Silencio es complicidad

Nacional/ política

Javier Corral fue informado de la intimidación y dijo que indagaría mediante un edil

Silencio es complicidad

Por: Carlos Damián                                           Marzo 29, 2018

El presidente municipal de Chínipas presionó a la periodista para revelar sus fuentes

México. –   Este jueves 23 de marzo la corresponsal en la capital del estado de Chihuahua. Miroslava Breach Velducea (MB), fue arteramente asesinada por un hombre armado el criminal le disparó ocho balas calibre 9 milímetros cuando la periodista salía de su casa. La periodista tenía más de 20 años de trabajar en La Jornada. Antes había colaborado en el Diario de Chihuahua y en el Norte de Ciudad Juárez. Las amenazas en contra de Miroslava Breach estaban a la orden del día, mencionando en sus investigaciones la intromisión del crimen organizado, y los narcotraficantes se encontraban atrás de postulación de candidatos a elección popular. Uno de los testigos del PAN, sostuvo el alcalde del PAN en Chínipas (2016), vinculado con la delincuencia organizada, Hugo Schultz es señalado como emisario para golpear, asesinar a periodistas y candidatos. “Aproximadamente a principios de mayo  de 2016, el secretario general del PAN, José Luévano Rodríguez, quien es ahora el secretario particular de Javier Corral, me dio instrucciones, de que atendiera a Hugo Schultz, y viera de qué forma podría ayudarlo”. El aun vocero del PAN refirió en su testimonio que Schultz “manifestó que individuos vinculados a la delincuencia organizada, a través de su director de Seguridad Pública, le habían advertido que si no demostraba que ellos no filtraron la información a MB, los iban a chingar (dañar)”.    Luis Raúl González Pérez (LGP), titular de la Comisión de los Derechos Humanos, al rendir el informe de labores de 2017, señaló ante el presidente Peña Nieto, que su presidencia está marcada por graves violaciones a las garantías fundamentales, y mencionó: episodios de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, y Nochixtlán, y dijo que: “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos: tampoco se ha logrado  fortalecer sustantivamente  nuestro estado democrático de derecho, no se ha modificado positivamente el entorno que, cuando inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanos, caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza. Enseguida el ombudsman criticó la estrategia de seguridad publica vigente de hace once años, y aunque reconoció que se han establecido marcos normativos como las leyes contra la tortura y sobre desaparición de personas, destacó la necesidad de aplicarlas y de destinar presupuesto para asegurar su cumplimiento. Piñera Guevara dijo a las autoridades que él decidió enviar las conversaciones a Schultz y puntualizó: “cabe resaltar  que de ninguna forma identificaba en esos momentos que Hugo Schultz  pudiera llegar a estar involucrado con delincuentes, y mucho menos que pudiera utilizar la información de forma inapropiada”. En la publicación Norte Digital del 25 de noviembre, en la comuna Don Mirone, que escribía MB, ella señaló: “el ex alcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló, y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la alcaldía. Solo cuando los medios electrónicos hicieron publica tal despropósito, la dirigencia estatal del PRI sustituyó esa candidatura junto con la Namiquipa.” Hugo Ahmed Schultz, fue encargado de la ejecución de programas educativos en la sierra de Chihuahua durante el gobierno de Corral, hasta noviembre de 2017, aunque MB escribió el 25 de noviembre de 2016 que los errores “del ex alcalde serrano que ahora quiere convertirse en funcionario estatal son más graves. Tuvo como director de la policía municipal todo su trienio a Martin Ramírez, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano”. (La Jornada, Gustavo Castillo). Autoridades descartan intervención del crimen organizado El asesinato de Carlos Domínguez, por su trabajo periodístico afirma la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, y la PGJ de Tamaulipas, descartaron la intervención  del crimen organizado en el crimen del reportero Carlos Domínguez Rodríguez, y se debió a su trabajo periodístico. Acompañado por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Feadle, el procurador estatal, Irving Barrios Mojica, informo de la detención de seis personas involucradas en el crimen, entre ellas tres reporteros y el sobrino del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Quienes participaron del homicidio son: David N, y Adrián N, quienes habrían participado como autores materiales del homicidio. Y los cuatro restantes, Gabriel N, Luis Ignacio N, Juan Jesús N, y Rodolfo Jorge Alfredo N –sobrino de Cantú Rosas- habrían participado en la planeación del homicidio. Además criticó que, “la violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable”, y lamentó que las recomendaciones por su parte han tenido muy poca respuesta a quien van dirigidas, y solo una de ellas ha sido cumplida en su totalidad. También exhortó a Peña Nieto, a ofrecer una “señal positiva y coherente de responsabilidad y compromiso con los derechos humanos” y a que antes de concluir este sexenio se dé cumplimiento a las recomendaciones y propuestas referidas, llamado que extendió a los gobiernos estatales”. En contraste a lo expresado por LGP, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN), aseguró que su gobierno ha tenido “absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento” a las recomendaciones de esa institución, y adujo que ha habido avances  en materia de derechos humanos, particularmente en la construcción de marcos legales adecuados e “instituciones sólidas” como los centros de justicia para las mujeres y el Sistema de Protección Integral para niños, y adolescentes. En un acto distinto, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, afirmó que esa dependencia, “no ha tolerado ni tolerará nunca la tortura”, un aserto que choca con los recientes señalamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el sentido de que en el curso de la investigación por la agresión criminal de policías y delincuentes contra estudiantes normalistas perpetrada en Iguala se recurrió al martirio casi sistemático de los detenidos a fin de arrancarles confesiones al gusto  de las autoridades. Basta reconocer la crisis humanitaria De parte del gobierno federal es inevitable percibir, en los actos y la retórica usada, una clara renuencia a admitir que el país atraviesa por una crisis de graves proporciones por la poca observancia consuetudinaria de las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política, que para superarla se debe empezar a reconocerla y que las incesantes modificaciones legales en esta materia no pueden reemplazar la voluntad política de hacer cumplir la ley y combatir la impunidad entre los servidores públicos. Por otra parte se nota que en este sexenio, se registran casi a diario retrocesos en el ámbito de los derechos humanos, incluso en la materia legislativa, y la aprobación de la impugnada Ley de Seguridad Interior es un claro ejemplo de ello: ya se ha señalado inclusive que esta legislación abre un injustificable margen a la violación de las garantías fundamentales e individuales. Y en este entorno tenemos que buscar la responsabilidad de las violaciones en las fuerzas armadas, y dirigir la atención  a las autoridades civiles que redactaron, aprobaron y promulgaron esta ley obscura, porque como señaló en estas líneas, general Salvador Cienfuegos, ministro de la Defensa Nacional, ellos pidieron un marco legal para actuar y no fue esta ley agresiva a la población civil que solicitaron. (La Jornada, política, p.p. 2- 18, marzo 29, 2017).