Servicio ferroviario

Nacional

Se beneficia a empresarios de la industria: PRD,  y PT

Servicio ferroviario

Por: Carlos Damián                                        15 de Diciembre, 2014

Aprueban cambios constitucionales sobre los salarios mínimos

México. -   El senado aprobó ayer 14 de diciembre, 2014, modificaciones a la minuta sobre la nueva ley del servicio ferroviario, con el voto en contra de PRD, PT y parte del PAN, quienes consideraron que se impusieron los grandes intereses de las grandes empresas ferrocarrileras, entre ella Grupo México, de Germán Larrea, que seguirán monopolizando ese sector. La votación final fue de 71 votos a favor y 12 en contra, y la minuta fue regresada a la Cámara de Diputados, pues se hicieron algunas modificaciones, que no son de fondo. Fue uno de los 60 dictámenes que se aprobaron en esta sesión dominical, la penúltima del período de sesiones. Respecto de la ley del servicio ferroviario, la senadora Dolores Padierna, del PRD, y el panista Francisco Búrquez Valenzuela (FBV) coincidieron  en intervenciones por separado ante el pleno, que el Senado retuvo 10 meses la minuta de la Cámara de Diputados, pero no para perfeccionar la ley, sino para introducir los cambios que los empresarios de esa industria cabildearon con miras a mantener sus beneficios, sin dejar de presionar en ningún momento. Padierna señaló que se eliminó la posibilidad de abrir ese sector a la competencia y se mantienen intocadas las concesiones que se les otorgaron hasta por 50 años, pese a que sus titulares  no han cumplido con la responsabilidad que adquirieron. Al eliminar la figura de permisionario se mantiene el monopolio en tres concesionarios. Grupo México, Ferromex, y Kansas City Southern México, empresas que son responsables de que no haya inversión en el sector, por lo que la red ferroviaria ha crecido apenas 0.6 por ciento desde 2006. Asimismo están abandonadas las rutas más importantes, como la red ferroviaria México –Toluca, pese a que las tarifas se han incrementado 57 por ciento en tan sólo siete años.  El legislador FVB dijo que se perdió la oportunidad de convertir al sector ferroviario en motor de desarrollo al permitirse que persista el monopolio. El sector, agregó, fue “mal privatizado porque se hizo para lo amigos. A la industria ferrocarrilera sólo le importa la carga de granos importados, el transporte de automóviles y de minerales, porque ahí tiene su negocio. No le interesa llevar en sus carros aguacates de Michoacán a Chicago”. En tanto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes –el gato de Larrea-, Javier Lozano Alarcón, quien negoció directamente los cambios que benefician  al monopolio, afirmó que se eliminó la figura de permisionarios para dar certeza jurídica a los inversionistas del sector, además de ofrecer beneficios a la población, como la creación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, con recursos federales, estatales y municipales. El pleno del senado aprobó cambios a la minuta propuestos por los legisladores del PAN, Héctor Larios y Salvador Vega Casillas, a fin de que la agencia de transporte ferroviario que se va a crear lleve a cabo el registro de tarifas, pero también de los cargos por combustible o interconexión, a fin de que no haya costos indebidos en contra de los usuarios. Durante la sesión del senado respaldó el trabajo de  Adriana Dávila (PAN), presidente de la Comisión de Trata de personas, quien ha sido atacada en las redes sociales y en los medios de comunicación “con calumnias y mentiras por una organización que lucra con víctimas de trata” de blancas. El tema lo sacó a relucir la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum (PRI); se sumó Angélica de la Peña (PRD), quien pidió que el pleno emitiera un pronunciamiento. Jorge Luis Preciado subrayó: “Se va a apoyar a Adriana Dávila para poner en su lugar a Rosa Orozco, autora de los ataques”. El Senado en plena actividad solicitó a las autoridades competentes emitir una resolución apegada a derecho en el caso de Nestora Salgado, “tomando en cuenta los principios internacionales y las legislaciones aplicables en materia de derechos humanos de los indígenas”. En comisiones se aprobaron dos reformas constitucionales: la que libera el salario mínimo de indicadores de multas, recargos, pagos de vivienda y potros, y una más sobre acotar las deudas de estados y municipios. Ambas se votarán hoy ante el pleno. El soborno a Peña y Videgaray El actual gobierno federal emanado del PRI, México padece una enfermedad llamada “cochinero y gran corrupción”, afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien consideró que son ejemplos de tal situación, “los moches que Enrique Peña Nieto (EPN) y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, recibieron del constructor Armando Hinojosa Cantú (HIGA) a cambio de obras pública en la actual administración y cuando estuvieron en el gobierno del Estado de México”. El dirigente de Morena sostuvo que la “política económica neoliberal sirve para transferir bienes de la nación a particulares, como son los allegados de la corriente del PRI; Carlos Salinas de Gortari y EPN, que pertenecen a una camarilla de rufianes, mientras el pueblo de México se le ha dejado con las manos vacías”, y claramente la situación se devela cuando teniendo el petróleo en sus manos ya tienen más de 35 años recibiendo una miseria de salario los mexicanos. En la Sierra de Chiapas, añadió que conoce bien todas ”esas cochinadas” y dijo que cuando EPN fue gobernador del estado de México construyó un hospital 20 veces más caro que el que se edificó en Iztapalapa en la época en que él fue jefe de gobierno de la ciudad de México. De acuerdo con el ideólogo de Morena, el actual gobierno federal entrega todo el paquete de energía porque en diciembre de 2013 modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para privatizar el petróleo, el gas, la petroquímica y la industria eléctrica nacional. Aseguró que lucha para “mantener encendida la llama de la esperanza e insistir hasta lograr un verdadero cambio, porque no se encontrará una salida ni como pueblo ni como nación, si continúa el régimen corrupto, de injusticias y privilegios; ya no se puede esperar nada bueno de este gobierno, porque si antes todo iba mal ahora todo ha empeorado”, y decían los vecinos que no podía empeorar. Algunos ignorantes, quienes se hacen llamar gobernantes, continuó, “son bandidos y aplican una política de pillaje y saqueo”, -citando a León Tolstoi-, en el sentido de que un gobierno que no procura justicia no es más que una banda de malhechores, y “esos son los que mal gobiernan al país desde hace tiempo, porque no les importa el pueblo”. Por otra parte estamos a unos días de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijen un salario mínimo general precario, con el argumento de que “deben ser responsables con la economía del país”, y esto desde hace treinta años. Nos deben la productividad atrasada de 30 años y en los 90 despuntó la construcción de carros de importación y los trabajadores no han visto reflejada esta productividad en sus salarios. Somos la nación latinoamericana que en conjunto exporta bienes y productos de consumo más que todas las industrias manufactureras de América Latina en conjunto –a excepción de Brasil-, y nada, seguimos con la misma miseria de salario día tras día. La Cámara de Diputados aprobó dejar de indexar el salario con multas, y otros conceptos de Hacienda para liberarlo de ataduras e impulsar el consumo interno. Ambos organismos no fortalecerán el poder adquisitivo a los siete millones de trabajadores que ganan un salario mínimo diario y a los más de 11 que ganan más de uno y hasta dos (Inegi). Varios y complicados son los problemas que giran alrededor de este tema, sobre todo de una clase obrera controlada por sus malos dirigentes, y además enajenada del futbol y ausente de este importante tema, y con una Conasami que lleva años empobreciendo a la clase obrera y enriqueciendo a la oligarquía nacional y extranjera, todo lo cual se agrava por el hecho de que el presidente Basilio González Núñez lleva 25 años al frente de esta Comisión, ganando  2 millones  800 mil pesos anuales, un verdadero insulto al pueblo de México. (La Jornada, política, p.p. 2-13, 13 de Diciembre, 2014).