Bajo presupuesto

Nacional

La ONG critica la baja en el presupuesto para investigar los casos de desparecidos

El bajo presupuesto en seguridad

Por: Carlos Damián                                        15 de Octubre, 2014

Están abiertas las pesquisas por el caso Tlatlaya

México. -   Los esfuerzos de México para resolver la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas contra su voluntad, ocurridos en todo el país durante los pasados años, han obtenido resultados muy limitados, como lo demuestra el hecho de que no hay un solo consignado por estos delitos, señaló HRW. En una carta enviada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la organización de derechos humanos dijo que si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha varias medidas para encontrar a personas, cuyo paradero se desconocía, brindar asistencia a sus familiares e investigar y perseguir penalmente  abusos, los resultados han sido muy limitados y las acciones han estado plagadas de demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios. “Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México. Sin embargo, el gobierno de EPN está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW. Una muestra de ello, subrayó es que ahora, incluso, recortó el presupuesto de la unidad especial de la PGR que este mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos, y aun no se ha creado el segmento especial para secuestrados en cada estado de la República. En febrero de 2013, el colectivo publico el informe “Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Calderón, incluidos 149 casos en los cuales existían evidencias convincentes de que se trató de desapariciones forzadas con participación de agentes de diferentes fuerzas de seguridad del país. Tras la publicación del informe, abundó HRW, Osorio Chong reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26 mil personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y prometió examinar estos casos y determinar con mayor precisión la magnitud del problema. Sin embargo, “en vez de aclarar el problema, el gobierno de Peña Nieto ha emitido una serie de anuncios contradictorios que han suscitado más interrogantes de los que han respondido”, observó Vivanco. A un año de que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha dado apoyo a más de 20 mil personas, en todo el país, que han sufrido diversos delitos, aseguró el presidente Sergio Jaime Rochín del Rincón (SRR). Con el propósito de atender a víctimas de tránsito, tráfico y trata de personas y menores, la CEAV inauguró dos módulos de primer contacto en las terminales 1 y 2 del aeropuerto Internacional de la Cd. De México (AICM). Julia varia en sus declaraciones: PGR El Ministerio Público federal mantiene abierta la investigación en contra de integrantes del Batallón 102 de infantería y mandos militares de la  22 Zona Militar con sede en Toluca, en cuanto a la responsabilidad penal en que podría haber incurrido con relación a la ejecución de 22 personas dentro de una bodega de Tlatlaya, estado de México, el pasado 30 de junio, señalaron colaboradores de Jesús Murillo Karam. En tanto, mandos militares indicaron que en la Secretaría de la Defensa Nacional existen pugnas por las acusaciones  que se han instruido en contra de tres militares de bajo rango como responsables de lo ocurrido en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. Las fuentes refirieron que existen militares de alto rango que consideran que ningún miembro de las fuerzas armadas debe ser juzgado porque se abatió a delincuentes, y otros que consideran que la responsabilidad debería extenderse  hasta los mandos de la 22 Zona militar que tuvieron conocimiento de lo ocurrido y no han sido llamados a comparecer. Por otra parte, durante una entrevista radiofónica, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que ya compareció por segunda ocasión ante el Ministerio Público Federal, Julia, la testigo clave, y el funcionario mencionó  que la mujer varió sus declaraciones y da una versión distinta a lo que declaró a la revista Squire. “Sí, lo que dice en la revista no es lo que nos declara a nosotros,  ahí hay una diferencia  grande”, supuestamente en la manera en que los militares abatieron a los 22 criminales. Asimismo, Murillo Karam dijo que en esa matanza “el Ejército desde el principio me manifestó que tenía dudas sobre el seguimiento correcto al protocolo: actúo el Ejército con una gran claridad y con una gran honestidad. Después, con las informaciones del Ejército, la Procuraduría continuó, y llegamos a la conclusión de que si hubo un exceso, que a mi gusto es, incluso homicidio en criminales.       La SEP ‘coadyuvará’ a los padres de adolescentes asesinados de Ayotzinapa El titular de la SEP, Emilio Chuayffet, dijo ante senadores que el caso de Iguala, donde fueron desaparecidos y asesinados estudiantes de Ayotzinapa, “no debe repetirse jamás”,  aseguró que las normales rurales no van a desaparecer, ya que el compromiso del gobierno federal es darles todo el apoyo. El funcionario respondió a cuestionamientos en torno a los hechos recientes de Guerrero, que le formuló primero el panista Javier Corral y luego Fidel Démedicis (PRD). Éste último le dijo que se trata de un asunto que ha crispado al país y que se habla de que se pretende cerrar esa normal de Guerrero. “porque son nido de revolucionarios”, como el maestro Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas (ellos que eran parte de las fuerzas de autodefensa de la zona, pero el gobierno los desconoció y asesinó posteriormente ya que se oponían a los caciques de la zona). Chuayffet le respondió: “se puede ser revolucionario, lo que se quiera ideológicamente, pero no se puede ser irresponsable”: Insistió en que el compromiso del presidente EPN es fortalecer esos centros educativos, “porque cree en el normalismo”, pero debe haber corresponsabilidad entre alumnos, profesores y padres de familia. Resaltó que el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, “conmueve absolutamente a todos”, ya que “la muerte de un solo mexicano enluta al país”. Antes, frente a los cuestionamientos de Corral, quien le pidió precisar qué apoyo dará a la SEP a los padres de familia de los jóvenes ejecutados en Iguala, Chuayffet contestó que la dependencia a su cargo hará lo que la autoridad penal le instruya. “Estamos prestos a cumplir con la coadyuvancia en cuanto nos sea solicitada”. El funcionario coincidió con Raúl Morón (PRD) en que muchas, “por no decir todas”, las escuelas normales superiores están en condiciones “verdaderamente deplorables”, y destacó que la pretensión es que haya escuelas equiparables a la educación superior en todos órdenes. Agregó que las normales rurales, que se crearon en 1933, “deben seguir teniendo un papel central, y para ello se requerirá flexibilidad en los nuevos planes de estudio y en el nuevo modelo educativo para esos centros” educativos. En torno al conflicto que vive el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Corral le señaló que es él quien debe estar al frente de la solución de ese conflicto educativo, no el titular de Gobernación, Miguel A. Osorio Chong. Respondió que ese funcionario atendió de inmediato la petición que le formularon en la Cámara de Diputados de reconocer  el movimiento de los estudiantes del IPN y buscar una solución por medio del diálogo. Chuayffet le respondió al senador Carlos Alberto Puente (PVEM), sobre las cuotas escolares voluntarias, él enfático dijo que el sistema no puede prescindir de ellas, ya que ayudan a las escuelas y por medio de éstas los padres de familia contribuyen al mantenimiento de las escuelas. (La Jornada, política, p.p. 15-17, 9 de octubre, 2014).