Mea culpa

Nacional/ política

Es preciso extirpar este mal social llamado corrupción e impunidad en la sociedad

Mea culpa presidencial

Por: Carlos Damián                                           Julio 26, 2016

Las autoridades están cobrando conciencia de que la irritación existe

México.-   La intervención del presidente Enrique Peña Nieto en el acto de promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, durante el cual pidió perdón a los ciudadanos “por el agravio y la indignación causados por la compra  de la Casa Blanca, constituye un gesto positivo en un gobierno que en lo que va de su gestión no se ha caracterizado precisamente por sus manifestaciones de ese tipo. La declaración contrasta de manera notoria  con las reacciones que desde el propio entorno presidencial surgieron a finales de 2014, que fue cuando la adquisición, el precio y las características del citado inmueble fueron públicamente conocidas, y en las cuales se mezclaban la negación, la minimización del hecho  y también el silencio. En México, el tema de la corrupción va estrechamente ligado al de la ostentación, y a la riqueza, que en un país afectado por múltiples carencias e inaceptables indicadores de pobreza  resulta doblemente ofensivo. De ahí el costo que iba a ser vivienda presidencial, su aparatosa opulencia, resultaba difícilmente compatibles  con la austeridad que debía evidenciar el jefe de una administración que en sus inicios había prometido atenuar desigualdades y terminar con privilegios. Por lo demás, que el Sr, presidente asegure comprender y sentir la irritación de los mexicanos, lo cual se evidenció en los comicios  de junio pasado donde su partido, el PRI obtuvo resultados peores de los que se esperaban. Este resultado es un saludable cambio respecto de las consideraciones que hace tres meses formuló sobre el “malhumor social”, sino parece indicar que las autoridades están cobrando conciencia de que esa irritación existe y tiene razón. Es apropiado y significativo que las expresiones presidenciales se viertan junto a un paquete de leyes anticorrupción que debería aplicarse en la realidad. Es momento de señalar que es apenas el inicio escabroso y largo camino que será preciso recorrer para reducir drásticamente, y extirpar la auténtica plaga social de la corrupción. La corrupción y la impunidad ocupa un lugar muy alto en la lista de preocupaciones que agobian al pueblo. Esto se refleja en el índice de corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional, y el país recibió una puntuación de 35 puntos en 2015. De la eficacia de los instrumentos legales que implica la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, se necesita la voluntad y decisión  para usarlo que  muestren los organismos públicos y los funcionarios encargados de su aplicación legal, y esto dependerá el éxito que se alcance en la lucha contra este pernicioso hábito. Todo esto en teoría es muy bueno pero si el ejecutivo nacional no le da medidas para darle continuidad, y que la impulsen más allá del carácter nominal y las continua observando haciendo extensiva a las estructuras gubernamentales, tanto públicas como privadas no serán una realidad plausible. Los periodistas afectados La periodista anunció que la hostigarían por parte de la Secretaría de Gobernación, por medio de la “secreta” -agencia de investigación de la SG para hostigar a los periodistas y opositores políticos- , días antes de la pronunciación del discurso del perdón, por lo que se han intensificado la presentación de demandas judiciales en su contra, relacionadas con la obra “Casa Blanca”.  No es un dato menor que la escalada de agresión coincida con el anuncio de que su equipo está por iniciar un proyecto de periodismo a través de Internet. Ante estos hechos, el discurso del perdón es una treta preventiva del gabinete presidencial, una taimada fórmula de auto-exculpación anticipada. En este contexto, el hecho habría consistido en permitir jamás hubo una genuina aceptación de ilegalidades en el proceso de adquisición y construcción en el tráfico de influencias, sino una referencia en tono menor, justificante, pues el “error” del ex gobernador del Estado de México habría consistido en permitir que se produjera la “percepción” equivocada de algo que, aseguró, había estado apegado a la ley.  En cuanto a la periodista Aristegui acumula demandas legales, en un video: (https://goo.g1/mfaV0g),  se pretende que sea retirado el libro de la Casa Blanca, que escribieron: Irving Huerta, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, y que se vuelva a imprimir sin el prólogo (http://goo.g1/qnTZ0v), y deje de comentarse en conferencias, medios y otras formas de divulgación. El proceso judicial en contra de la editorial Random House Monadadori, y del grupo de periodistas, rechazan la censura del gabinete presidencial donde se exige una compensación económica, por un monto escandaloso, por daño moral. En la estantería del poder es normal que a los periodistas críticos se les envuelva en litigios costosos, amenacen su patrimonio personal, o en su caso desaparecen los trabajos por medio del asesinato de estos investigadores comprometidos socialmente. Este tipo de agresiones en curso le suceden al escritor Sergio Aguayo, bajo demanda de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, a causa de un escrito en el que habló del hedor de impunidad y corrupción. Demanda en la que se involucra a Jesús Ortega Martínez (PRD), la periodista Sanjuana Martínez, con una sentencia en contra, en proceso de revisión, y al perder el recurso legal, ya se maneja un monto de pago, y en caso de no pagar se determina el embargo. Al respecto, Rogelio Hernández López, periodista que se ha especializado en la organización y defensa del gremio de periodistas, escribió: amedrantar con la aplicación de la ley para silenciar a un periodista. Si prende esa demanda –en contra de Aguayo-  será por fuerzas extralegales y el mensaje cundirá por todas partes de México. Si lo acallan a él, será más fácil con otros menos fuertes. El caso es rodeado por la atmósfera nacional de agravios contra periodistas mexicanos, para silenciar”.  En esta circunstancia, “son demasiados los indicadores: amenazas directas o indirectas, presión a sus empleadores, agresiones verbales, y físicas, o asesinatos. Hasta ahora, el tipo de agresión menos usada por políticos y particulares es la presión jurídica. Pero se han creado más restricciones y sombra que amenazan a la libertad de expresión. En estos tiempos de cambios los códigos civiles se han modificado para que los ciudadanos se defiendan  del periodismo mal ejercido, pero ya hay normas y reglas para restringir el libre flujo de ideas y opiniones”. (http://goo.g1/DjkIXc). Cajón de sastre Por otra parte, la CNTE se queja que el gobierno federal financia “grupos de choque” para “reprimir el movimiento magisterial. Sin embargo a las invitaciones al doble discurso que maneja la administración federal para reprimir y enfadar a los maestros. El magisterio disidente reiteró que el gobierno federal va en un carril con doble sentido pero el magisterio disidente dejó de manifiesto tres puntos para dejar en claro cómo llegar a acuerdos.  Adelfo Alejandro Gómez, dirigente del grupo de Chiapas, aseguró  que el gobierno federal utiliza paramilitares  que “hoy están accionando, pretendiendo con ello dar a conocer que la sociedad ya no nos da su respaldo; (eso) es falso. (La Jornada, política, p.p. 2-8, Julio 19, 2016).