Calderón desapareció expediente de corrupción de Fox

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Calderón desapareció expediente de corrupción de Fox

Por: Carlos Damián                                                                                 julio 16, 2019

México.-  Fue el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa el que desapareció el expediente de Vicente Fox Quesada de la auditoria en 2015, de los actos de corrupción durante la remodelación de la residencia de  Los Pinos, confirma la Secretaria de la Función Publica (SFP). Roberto Muñoz Leos, auditor a cargo, señala que el ex presidente ordeno directamente acciones anómalas. En el archivo de 365 fojas, el documento tiene tráfico de influencias y afecta la memoria histórica de México y es una violación al derecho humano a saber, señalan expertos en derecho, tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público durante la remodelación de Los Pinos. La pérdida de ese expediente Luego de 18 años, tanto Vicente Fox como su amigo Humberto Artigas y su firma de arquitectos continúan impunes. Esta última facilitoo la desviación  de recursos por cerca de 39 millones de pesos a través de la subcontratación de 10 empresas satélites para supuestamente contribuir en los trabajos de remodelación de Los Pinos. La auditoría de 2015, que extravió la Función Pública, demuestra que varias compañías eran fachadas. El comité de adquisiciones y estado mayor presidencial fueron cómplices de Fox. Se tiene a dos actores fundamentales en el primer desvío millonario de recursos públicos en el que participó Vicente Fox, durante su mandato presidencial, y fueron el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la República (CAASP) y el Estado Mayor Presidencial (EMP). Ambos adjudicaron contratos directos para la remodelación de Los Pinos al margen de leyes, para ello, apelaron el concepto de seguridad nacional, revela la auditoria 2015, que extravió la SFP. Bajo el discrecional concepto de “seguridad nacional”, el CAASP, y el EMP, junto con Vicente Fox, en una serie de irregularidades durante la remodelación de Los Pinos (residencia de Miguel Alemán, cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa),  adjudicación directa de las obras, duplicidad de contratos, subcontratación de obras, pagos anticipados injustificados, y sobrecostos fueron algunas de las anomalías en las que incurrieron, revela la auditoria 2015 que desapareció del archivo histórico de la SFP. La mano del estado mayor La obra tuvo un costo de 61 millones 895 mil 989 pesos, y fue adjudicada directamente al amigo de Fox, Humberto Artigas, a través de su empresa Humberto Artigas y Asociados, SC. Esta firma tuvo cuatro contratos con la Presidencia para esas obras. No obstante  que el CAASP,.  “justificó”, las adquisiciones directas con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, que establece, que por razones de seguridad nacional se podrán contratar de esta forma las obras y los servicios, la auditoría realizada por la entonces Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo, determinó que fueron violatorias del marco legal: la ley de obras públicas establece las adjudicaciones directas o la invitación a tres empresas y concursar, sólo se otorgará con obras menores a 5 millones de pesos. También detalló que Humberto Artigas Asociados no contaba con la capacidad técnica ni financiera, ya que tenía un valor social de 100 mil pesos y registraba plantilla de personal ante el IMSS al apoderado legal Humberto Artigas y a cuatro personas más, que cubrían funciones de vigilancia, mensajería e intendencia.  Por esa misma incapacidad, la firma de arquitectos subcontrato a las empresas: Técnica Avanzada de Promoción Inmobiliaria, SA de CV; Construcciones y Destajos Especiales, SA de CV; Alcon, SA de CV; Arquitecto Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio, SA de CV; Aurelio Rojas; Myo, SA de CV; BM Arquitectos, y GBL. Al subcontratar a las empresas, Humberto Artigas y Asociados violentó lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en la que establece que no se podrá ceder total o parcialmente los derechos y  obligaciones , que deriven de los contratos. Con ello, indico la auditoria, rompió la seguridad nacional que se buscaba para la remodelación de Los Pinos.  Ahora que si las observaciones no han sido solventadas, el castigo consistiría en inhabilitar conforme a la ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción. No obstante, esto sería inviable luego de la desaparición del documento. La complicidad del Estado Mayor presidencial Ante la ley el ex presidente Vicente Fox, fallo en sus responsabilidades como presidente, Primero, participó en la desviación de recursos millonarios, cuando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8 fracción 3 y 4, decreta que el uso de los recursos públicos se debía hacer exclusivamente para los fines etiquetados y siempre y cuando se rindiera cuentas sobre el ejercicio y la gestión pública.  Luego, utilizo su influencia para recomendar a Humberto Artigas y Asociados, faltando a la misma ley que en su fracción 13 estipula que de ninguna forma está justificado que un servidor público intervenga en la tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, absteniéndose de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúa retrase u omita realizar algún acto de su competencia. La auditoría demuestra que los subordinados coludidos con Vicente Fox para hacer posible el desvío de recursos fueron el Estado Mayor Presidencial, la Oficina Ejecutiva y la Coordinación de Adquisiciones de la Presidencia. Integrantes del Ejercito Mexicano a través del Estado Mayor Presidencial, participaron como representantes legales y testigos en las firmas de contratos, aunque su cargo no les otorgará la autoridad ni validez necesaria para firmar contratos.  Mientras que la Oficina Ejecutiva y la Coordinación de Adquisiciones de la Presidencia no emprendieron acciones para recuperar los saldos de los pagos realizados en exceso, tampoco hicieron efectivas las penas convencionales que iban desde el 0.2 al 5 por ciento del valor total de la obra no rescindieron los contratos al presentarse irregularidades en el gasto ejercido e incumplimiento de fechas. (Contralinea.com.mx; Jorge Baca, Jordana Gzz, Nancy Flores)