El difícil camino

Nacional 2/3

Rechazo de Estado y con un proceso en su contra, con fuerte carga política

El difícil camino de la lucha social

Por: Carlos Damián                                       18 de Febrero, 2015

El gobierno utiliza a los migrante, y activistas como presa social

México. -   El abogado argüía que el estado utiliza la figura penal de secuestro para reprimir a los activistas sociales, y para el efecto Leonel Rivero, es el abogado que defiende actualmente a la activista social Nestora Salgado García (NSG), y fue a una reunión citado con funcionarios consulares y políticos de la misión estadounidense que pretendían entender las fuertes razones que el Estado tiene para mantener como una peligrosa criminal a NSG en el penal de Tepic, y todo esto a pesar de que el juez federal encargado de la causa desechó todas las acciones penales en su contra y ordenó su libertad. El delito de la que se le acusa se realizó dentro de las actividades que llevó a cabo como comandante de un cuerpo de policía comunitaria en Guerrero pero esto es reconocido por la ley estatal. Sin embargo en México siempre han sido perseguidos y metidos a la cárcel para reprimir a dirigentes y líderes y el gobierno federal es omiso y cómplice de los cárteles de las drogas y organizaciones criminales que se dedican a asesinar  como escuadrones de la muerte para poder explotar, robar y saquear poblaciones enteras, y la ciudadanía no tiene más remedio que acceder sino son asesinados a mansalva y desaparecidos forzosamente y jamás vistos en México. En junio de 2013, Nestora Salgado recibió a un grupo de mujeres quejosas de que sus hijas habían tomado la decisión de alejarse de sus casas en rebeldía juvenil, y en su casa cogieron la decisión de reeducarlas por medio de un programa social, producto de la desesperación de las mujeres por proteger a sus hijas que habían tomado la puerta falsa del desempleo para irse a dormir con varios hombres, y en diferentes fechas. Por medio de la CRAC, que nació en 1995 en San Luis Acatlán, en la región mixteca, y prosiguió sus actividades en 2008, y con ayuda de la organización indígena CRAC, al amparo de la ley en el artículo 701 de las comunidades indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009, se dieron a la tarea de recogerlas, protegerlas y volver a educar a estas cuatro adolescentes ovejas descarriadas. Entre ellas se encontraban dos chicas conocidas de NSG, Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa, muchachas alegres y bebedoras de cerveza, que andaban de periplo por el estado visitando Huamuxtitlán y Tulcingo. Ellas fueron enviadas a un programa  educativo, de reintegración y reeducación, y las madres consintieron que se les retuviera en cualquiera de las cuatro casas de justicia que tiene la policía comunitaria como parte de su programa de rehabilitación. Estas señoras con sus hijas firmaron ya que no podían controlarlas y sabían que andaban en malos pasos, ellas convinieron con la CRAC y el consejo de Olinalá, signando en actas        bajo el rubro “Reeducación”, el 10 de junio de 2013, finalizando el acuerdo con las palabras, “es para beneficio personal, familia y sociedad”.  Pero inexplicablemente las señoras se volvieron en contra de su asesora y líder y la acusan de secuestro, enfrentado tres procesos penales: 48/2014; 196/2013; y 05/2014. La tienen presa más de año y medio en medio en la oscuridad de su celda de máxima seguridad. Fue apresada junto con 18 policías comunitarios, a Armando Patrón que en aquel tiempo era síndico procurador de Olinalá, que fue acusado por el asesinato de dos personas y por robarse algunas vacas. En esta casa de seguridad tenían a un taxista conocido, como El Mapa, acusado de descuartizar personas; un presunto violador y las cuatro mujeres menores de edad, las cuales fueron liberadas  el 21 de agosto de 2013, por un escuadrón de fuerzas federales, el Ejército y la Marina armada de México. Al final del operativo los militares detuvieron en la sede de la policía comunitaria El Paraíso a otros siete de sus integrantes y en Olinalá fue arrestada Nestora Salgado. Las organizaciones urbanas en contra La líder de la organización ‘Alto al Secuestro’, Isabel Miranda de Wallace ha usado a Dulce Rubí recientemente para hablar en contra de la luchadora social Nestora Salgado, aunque esta chica no habla mucho y sólo se dice víctima y llora, como parte del decorado; en este contexto de hablar mal de la vecina, se encuentra Alejandro Martí, rico comerciante, líder de la organización ‘México SOS’, este personaje que perdió a su hijo en un secuestro, se hizo visible la primera semana de enero cuando estaba por vencer el plazo para que el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, respondiera a la petición del gobernador Rogelio Ortega (gobernador de Guerrero), de desistirse de las causas contra Nestora Salgado. La presión tuvo el efecto deseado. El 30 de enero Godínez rechazó el desistimiento y determinó que el proceso penal siguiera el curso. Este jurista originario de Acapulco “sugerencia de la PGR” para integrar el gabinete de Ortega, a la caída del gobernador anterior Ángel Aguirre, que asumió el cargo el 19 de diciembre de 2014. Este evento para Isabel Miranda fue un éxito, y para NSG y sus hijas Sayra, Judith y Grissel, el endurecimiento de la fiscalía significa tener que retomar el proceso de la defensa del caso desde enero. Para el responsable del equipo de legistas, Leonel Rivero, y que asumió la defensa le quedan aún dos vías. La primera pasa por agotar los recursos de incidencia para hacer cumplir una sentencia emitida en marzo del año pasado por el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco José Luis Arroyo, quien determino que la acusaciones del MP federal pro secuestro y delincuencia organizada no proceden, ya que NSG efectuó en función de su responsabilidad como autoridad de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. De acuerdo a la ley anterior, los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones derivadas de un acto de autoridad. El mismo juez descarta calificar los actos de extorsión que denuncian los quejosos. Tanto los familiares de Patrón Jiménez  como de las muchachas aseguran que NSG les pidió  desde 20 mil hasta 300 mil pesos a cambio de su liberación. En sus acusaciones y no hay contradicciones y no hay consistencias, en cuanto a fechas y montos. Pero además, el Tribunal Unitario determinó que las cantidades solicitadas por la policía comunitaria eran fianzas, no sobornos. Por lo anterior, el juez ordenó, ya desde entonces, el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la diligencia quedó trunca y no se concluyeron las incidencias y la presentación de pruebas de cargo y descargo, porque varios de los denunciantes ni siquiera fueron notificados de que debían presentar recursos.  A estas fechas varios de los acusadores se han desistido de continuar la denuncia –como el síndico procurador de Olinalá Armando Patrón- y sólo han persistido las madres de las dos jóvenes que eran menores en 2013 (17 años), Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Meza, que acusan a NSG del secuestro de sus hijas. El abogado de NSG considera que los argumentos de Isabel Miranda y Alejandro Martí para exigir al fiscal que no se desista de las acusaciones “desvirtuaron el debate jurídico” y pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público. “El juzgado unitario analizó las pruebas y las desechó”. La otra vía obligaría a NSG a hacer frente a los tres procesos abiertos en su contra en el fuero estatal, lo que implica un retroceso de año y medio en su lucha por ser liberada. Su defensa presentará las pruebas de descargo correspondientes para ilustrar las inconsistencias en las declaraciones de los acusadores, demostrará que las menores fueron entregadas a la policía comunitaria a petición de sus madres y sostendrá sus dichos con las actas de las sesiones y asambleas de las autoridades regionales, que avalaron siempre las acciones de NSG. (La Jornada, política, p.p. 2-3, Febrero 9, 2015).