Dolor de América

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El estado democrático es el responsable de las desapariciones: Abuelas Plaza de mayo

El Dolor de América

Por: Carlos Damián                                             Enero 16, 2016

Se critica las acciones y omisiones del gobierno; cómplice el gobierno

México. -  En Argentina el “Estado terrorista” desapareció, asesinó y secuestró bebes en el contexto de un plan de exterminio en toda América Latina, pero en México el “Estado democrático” es responsable de cualquier privación ilegítima de la libertad, de las torturas y de los asesinatos, ya sea por autorizarlos, apoyarlos o simplemente por su consentimiento, afirmó Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas Plaza de Mayo. Al participar en la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la desaparición de personas en México, la activista defensora de derechos humanos argentina hizo una fuerte crítica a la actuación y las omisiones cometidas por el Estado Mexicano en esos crímenes de lesa humanidad.  “El narcotráfico es la dictadura en México. Es el genocidio, la violación de los derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en este país. Y el estado debe responder por su tolerancia con esos delitos que afectan, la mayoría de las veces, a los sectores más vulnerables”, señaló. En el acto, efectuado en el Museo Memoria y Tolerancia, Estela Barnes declaró que por la grave crisis de derechos humanos que vive el país, “México es el dolor de América Latina, que aún tiene abierta la herida  de los años más sangrientos de su historia reciente”. La presidenta de la asociación de derechos humanos en Argentina, agrega: “Es responsabilidad de todos, no sólo de los mexicanos, trabajar por la verdad, la justicia y la memoria colectiva, imprescindible para la construcción de una identidad latinoamericana y como garantía para evitar que el horror se repita en nuestra historia”. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que el informe presenta una de las crisis más violentas y trágicas en materia de derechos humanos que han enfrentado México en su historia, y que se ahonda cada vez más: el de las desapariciones. “Para Amnistía Internacional México  enfrenta la peor crisis de derechos humanos de todo el hemisferio, una crisis que ha llevado a la muerte a miles y miles de personas en el contexto de una respuesta militarizada a problemas sociales y al narcotráfico”, señaló. Estela Barnes, en su participación relató la experiencia vivida en la larga búsqueda de los desparecidos durante la dictadura argentina, refrendó el apoyo y acompañamiento a quienes buscan a sus hijos y seres queridos en este doloroso proceso, de manera particular a los padres de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. “Es imposible poder hacer el duelo de ese ser querido que no está, sin saber qué pasó con él”, dijo. Se exige que expertos del GFIEI estén presentes Ante representantes de colectivos civiles y de derechos humanos, la activista dijo  que los 43 estudiantes desaparecidos, como tantos otros jóvenes, estaban indignados ante una democracia que convive y permite la violencia más desgarradora, así como la violencia institucional. En la presentación del informe también participaron Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el crimen organizado entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Otra de las participantes es Leticia Sánchez Villalobos, madre de Luis Carlos Hernández, desaparecido en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, localidad emblemática en la que desde 2007 han desaparecidos cientos de personas sin que las autoridades federales o estatales hayan hecho algo.  En la sesión de preguntas tomó la palabra Margarita Zacarías, madre de Miguel Ángel Mendoza, uno de los 43 estudiantes de profesor desaparecidos, quién con lágrimas exigió al gobierno mexicano que les diga  dónde están sus hijos, que se los entreguen. Advirtió que pese al dolor inmenso que tienen, “no descansaremos hasta encontrarlos”.  La realización de nuevas investigaciones en el caso de Iguala, a solicitud de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), arrojaron los primeros resultados: la PGR localizó restos de personas en un lugar cercano al basurero de Cocula, Guerrero, y se analiza si tienen alguna vinculación con el caso, y en el rancho de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, se encontraron indicios de dónde fueron llevados los estudiantes luego de ser privados de la libertad por policías municipales e integrantes del Cártel Guerreros Unidos. También se recogieron indicios durante investigaciones realizadas en el poblado de Tianguiszolco, comunidad del estado de Guerrero, en la cual se rumoró que habrían sido llevados los estudiantes luego de ser privados de su libertad, donde durante varios días se ocultaron algunos de los involucrados en la desaparición de los estudiantes. Los voceros de los familiares y representantes, señalaron, que “hay avances, pero no son suficientes”. El Ministerio Público Federal (MPF) señaló que “la PGR reiteró  que la investigación continúa abierta, así como el reconocimiento al trabajo técnico que desarrolla el GIEI”. Expresaron que durante el encuentro con Gómez González se reiteró la petición de que los especialistas del GIEI estén presentes durante los interrogatorios que se realizarán a 27 militares que habrían conocido de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014. La violación de derechos humanos afectan a la comunidad: juez Una de las peticiones, dijo el abogado Vidulfo Rosales, vocero de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, fue que el Estado mexicano emita un posicionamiento para revertir la campaña de desprestigio que algunas personas han realizado contra integrantes del GIEI, ante lo cual los funcionarios que se reunirán con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, ya que son los que intervinieron para solicitar el envío de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Angela Buitrago, integrante del GIEI quien asistió a la reunión, reconoció que se están “haciendo cosas” pero es necesario no tener pausas y avanzar sin cansancio.  Acerca de los restos encontrados, aclaró que no se trata de restos, sino de cuerpos. Acerca de la línea de investigación relacionada con el quinto autobús –en el que había droga y dinero por lo que se desató el ataque en contra de los jóvenes aprendices de profesor-, se informó que no hay avances. Solicitaron a la PGR que retire de su página Web la información que emitió sobra la “llamada verdad oficial” que dio a conocer su ex cuentista Jesús Murillo Karam, pero la dependencia señalo que debido a cuestiones de transparencia no podía cumplir esa petición. Durante el encuentro con Arely Gómez el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Eber Omar Betanzos Torres, así como el titular de la oficina de investigación del caso Iguala, José Aarón Pérez Carro, y los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, se pidió sancionar a quienes “tergiversaron y obstaculizaron la investigación del caso, y dieron a conocer la supuesta verdad histórica de los hechos”.  Felipe de la Cruz, representante de los familiares del caso Ayotzinapa, dijo: “creemos que se están tardando –las investigaciones- a fin de que se termine el tiempo que los integrantes del GIEI estarán en México”.  Por otro lado es pertinente abrir el expediente de la investigación que la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió contra elementos del Ejército participaron en los hechos de Tlatlaya, ya que si bien versa sobre delitos del fuero castrense, está claro su vínculo graves a violaciones de los derechos humanos. El juez Gabriel Regis, consideró que “si tienen vinculación con los derechos básicos, dado que se determinará si los militares procesados incurrieron en los delitos previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar”, CNDH emite la recomendación 51/2014. (La Jornada, política, p.p. 2-4, Enero15, 2016).