Cemeí Verdía

Nacional

A Verdía se le acusa de portar armas ilegales, pero el gobierno estatal las proporcionó

Cemeí Verdía

Por: Carlos Damián                                             21 de Agosto, 2015

Los militares disparan a civiles, no al aire: comuneros de Ostula, Michoacán

México. -  Pobladores de la comunidad de Santa María Ostula municipio de Aquila, Michoacán, rechazaron la versión oficial de que los elementos militares tiraron al aire, en un intento de dispersar a la población que se manifestaba: “tiraron para que la gente se quitara, dispararon contra los civiles, indefensos”. Afirmaron que la detención de Cemeí Verdía Zepeda (CVZ), coordinador de grupos indígenas de autodefensa de la región, acusado por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, fue una “traición” a la policía comunitaria pues venían trabajando con el gobierno estatal, además de que su comandante acudió bajo engaños al sitio donde fue detenido. Los comuneros entregaron fotocopias de acuerdos suscritos por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, derivadas de reuniones de trabajo, en el que incluso se aprueban 50 plazas para les fueron proporcionadas por las mismas autoridades estatales, la Fuerza Rural en el municipio de Aquila. Argumentaron que las armas en su posesión, y que son el “pretexto” para la aprehensión de su comandante Verdía (CVZ), percibía un salario por ese trabajo al frente del grupo de defensa de la comunidad indígena, ya que “tiene sus talones de pago en orden”, indicaron. En conferencia de prensa, en que relataron los hechos ocurridos  el pasado domingo 19 de julio, donde un niño de 12 años murió   por el impacto de una bala en la cabeza y otras cuatro personas, entre ellas una niña de 6 años, resultaron heridas, Agustín Vera, vocero y jefe de tenencia, y Ezequiel Celestino, de la comisión de vigilancia, señalaron que todo indica que hay una “complicidad” entre los elementos del ejército y la Policía Federal con jefes del grupo criminal Los caballeros templarios en los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana y Coalcomán, para atacar y agredir a la población de esta región. Insistieron que los únicos disparos realizados ese domingo fueron hechos por los elementos militares y de las fuerzas federales que llegaron a la zona para detener al comandante Verdía. Relataron que a las 5 de la tarde de ese domingo fatídico, tras la detención del comandante Verdía elementos de la Marina y policías estatales y federales,  a quienes se incorporaron los soldados del 86 batallón, atacaron con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos los retenes instalados por los comuneros indígenas. La comunidad indígena de Ostula, Michoacán, demandó la libertad “inmediata e incondicional” del comandante Verdía (CVZ) preso en el penal de Mil Cumbres en Morelia, desde el pasado 29 de julio, y el “retiro de los cargos falsos que se le imputan”. En un comunicado plantearon esa y otras seis exigencias a las autoridades estatales y federales, a las que responsabilizaron de “cualquier atropello, detenciones, desapariciones, secuestros y violaciones a nuestros derechos como pueblo originario de Santa María Ostula”. Demandaron que se castigue a los mandos e integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Hidilberto Reyes García, hirieron y golpearon a comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, el pasado 19 de julio. Exigen reparación de los daños y bienes de la comunidad y devolución de los siguientes artículos: cuatro radios de comunicación y el sello de identificaciones del consejo de vigilancia. También la presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de comuneros de Ostula durante los recientes cuatro años que ha quedado impune. La quinta exigencia es el respeto, reconocimiento y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán, ya que son los verdaderos guardianes de los pueblos originarios. La sexta es el rechazo a los proyectos turísticos y mineros que pretenden destruir y saquear los recursos minerales y la privatización de playas en ese territorio nahua. “Alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo nahua”, dice la última exigencia. En tanto comuneros nahuas de Pomaro y El Coire, simpatizantes del PRI y antagonistas con la labor que realizaba el líder del grupo de autodefensa del municipio de Aquila, Cemeí Verdía, acordaron con el gobierno del estado que la Policía Federal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargarán de la seguridad de ambos pueblos en ese ayuntamiento. Los comuneros afiliados al PRI rechazaron al alcalde electo del PRD José Luis Arteaga Olivares, con el argumento de que debido a que “gente” de Cemeí Verdía “quemó” varias urnas electorales el 7 de julio pasado, los resultados fueron negativos para el tricolor en el poder. Nestora Salgado  libre Dos años después de su “injusto e ilegal” encarcelamiento, Nestora Salgado (NS) líder de la policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero dijo estar convencida de que la presión que organizaciones nacionales e internacionales ejercen contra el gobierno federal y estatal de Guerrero es esencial para para obtener su libertad y la de los demás policías comunitarios detenidos junto con ella, en medio de un proceso abiertamente violatorio de la ley y de sus derechos humanos. En un mensaje enviado desde la Torre Médica del penal de Tepepan, la comandante agradeció el apoyo recibido en este largo período de prisión, además, llamó a no perder el ánimo, mantener la unidad y seguir en la lucha en defensa del pueblo. “A mí me apresaron por detener delincuentes y han sido crueles  conmigo. Pero yo le pregunto al gobierno por qué no los detienen a esos criminales que tanto daño han hecho, a los que en verdad secuestran, violan, extorsionan y matan a nuestra gente. Por qué no hay respuesta ni justicia para que las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ni para las familias de miles de personas desaparecidas en el país”. En conferencia de prensa, representantes de diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, así como los abogados  que llevan el caso, reiteraron su solidaridad con la líder comunitaria y denunciaron su injusto e ilegal encarcelamiento, a pesar de que ya fue exculpada por la justicia federal y de que las presuntas víctimas de los delitos de secuestro agravado que se le imputan jamás se han presentado ante la autoridad judicial a ratificar sus denuncias. Alejandro Gonza, abogada y representante de Nestora Salgado en Estados Unidos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que esta ausencia de las presuntas víctimas en cualquier otro país hubiera causado la caída de los cargos, y con ella la inmediata libertad de la acusada. Sin embargo en este caso queda evidenciado que en México el sistema penal y de justicia tiene un uso político. “Es un asunto bastante vergonzoso, ya que tiene todos los elementos jurídicos que tiene a Salgado (NS) en prisión, y están viciados desde el principio”, subrayó la abogada. Atziri Ávila leyó el posicionamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México en México, en el que además de la liberación inmediata e incondicional de la líder comunitaria y reparación del daño causado, exige el cese del “uso político” del sistema penal mexicano para criminalizar a los dirigentes sociales. Asimismo demanda la liberación de los otros siete policías comunitarios de Olinalá, Ayutla, y Zitlatlepec encarcelado junto con la comandante NS, a quienes también les fincaron diversos delitos “inventados”.  También se informó sobre una serie de acciones para exigir la liberación de los demás policías comunitarios, entre el 22  de agosto y 5 de septiembre. (La Jornada, política, p.p. 6-7, Julio 22, 2015).