomón Pineda Villa (SPV), el Molón, identificado como jefe de plaza de esa organización criminal en Iguala, Guerrero. El grupo tiene áreas de operación en Cuernavaca, Morelos, y en los estados de México y Guerrero, “su actividad primordial es el trasiego de narcóticos, así como llevar a cabo levantones, ejecuciones y secuestros”. El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró en una entrevista radiofónica que la institución a su cargo indagará el homicidio del líder campesino de filiación política PRD Arturo Hernández Cardona, en el que está involucrado el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, así como a la esposa de éste por sus nexos con grupos delictivos. Realizaron las pesquisas mal y tarde La organización defensora de las garantías individuales Human Rights Watch (HRW) criticó hoy la respuesta tardía del presidente de México, EPN, ante la desaparición y matanza de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, consideró que Peña Nieto reaccionó “tarde y mal al sostener que era un problema de Iguala. El problema no es de Iguala, el problema es de México y el responsable último por la suerte, la seguridad y la vida de esos estudiantes es el gobierno federal, son las máximas  autoridades mexicanas”, dijo el activista chileno.  Afirmó que las autoridades mexicanas “les preocupa más la imagen de su gobierno que resolver la situación de los estudiantes secuestrados”.  Vivanco lamentó que el tema de los derechos humanos no sea prioridad para el gobierno mexicano. “Son temas que tratan de esconder debajo de la alfombra porque lo ven como mala publicidad para México”, señaló el responsable de HWR. De acuerdo con las investigaciones, agentes municipales, aliados con el cártel de GU, estuvieron involucrado en el asesinato y desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala, ubicada unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. “Ojalá que esto sea una llamada de atención, un estirón de orejas tan fuerte para el gobierno actual que lo obligue  a tomar con la seriedad que merece”, confió Vivanco. Para HWR, “las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”. La pantomima del estado Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales infligidas a normalistas de Ayotzinapa no deben ser vistas como asunto del crimen organizado, pues la responsabilidad es del Estado mexicano, señalaron familiares y compañeros de las víctimas. Acompañados de representantes de Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan- quienes calificaron de “pantomima” la supuesta búsqueda de los jóvenes desaparecidos por parte del gobierno-, afirmaron que no creen la versión de que los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Iguala sean de sus seres queridos. “Los medios han emprendido una campaña para tratar de desviar la atención del caso. Pretenden hacer creer que quienes desaparecieron a nuestros compañeros son de la delincuencia organizada, pero eso no es el tema. Sabemos que fueron policías municipales. Fue el Estado y a él se lo atribuimos”, subrayó en conferencia de prensa Omar García, representante del comité estudiantil de Ayotzinapa.  El activista señaló que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ya ha cometido antes otras agresiones contra estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos (Escuela Rural). Prueba de lo cual son los asesinatos en 2011 de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cuando participaban en un bloqueo en la Autopista del Sol. Por tal razón, indicó, entre los estudiantes hay “desconfianza absoluta en el Estado mexicano y sus instituciones”. Enfatizó que no están “para jueguitos de los partidos políticos, para sus pantomimas de búsqueda”. De igual forma, el representante de los normalistas desmintió que el pasado 26 de septiembre hayan ido a interrumpir un acto público de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y narró que luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, efectivos castrenses los sometieron, en vez de brindarles ayuda. “El ejército llegó en minutos, nos quitó los celulares y los soldados nos dijeron: “¿se querían poner con hombrecitos? Entonces, amárrense los pantalones, ustedes se lo buscaron”. Les pedimos que nos ayudaran a atender a nuestro compañero Édgar Andrés Vargas, que había recibido un balazo en la cara, pero nos dijeron que nos calláramos y no le hablaron a una ambulancia”, lamentó la desgracia. A su vez, Melitón García y Cruz Bautista, familiares de víctimas, aseveraron  que no creen que los restos encontrados en las fosas clandestinas sean los de sus seres queridos y exigieron que se den todas las facilidades al equipo argentino de antropología forense para identificar los 28 cuerpos encontrados hasta ahora, en vez de obstaculizarlo y poner trabas a la investigación. Perseo Quiroz, secretario ejecutivo de AI México, pidió que las autoridades protejan a los familiares de las víctimas y a los activistas  que los acompañan, y llamó a “no caer  en la cortina de humo para ocultar la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial” cometida por servidores públicos en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Tras afirmar que la búsqueda realizada por los gobiernos estatal y federal para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa  es una “farsa” y una “pantomima” más del estado, Quiroz  dio a conocer una serie de recomendaciones a las autoridades. Algunas de las cuales son: realizar indagatorias del más alto nivel, respaldar al equipo argentino de antropología forense, dar información  de manera constante y asegurar la reparación integral del daño, incluida la no repetición de los hechos. (La Jornada, política, p.p. 7-9, 9 de octubre, 2014).