La complicidad del estado mayor presidencia

Nacional

La complicidad del estado mayor presidencial

Por: Carlos Damián                                                                               Julio 18, 2019

También destaca la participación en las irregularidades de distintos subordinados de Fox: Carlos A Rojas Magnon, asesor y coordinador  Administrativo de la Presidencia; Alberto Ordoñez Benítez, coordinador de adquisiciones de la Presidencia; Jesús Javier Castillo, general del Estado Mayor, y Rubén Pérez Hernández, subdirector de Adquisiciones. Otros servidores públicos involucrados en la firma de contratos irregulares, supervisiones no atendidas y autorización de materiales fueron: María Isabel Jiménez Almaraz, directora de finanzas; Rómulo Munguía Salazar, director de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Eduardo Saldner Avala, coordinador administrativo de la oficina ejecutiva. Todos ellos asumieron la responsabilidad de las obras a través del artículo 134 de la Carta Magna de México, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al asegurar ante el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, supervisión y oportunidad. Lo que en este caso de corrupción no ocurrió.  La auditoría, evidencia irregularidades La auditoría 2015, que encabezo el contador público Roberto Muñoz, se realizó del 20 al 28 de junio de 2001, y reviso el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 31 de mayo de 2001.  Los documentos de resultados revela que durante el primer semestre del gobierno de Fox existió abuso de poder, desvío de recursos y sobrecostos, siendo responsable y beneficiado el contratista Humberto Artigas, y Fox como tal abuso las facultades como presidente constitucional de México. La corrupción fue de tal magnitud  que la empresa Humberto Artigas y Asociados solo presento facturas globales de las empresas subcontratadas por un importe de 23 millones 833 mil pesos cuando el monto entregado a la empresa asciende a 61 millones 895 mil 989 pesos. En el caso de la remodelación de las cabañas, la SHCP emitió el 19 de diciembre de 2000 el oficio de inversión autorizando la remodelación e cabañas 1 y 2, y fue recibida el 21 de diciembre por la Presidencia. El Oficio de inversión acreditaba un gasto de 6 millones 336 mil 559 pesos por la adjudicación directa AD-269-00 y establecía que los pagos serian en los meses de marzo, abril,  mayo y julio de 2001. Sin embargo el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la presidencia de la república, presento la duplicidad en el contrato. Firmó el 15 de diciembre con el arquitecto Humberto Artigas, y el 20 de diciembre volvió  a firmar con el arquitecto por la misma obra y el mismo monto. El contrato firmado el 15 de diciembre  no cuenta con fondos autorizados por la SHCP, mientras que el contrato firmado el 20 de diciembre no cumple con la calendarización de los pagos establecidos. Inclusive se presentaron pagos a la empresa Humberto Artigas previo a la realización de contrato de la obra por 345 mil 347 peso y 349 mil pesos en las fechas 15, 18 y 19 de diciembre de 2000. El mismo día del segundo contrato, la empresa Humberto Artigas pidió un aumento en la cantidad a gastar sin haber iniciado obras. El convenio modificatorio se celebró el mismo 20 de diciembre por la cantidad de un millón 552 mil 442 pesos, y el 22 de diciembre realizó otro convenio adicional por 632 mil 545 pesos. Presidencia le entregó en convenios modificatorios 2 millones 184 mil 987 pesos a Humberto Artigas. Tanto en el contrato del 15 de diciembre y del 20 de diciembre, cuentan con un aumento de gasto superior al 25 por ciento, violentando la normatividad establecida en la ley de Obras Públicas. Las obras de remodelación de las cabañas también fueron entregadas 19 días después a lo establecido en el contrato. Y el comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Presidencia no les proporciono alguna sanción conforme al contrato. En lo que se refiere al contrato AD-009-01, de la remodelación de la Residencia Miguel Alemán, el contratista Humberto Artigas firmo el contrato el 13 de febrero de 2001, por un importe de 30 millones 88 mil 782 pesos para realizar obras del 14 de febrero al 16 de abril de 2001. Sin embargo, el 25 de enero de 2001 se efectuó el pago anticipado por un millón 700 mil pesos. El 8 de febrero se emitió por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales otro pago anticipado por 7 millones 900 mil pesos  a la empresa Humberto Artigas y Asociados, y fue cobrado por dicha empresa en BBVA el 15 de febrero de 2001. Tras una segunda búsqueda exhaustiva en sus archivos a partir del expediente, la dependencia que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval localizó los oficios que evidencian la destrucción de 50 cajas con  documentos –originales y copias- que integraban ese amplio expediente de fiscalización 2015. Según la Función Pública, se “pudo identificar que los documentos relacionados a la auditoria que se refieren   a esta nota fueron dados de baja del archivo de la institución en 2008”, (segundo año de gobierno de Felipe Calderón –PAN-). La institución encargada del combate a la corrupción refiere que al revisar sus archivos “se pudo localizar la versión digital del oficio mediante el cual la Oficialía Mayor de la Función Pública solicitó, en noviembre de 2007, al Archivo General de la Nación, la autorización para dar de baja definitiva 308 expedientes de los años 1993, 1998, 2000, y 2001 y 2015” generados por la Unidad de Auditoria Gubernamental, por haber prescrito su plazo de conservación, entre los cuales se encontraba la auditoria 2015. Se trata del oficio 510/CA/063/2007, dirigido al maestro Jorge Ruiz Dueñas, entonces director general del Archivo General de la Nación, en el que solicita autorización para “la baja definitiva de 308 expedientes (…) con un peso aproximado de 208 kilogramos, que comprenden el periodo de 1993, 1998, 2000 y 2001, correspondiente a las transferencias 1631, 2109, 2578, 2580, 2581, 2584, y 2620, los expedientes están constituidos por copias y originales, generados por la Unidad de Auditoria Gubernamental. Los expedientes de la auditoria 2015 forman parte del trámite de transferencia 2580, explica la SFP en su comunicación. Y adjunta como evidencia un archivo Excel firmado por el contador público Marcos B. González Tejeda, de la Unidad de Auditoria Gubernamental, que refiere el tamaño del expediente: 50 cajas. (Contralinea.com.mx; Jorge Baca, Jordana González, Nancy Flores).